• Presiones religiosas logran complicar la decisión de legalizar el aborto en Argentina, con argumentos exagerados y falsos, frenan legalización mientras miles de mujeres mueren cada año por practicarse abortos en condiciones insalubres, todo por el miedo a ser señaladas por un supuesto delito

Las presiones religiosas lograron complicar la posibilidad de legalizar el aborto en Argentina debido a que, en vísperas del debate en el Senado, una mayoría de legisladores rechazó el proyecto.

De los 72 senadores que integran la Cámara Alta, 37 ya anunciaron que votarán en contra y sólo 31 están a favor, a los que se suman tres indecisos y una legisladora que no votará porque está de licencia.

El proyecto de ley, que fue aprobado el 13 de junio en la Cámara de Diputados y debe ser ratificado o rechazado en el Senado, legaliza el aborto hasta la semana 14 sin restricciones, o después de ese lapso sólo si está en riesgo la vida del feto o de la madre.

A pesar de que por ahora el escenario es adverso, las activistas por la legalización confían en que la masiva movilización que se realizará el próximo miércoles, cuando se realice la sesión especial en el Senado, pueda modificar la posición de algunos legisladores.

Sin embargo, en las últimas semanas fue evidente el incremento de las presiones y amenazas de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos a los senadores y las agresiones físicas a las feministas en lugares públicos.

El proyecto tuvo en esta etapa más complicaciones que en la Cámara de Diputados, sobre todo porque la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien a su vez ejerce como presidenta del Senado, es una ferviente católica que militó en contra de la legalización.

La vicepresidenta, quien dijo que todas las mujeres deberían parir, incluso las niñas embarazadas después de una violación, obstaculizó desde el principio el tratamiento parlamentario de la iniciativa al intentar, sin éxito, que fuera discutida por la Comisión de Presupuesto.

Dicho grupo de trabajo está encabezado por Esteban Bullrich, su compañero de partido y exministro de Educación, que garantizaba el rechazo del proyecto porque también es católico, e incluso le escribió un poema a un feto.

En las regiones más conservadores de Argentina, en donde se registran mayores tasas de embarazo adolescente, los religiosos se impusieron y lograron, por ejemplo, que Tucumán se declarara «provincia provida».

En La Rioja, el gobierno decretó asueto en favor de trabajadores estatales para que fueran a una marcha «provida». También se les trasladó gratuitamente, con cargo al presupuesto público.

Las protestas de los grupos católicos llegaron hasta la residencia del presidente Mauricio Macri y tuvieron su punto culminante el sábado con una masiva marcha en Buenos Aires, a la que vinieron miles de evangélicos del resto del país.

También se espera una multitud en la «misa por la vida» que el cardenal Mario Poli encabezará el próximo miércoles en la Catedral, mientras los senadores estén sesionando.

Médicos y activistas católicos también presionaron durante las audiencias en las que, frente a los senadores, aseguraron que «el embrión es persona y tiene domicilio en el vientre de la madre», y que «la licencia por maternidad viene en la Biblia».

Una de las declaraciones más graves fue la de un doctor que asesora al gobierno de Macri y que aseguró que el condón no previene el VIH, mientras que otro «especialista» afirmó que «las mujeres suelen suicidarse el día en que hubiera nacido el hijo que abortaron».

Los conservadores intentaron impedir que expusiera el ministro de Salud, Alfredo Rubisntein, quien expuso con base en datos y en la ciencia, no en sus creencias, por qué es necesaria la legalización del aborto.

Además, entre los senadores que anunciaron voto en contra por meros motivos religiosos están Carlos Menem, un expresidente que llevó a su exmujer a abortar clandestinamente, así como Silvina García Larraburu e Inés Blas, presidentas de las Comisiones de Ciencia y de la Mujer, respectivamente.

Información e imagen: Notimex

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