El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la ley que da amnistía a jóvenes que participaron en marchas y manifestaciones en la Ciudad de México del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015.

La medida beneficiará a más de 500 personas, de las cuales tres que permanecen en la cárcel serán liberadas. Los beneficios no serán para quienes se les imputan delitos patrimoniales en bienes de dominio público o privado.

En una segunda sesión, pues la primera se suspendió por falta de quórum en virtud de que los diputados de Morena abandonaron el salón de plenos en protesta porque supuestamente se excluyó el tema de la orden del día, por unanimidad se aprobó la ley que extingue la pretensión punitiva para esas personas.

Al presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la diputada Beatriz Olivares detalló que 512 personas fueron detenidas en ese lapso, de las cuales 96 aún enfrentan proceso penal.

De esta manera, dijo, quedarán libres de la acción penal quienes fueron acusados por los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje, sedición y delitos subsecuentes por su participación o presencia en esos eventos masivos durante el periodo señalado.

La ley, que aún deberá ser decretada por el Jefe de Gobierno, establece que los jueces deberán sobreseer los juicios en contra de los acusados por esos motivos y dejar en libertad a quienes aún permanecen recluidos por los mismos.

Asimismo, se cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes y borrarán los antecedentes penales de los acusados, mientras que la procuraduría capitalina cuidará la aplicación de la ley y protegerá a quienes cumplan los parámetros de beneficio.

Ante familiares y abogados de los acusados, de los cuales la mayoría enfrenta proceso penal en libertad, la legisladora explicó que quedarán excluidos de los beneficios de la legislación de amnistía a quienes se les imputan delitos patrimoniales en bienes de dominio público o privado.

Detalló que para efectos de la ley los detenidos de manera arbitraria durante manifestaciones, marchas, protestas u otra movilizaciones para reclamo social son consideradas víctimas que han sufrido daño o menoscabo físico, económico, mental, emocional por ese motivo.

La aprobación de la ley generó un diferendo entre los legisladores de Morena y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues los morenistas acusaron a los perredistas de eliminar el punto de la orden del día e incluso de pretender que se continúe criminalizando a los jóvenes en la ciudad.

Así, una primera sesión convocada para las 9:00 horas, y como ha ocurrido en las últimas semanas, inició con dos horas de retraso y con una asistencia de 46 de los 66 diputados se decretó un receso.

Sin embargo, luego de que se regresó a la sesión, ya no se logró completar el quórum, pues sólo había 26 legisladores, cuando la norma establece que debe haber un mínimo de 34 y se citó a una segunda sesión a las 13:00 horas.

En el inter, el líder de la bancada de Morena, César Cravioto, acusó al PRD de pretender mantener congelado el dictamen, cuya iniciativa data de más de dos años atrás, lo mismo que posponer la elección de tres integrantes honorarios del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos local.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Leonel Luna, argumentó que sólo se cambió el lugar del punto de la orden del día como una facultad que tiene el presidente de la Mesa Directiva y acusó a Morena de politizar el asunto.

Al respecto el vicecoordinador del PRD y presidente de ese partido a nivel local, Raúl Flores, adelantó que se investigará por qué se circuló entre los diputados una orden del día que excluía el tema.

Con información de Notimex.

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