BARCELONA, España.- La región española de Cataluña busca su independencia como nación única, para ello Legisladores iniciaron un proceso de referéndum con el que prevén celebrar una votación el 1 de octubre y declarar la secesión inmediatamente en caso de victoria.

Esta consulta fue prohibida por el Tribunal Constitucional y confrontada por el gobierno español de Mariano Rajoy. Aun así, su viabilidad es todavía una incógnita.

¿CUÁNDO INICIARÁ TODO?

A principios de junio, el presidente catalán Carles Puigdemont anunció el 1 de octubre como la fecha del referéndum prometido meses antes.

La pregunta será «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?» y los electores deberán responder «sí» o «no».

Podrán votar los ciudadanos españoles mayores de 18 años residentes en la región y aquellos residentes en el extranjero cuya última residencia en España fuera en Cataluña.

¿QUÉ SE NECESITA PARA LA INDEPENDENCIA?

Aún no establecen un mínimo de participación para considerar válido el resultado, se apegan al código de buenas prácticas sobre referendos del Consejo de Europa, que recomienda no estipular una participación mínima para no asemejar la abstención al voto contrario.

Sin embargo, este código también establece que ambas opciones deben tener una alta participación, especialmente de los contrarios a la independencia, lo que será clave para la legitimidad del resultado.

Según esta ley, en caso de victoria independentista, el parlamento regional de Cataluña declarará la secesión en menos de dos días e iniciará el proceso para constituir una república en esta región. Si ganase el «no», deberían convocarse unas nuevas elecciones regionales.

¿SERÁ LEGAL?

La Constitución y el Tribunal Constitucional prohíben explícitamente la celebración de un referéndum de autodeterminación en una región española, argumentando que esta decisión corresponde al conjunto del país.

Con la ley del referéndum, los independentistas aseguran establecer un «régimen jurídico excepcional» por el que el resto de leyes en vigor se someterán a esta hasta la celebración del sufragio. Esto no evitará la probable suspensión judicial del texto.

El gobierno debe implicarse creando el censo y las circunscripciones electorales, buscando observadores internacionales y seleccionando por sorteo los ciudadanos que, según esta ley, estarán obligados a colaborar en las mesas de votación.

También debe crearse una autoridad electoral encargada de supervisar la votación, garantizar la neutralidad institucional y la pluralidad de la campaña y certificar la validez de los resultados.

LA RESPUESTA DE ESPAÑA:

Hasta el momento, la respuesta a las iniciativas independentistas fue principalmente judicial, ya sea con suspensiones del Tribunal Constitucional a las leyes promulgadas o querellas por desobediencia de la fiscalía contra sus líderes.

Hasta el momento, el ejecutivo de Mariano Rajoy esconde sus cartas pero si la presión judicial no surte efecto, dispone de herramientas para suspender temporalmente las competencias del gobierno catalán y evitar la votación.

Con información de AFP.
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