* Evelyn fue puesta en libertad después de permanecer 33 meses en la cárcel acusada de homicidio por parir a su bebé muerto
Un tribunal de El Salvador liberó este viernes a Evelyn Hernández, una mujer acusada de homicidio agravado.
La Corte Suprema de Justicia anuló su sentencia a 30 años que le habían dado tras parir en su casa a un bebé presuntamente muerto.
Después de permanecer 33 meses en la Cárcel de Mujeres, en la periferia este de San Salvador, salió la mañana de este viernes.
La mujer se reencontró con sus padres y un hermano.
Sus familiares la trasladaron a su residencia en una comunidad enclavada en un área rural vecina a Cojutepeque.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque resolvió que Hernández «sea procesada en libertad».
La audiencia de sentencia está programada para el 4 de abril.
Un nuevo juez dirimirá su caso, declaró a la AFP la abogada del equipo jurídico que la defiende, Angélica Rivas.
«Estamos muy felices porque Evelyn está en libertad y comparte con su familia la alegría de volver a casa», exclamó Rivas.
Embarazo por violación
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE) recordó que Hernández ignoraba que estaba embarazada.
Ella tuvo un «parto precipitado y extrahospitalario» en una letrina el 6 de abril de 2016.
En un primer momento del proceso se informó que su embarazo fue producto de una violación o una relación forzada.
Ahora la liberada y sus abogadas defensoras se abstienen de hablar de las circunstancias, pues la zona de donde procede Hernández está bajo la influencia de las pandillas.
Al ser ingresada al hospital de Cojutepeque, la Fiscalía la detuvo acusada de «homicidio agravado».
El análisis del Instituto de Medicina Legal no es concluyente sobre lo ocurrido en el parto.
Sin embargo, la defensa está convencida de que el niño nació muerto.
Se cree que aspiró «meconio», el primer excremento que al ser expulsado dentro del vientre causa daño al bebé.
La abogada Rivas dijo que continuarán trabajando en la defensa de su caso.
«No se respetan los derechos humanos y es ejemplo de vergüenza internacional porque exhibe al país como un antimodelo, que criminaliza injustamente a mujeres que enfrentan emergencias obstétricas».
Abogados satisfechos
Berta Deleón, otra de las abogadas que defiende a Evelyn, se declaró «satisfecha».
Aseguró que la detención de la joven era «ilegal», pues excedió los 24 meses de detención provisional.
La Agrupación Ciudadana espera que la duda razonable que prevalece en el caso de Evelyn la considere el nuevo juez, ya que «no existe evidencia científica que la incrimine o confirme dolo».
El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como «homicidio agravado», un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
El Salvador tiene una veintena de mujeres encarceladas por abortos.
Muchas de las acusadas sufrieron emergencias obstétricas y al buscar asistencia en hospitales públicos las denunciaron.
En El Salvador existe una severa legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.
Desde 2016, se encuentra estancada en el Congreso salvadoreño una propuesta para despenalizar el aborto.
Será en casos de violación, cuando se ponga en riesgo la vida de la madre o del feto.
Doble víctima
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) consideró que Evelyn es «doble víctima».
Además de sufrir la pérdida de su bebé, enfrentó una acusación criminal.
«Si la prueba es que el niño aspiró meconio en el claustro materno, eso significa que el niño nació muerto, y nunca medió la voluntad de Evelyn de querer asesinar a su recién nacido y por lo tanto está siendo revictimizada», declaró a la AFP el abogado de Fespad, Omar Flores.
Para el coordinador de la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDHH) Miguel Montenegro es «seguro» que Hernández recobrará su libertad en la próxima audiencia de abril.
«Una vez solvente con éxito el proceso judicial, Evelyn podrá presentar una contrademanda contra el Estado porque violó su derecho a la libertad con un gran impacto emocional», resume Montenegro.
La Agrupación Ciudadana estima que el caso establece «un precedente importante».
Esto sirve como ejemplo al país para «no criminalizar mujeres sin prueba».
«Creemos que es un paso pequeño pero importante en garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia porque se anuló el juicio anterior», declaró a la AFP Alberto Romero, de ACDATEE.
Información e imagen: AFP
