“El poder sin el abuso pierde su encanto”: Paul Ambroise Valery.
Parecieron muy simpáticas las expresiones de Andrés Manuel López Obrador, al referirse al nerviosismo de los políticos a quienes cataloga “la mafia del poder”. Su mejor carta fue, al inicio de la semana, compararlo con Donald Trump. A partir de ayer se volvió a comprobar el tabasqueño tiene información de primerísima mano. Tanto el líder nacional del PAN, el jovenazo Ricardo Anaya, como el del tricolor, Enrique Ochoa Reza se han dado el tiempo suficiente para ordenar, revisar, leer, releer, agendar, prepararse para la lectura, para el maquillaje, para la grabación de anuncios en los cuales se van directo en contra del dirigente de Morena y dos veces candidato presidencial. Ese y no otro es el temor, pero también es el tamaño adquirido por quien aspira por tercera ocasión a ser el abanderado y, ahora sí, derrotar a la manipulación y al fraude electoral.
No encontraron mejor forma de utilizar sus tiempos en los medios electrónicos de comunicación ni de gastar los recursos entregados por el gobierno a sus respectivos partidos que denostar la figura del tabasqueño. Seguramente los seguidores de AMLO y sus aliados de siempre deben estar muy agradecidos. Ahora más que nunca resalta la forma en la cual ha sido víctima el ex candidato presidencial, de quienes integran la dupla de organizaciones a través de las cuales se han implantado reformas cuya búsqueda de cambio resultó cierta en una indiscutible reversa y pérdida de prestaciones laborales, así como de alteraciones presupuestales peligrosas para el orden social, sin por ello dejar de lado los endeudamientos y remates de áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de éste y de cualquier otro país del mundo.
Se saben, tanto el PRI como el PAN, en franca y abierta desventaja frente a Morena y su máximo representante, merced a los actos de gran corrupción ejecutados por quienes han tenido acceso al poder, acción imposible de comprobar en los bienes e ingresos del tabasqueño y no por la presencia de prestanombres o el manejo de los papeleos, sino por la conducción personal. Y si bien los líderes partidistas ya sienten terror ante la ausencia de posibles abanderados alejados totalmente de los señalamientos sobre corrupción e impunidad, el inquilino de Los Pinos, como dice el refrán, “no canta mal las rancheras”, y de ahí sus determinaciones en cuanto a permanecer protegido por lo menos los próximos nueve años, justo el tiempo de conclusión de una Fiscalía creada a modo y cuyo nacimiento obedecía a otras conductas, fines, objetivos.
De esta forma y a pesar de lograrse amplia mayoría en el Senado de la República para respaldar y ratificar los nombramientos de Raúl Cervantes como procurador general de la República, y de Arely Gómez González como titular de la Secretaría de la Función Pública, en el Congreso de la Unión y en diversos sectores de la sociedad mexicana la jugada política del presidente Enrique Peña Nieto fue evidente y orientada a cubrirle las espaldas a la actual clase gobernante y una apuesta a la prescripción de los delitos y al imperio de la impunidad. Incluso la ONG México Unido Contra la Delincuencia reprochó: “Sr. Presidente, aunque usted diga que no lo hace a propósito, hay días que realmente parece que se levanta con muchas ganas de joder al país”.
A través de un comunicado, la Organización No Gubernamental (ONG) criticó: “Joder al país es nombrar a un Fiscal General de la República que sea militante de un partido político, primo del consejero jurídico de la Presidencia y que sea además abogado en ejercicio”… “Joder al país es permitir que el Presidente de la República nombre a un fiscal general sin consensuarlo con el resto de los partidos y representantes de la judicatura, no sólo con sus amigos, sin discusión pública y sin consensuar su refrendo en las Cámaras”. México Unido contra la delincuencia reprobó también el periodo para el que fue designado Raúl Cervantes, de 9 años, pues consideró Enrique Peña Nieto está apostando a que los delitos prescriban y queden impunes, replicando lo hecho por gobernadores salientes este año.
Y en el Senado de la República, el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett, destacó “el manejo de la Presidencia, que en lugar de reaccionar ante una crisis política y buscar darle a las instituciones una credibilidad que no tienen, vamos a poner a un procurador transexenal, no es la figura que le va a devolver credibilidad a la Procuraduría General de la República cuando estamos con los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, con el caso Tlatlaya, cuando hay una crítica brutal a la justicia, esto es un abuso de poder, una torpeza más de Peña Nieto”.
Y sobre Arely Gómez, señaló: “vuelvo a expresarle mi respeto, la está mandando a sustituir a ricitos de oro, aquel desvergonzado que dijo que la Casa Blanca estuvo bien, en lugar de buscar a una persona que le devuelva la credibilidad a una dependencia que está por los suelos, el Presidente está abusando de su posición y de la mayoría en el Senado para defender sus intereses. Yo le dije a sus amigos que le digan a Peña Nieto que no puede haber poder absoluto, no puede haber un poder al que se le obedezca de esa manera”. A estas alturas del partido, por la edad, los cargos desempeñados y las experiencias –que no son pocas entre las buenas y las malas- el poblano-tabasqueño debería estar cierto “no se puede, ni se debe. Pero se hace y punto”
También la senadora del PAN Marcela Torres expuso: hoy hace casi más de tres meses que no sólo está sin cabeza la SFP, sino desmembrada. “La tarea que tendrá Arely Gómez es titánica y requerirá de múltiples habilidades para restaurar el daño que hizo el Ejecutivo a la dependencia. Es bien sabido que los órganos internos de control en las dependencias del gobierno federal, en muchos casos, fueron nombrados por los mismos secretarios”. Y la perredista Dolores Padierna señaló: la SFP no ha podido cumplir con sus atribuciones ya que debe vigilar el desempeño de los funcionarios públicos, coordinar los órganos de control de todas las dependencias públicas, y no ha cumplido con esa misión, tan es así que México ocupa el lugar 95 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional.
Tras su remoción de la Procuraduría General de la República (PGR), donde su desempeño dejo mucho que desear y se caracterizó por obstruir las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Arely Gómez González fue ratificada por el Senado como nueva secretaria de la Función Pública y se comprometió a trabajar “con plena independencia” contra “la cultura tóxica de la corrupción”. Lejos se ve pueda cumplir ese compromiso dadas las circunstancias de su llegada a la Secretaría de la Función Pública, colocada ahí por el presidente Enrique Peña Nieto, y por el carácter “sistémico” de la corrupción en el país. México ocupa el último lugar de los países de la OCDE en percepción de corrupción. Eso sí, su llegada le garantiza a Televisa y su nueva programación varias “exclusivas” sobre expedientes representativos de los intereses del gobierno actual. Ya habrá otra u otros para el que sigue.
María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sostiene: la corrupción en México es un problema sistémico y transversal, de consecuencias perniciosas y difícil solución, sobre los cuales no se ha actuado a pesar de alcanzar el nivel de “norma social”. En la segunda edición del libro “México, anatomía de la corrupción”, estima el próximo año la corrupción le costará a México alrededor de 906 mil millones de pesos, equivalentes a casi cuatro veces el recorte del presupuesto de 2017, o bien, 1.5 veces el presupuesto del IMSS.
“A pesar de que la lucha contra la corrupción y la impunidad forma parte de todos los discursos y ofertas políticas de los partidos y gobernantes, ninguno ha mostrado compromiso real con la disminución de esta práctica. Sigue prevaleciendo entre ellos la costumbre de abusar del poder político para beneficio personal, y después de abusar, la práctica de sustraerse a la justicia. La corrupción alcanza el nivel de norma social”, señala en el libro. Casar destacó: el 79 por ciento de los mexicanos cree que la corrupción es un tema serio; en 2015 se presentaron 4.9 millones de casos de corrupción en trámites; y 44 por ciento de las empresas realizó pagos “extraoficiales”. El 14 por ciento del ingreso promedio de los hogares se destina a pagos extraoficiales; sólo 3 de cada 100 delitos se resuelve; y el 41 por ciento de la población está dispuesta a ir contra la ley en ciertos casos.
“Lo que nos dicen los indicadores es que estamos en un problema muy severo que está impidiendo el crecimiento y el desarrollo económico”, destacó Casar. La conclusión de la “Anatomía de la Corrupción” es: en México la desconfianza es generalizada, las leyes no cuentan con legitimidad, la impunidad es alarmante, y cada vez se gasta más en el combate a la corrupción, pero se está peor.
Así, inmersos en estas crisis de corruptelas permanentes en las cuales se incluye la punta de la pirámide y sus cinco siguientes escalones hacia abajo, es decir, gabinete, ejecutivos locales, presidentes municipales, legisladores federales y miembros del Poder Judicial, apareciendo entreverado todo lo referente a las autoridades electorales, es difícil no le presenten un rostro de terror a AMLO. Razones para ese nerviosismo manifestado en publicidad permanente, existen y son suficientes para destacar la gran diferencia existente.
LIBERAN PRECIO DE GASOLINA EN 2017
El Pleno del Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, en la cual se estipula que los precios de la gasolina y el diesel se liberen de manera ordenada y gradual a partir del 1 de enero de 2017. La Comisión Reguladora de Energía –con previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica- determinará el ritmo de liberación de los precios. En las regiones o entidades federativas en donde no se libere el precio de los combustibles, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien determine los máximos en la Magna, Premium y Diesel, y deberá darlos a conocer a más tardar el último día del 2016.
El gobierno de Enrique Peña Nieto adelanta así un año la liberalización de los precios de la gasolina, proceso que fue planeado para el 1 de enero de 2018 en la Ley de Hidrocarburos de la Reforma Energética. La liberación del precio de los combustibles repercutirá de manera negativa en el bolsillo de los mexicanos. Las disposiciones aprobadas en el Senado generarán efectos nocivos para la economía nacional, pues las proyecciones adelantan los precios de ambos combustibles –gasolina y diesel- seguirán aumentando. Esta determinación podría tener un efecto contrario al esperado por el gobierno federal. Especialistas del sector energético advierten la SHCP podría quedarse sin 300 mil millones de pesos provenientes del Impuesto Especial de Producción y Servicio, el cual se aplica a estos combustibles.
México no tiene las condiciones ni de competencia ni de infraestructura necesarias para adelantar esta medida, por lo que le saldrá cara no sólo al ciudadano sino al propio gobierno federal. “Tenemos carencias de infraestructura de importación de gasolinas severas y nuestras refinerías están moribundas”, destaca Miriam Grunstein, directora de Brilliant Energy Consulting. La infraestructura de México en materia de gasolinas fue abandonada hace 30 años. Hay seis refinerías, la última se hizo en Cadereyta, Nuevo León. Tampoco han aumentado kilómetros de oleoductos y los que hay están obsoletos y en posesión del crimen organizado.
Por su parte, los gasolineros advierten mucho riesgo en la liberación del combustible, pues esto significará un alza en los precios, además la gasolina mexicana no es de buena calidad lo cual también es un impedimento para una competencia efectiva. Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), advierte: con la liberación del precio, la gasolina podría llegar hasta los 17 o 18 pesos por litro. Además, liberar el precio de la gasolina implica quitar el Impuesto Especial de Producción y Servicio (IEPS), que este año se estima será de 300 mil millones de pesos, los cuales se quedarían fuera del presupuesto de Ingresos.
DE LOS PASILLOS
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México presentó un ligero descenso de 0.07 por ciento en agosto debido a la caída en dos de los tres grupos de actividades, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)… Las actividades secundarias: minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; construcción e industrias manufactureras, experimentaron un retroceso de 0.36 por ciento en agosto de este año, luego de tres meses con variaciones al alza… Entre las variables de las actividades secundarias, la minería acumuló su séptimo revés a tasa mensual, al reportar una caída de 1.67 por ciento en agosto… Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por conductos al consumidor cedió 1.04 por ciento, y construcción se redujo 0.79 por ciento… Las actividades terciarias mostraron un retroceso de 0.04 por ciento durante agosto.
La falta de resultados en materia de seguridad en los 12 meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo en Guerrero, fue criticada duramente por diputados de oposición durante la ceremonia del Primer Informe del priista… La legisladora de Morena, María de Jesús Cisneros, acusó la inacción del mandatario para frenar la inseguridad y señaló que la corrupción y la impunidad han distinguido a la actual gestión. También le exigió a Astudillo investigar a sus antecesores, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, por el quebranto financiero que le heredaron… El diputado del PT, Jesús Martínez, sostuvo que de los 81 municipios, Acapulco y Chilpancingo siguen siendo las demarcaciones más violentas. “La extorsión, el secuestro y los homicidios dolosos son los delitos que cada día van a la alza, por lo que ubican a Guerrero en el cuarto lugar de los estados más inseguros del país”, dijo… El legislador de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco de Aquino, lamentó que la violencia ha traído como consecuencia que los empresarios ya no quieran invertir en Guerrero… El gobierno de Astudillo ha estado marcado por la violencia y suma 2 mil 20 asesinatos, protestas sociales y denuncias de opacidad.
Tras agradecer a los diputados federales la rápida aprobación de la Ley de Ingresos, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, pidió que los 51 mil 380 millones de pesos adicionales que plantearon deben ser asignados en el Presupuesto con transparencia y en beneficio del crecimiento… El funcionario dijo velará por que los recursos adicionales obtenidos por los cambios en algunas variables macroeconómicas, sean empleados en beneficio real de la población… Quedó así suficientemente claro para lo que realmente sirvieron los 20 millones aprobados a cada legislador para la dizque realización de obras en su Distrito. Pago de marcha no es, bono tampoco, “moche” institucionalizado, caro…Analistas y legisladores de oposición han criticado la falta de profundidad en la discusión del Presupuesto, así como las modificaciones a diversas variables macroeconómicas para obtener ingresos adicionales, sobre todo tratándose de un Paquete Económico crucial para las finanzas públicas.
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