* En 73 convenios con ocho instituciones públicas de educación superior hubo un desvío por siete mil 667 millones de pesos

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que dio inicio a tres investigaciones en materia de evolución patrimonial.

Ello servirá para detectar y documentar probables inconsistencias en los bienes de tres servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los funcionarios presuntamente están involucrados en la celebración de contratos de prestación de servicios y que pudieran resultar de conductas irregulares, como enriquecimiento ilícito.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que se confirma que los tres funcionarios participaron como firmantes responsables de 25 convenios de Pemex.

Los contratos se celebraron con instituciones públicas de educación superior en el periodo de 2012 y 2018.

Las tres personas son:

• Miguel Ángel Lozada Aguilar que entre 2013 y 2014 se desempeñó como administrador del activo de producción Cantarell y actual director de Pemex Producción y Exploración
• Héctor Salvador Salgado Castro, en 2013 y 2014 fue gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel y actual subdirector y coordinador operativo y comercial de Pemex Producción y Exploración.
• Luis Galván Arcos que entre 2013 y 2014 fue gerente de suministros y servicios administrativos de regiones marinas y actual gerente de operación y control financiero de procesos industriales y logística

Los delitos son diversos y las sanciones son desde las inhabilitaciones hasta el cese, así como dar vista a la Fiscalía General para que actúe la justicia penal.

El convenio con la Universidad Popular de la Chontalpa

Explicó que el convenio para la prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción a través de Lozada Aguilar con la Universidad Popular de la Chontalpa tuvo por objeto realizar servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste.

Asimismo, Pemex tenía autorizado ejercer 140 millones de pesos y el mínimo de 91 millones 956 mil 885 pesos del 3 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.

Sin embargo, el costo real de este contrato, rebasó el límite permitido y equivalió a un total de 145 millones 841 mil 041 pesos.

La Auditoría Superior de la Federación comprobó que esa universidad carecía de capacidad técnico, material y humana para prestar los servicios establecidos en el convenio.

Subcontrató a terceros que a su vez contrataron otros servicios.

El convenio con Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Otro de los convenios de prestación de servicios es el que se celebró por medio de Salgado Castro con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.

El convenio era para realizar servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de exploración y producción.

Para ello, se estableció un monto máximo de 80 millones y un mínimo de 32 millones para un periodo comprendido entre el 22 de abril al 17 de diciembre de 2013.

Sin embargo, el costo real de este convenio rebasó el límite máximo al representar un total de 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicios.

El convenio establecía que el Instituto Tecnológico se comprometía a no subcontratar servicios porque contaba con la capacidad legal y técnica

Sin embargo, ésta contrató a diversas empresas y el porcentaje global de la subcontratación realizada correspondió a 93 por ciento de los servicios.

“La violación a la cláusula correspondiente a la subcontratación era una causal de rescisión de los convenios, el firmante responsable del convenio referido por parte de Pemex Exploración y Producción abdicó el ejercicio de estos derechos estipulados en los contratos”.

Asimismo, comentó que se observó que los cheques emitidos por cuatro empresas subcontratadas fueron cobrados por una misma persona física sin que acreditara cuál era su participación dentro de estas empresas.

La titular de la SFP abundó que los convenios firmados por Aguilar, Salgado Castro y Galván Arcos contravinieron la Ley de Petróleos Mexicanos, al permitir la subcontratación, elevar precios y no asegurar las mejores condiciones para el Estado.

El total desviado

Comentó que en la revisión de las cuentas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación, señaló en su muestra de 73 convenios con ocho instituciones públicas de educación superior hubo un desvío por siete mil 667 millones de pesos.

Asimismo, se presume que el daño al patrimonio público y el cargo al erario puede ser más importante toda vez que la revisión se concentró en 6.4 del monto posible a ser fiscalizado en los convenios de Pemex con instituciones de educación pública.

Abundó que entre las empresas que se beneficiaron de estos cuantiosos recursos están algunas donde los propios servidores públicos o personas cercanos a ellos eran socios directos.

También se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de los trabajos.

La investigación

Sandoval precisó que a partir de los resultados de las investigaciones patrimoniales se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que en su caso correspondan.

Indicó que existen cuatro investigaciones en la Unidad de Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción que fueron archivadas por falta de elementos en 2014, 2015 y 2016 en las que pudieron existir irregularidades y omisiones por parte de la autoridad investigadora.

Función Pública realizará auditorías aleatorias sobre otros convenios con características similares en el periodo de estudio dentro de Pemex Exploración y Producción y de otras filiales de Pemex.

Con ello se identificarán posibles casos adicionales de corrupción.

Información e imagen: Notimex

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