“En la sangre de los mártires a la intolerancia están las semillas de la incredulidad”: Walter Lipmann
A raíz de comprobarse el descenso del respaldo ciudadano, de simpatía hacia actuaciones y decisiones del titular del Ejecutivo, se observa una obsesión por agudizar el miedo, sembrar terror, paralizar a la sociedad a través de radicalizar la fuerza pública bajo el argumento de combatir la inseguridad, de derrotar al “narcoenemigo”, de meter orden, cuando el objetivo real se basa en acallar a las voces inconformes, a las demandantes de todo lo enmarcado en la Carta Magna, a quienes reclaman el fin de la corrupción y la impunidad, sobre quienes con la emisión del voto pueden, si se lo proponen, liquidar a todo el sistema y no sólo derrotar a los partidos políticos y sus respectivos abanderados. Se presenta ahora el pánico por perder el poder, en unos y otros, lo cual lleva a presentar en un solo cuadro a una izquierda en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas; la derecha, con Diego Fernández de Cevallos –El Jefe- y un vaivén con experiencia: Manlio Fabio Beltrones. Así de mal anda la conducción del país y ni duda: Trump les llegó en el momento de mayor necesidad de encontrar justificantes para los errores de años de mandatos tricolores y blanquiazules.
Sin una estrategia eficaz de largo plazo y con ausencia de indicadores comprobables de reducción de la violencia e incidencia delictiva, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apuesta el resto de su capital político a la militarización de la seguridad pública, al agotarse su engaño de manipular las cifras de comisión de delitos señalando la reducción de los homicidios dolosos, secuestros y extorsiones, además del robo común. El mexiquense empuja al Congreso de la Unión a dotar de un marco jurídico las labores de seguridad pública a cargo de las fuerzas armadas, labor hasta el momento ilegal y la cual no ha rendido resultados a lo largo de esta administración federal, como revelan los propios datos oficiales.
Expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG) subrayan los riesgos para el país de enfocar a las fuerzas armadas a la seguridad interna, como la llamada “guerra sucia” de los años 70s, durante la cual se les encargó la seguridad interior y se detonaron los casos de tortura, desapariciones y asesinatos. Las fuerzas armadas “no están capacitadas para realizar labores policíacas de seguridad interna, sino para combatir a un enemigo. Dar categoría de enemigo a alguien de la sociedad es grave y peligroso. En la lucha contra el narcotráfico, soldados y marinos han cometido excesos, crímenes atroces, y no debería correrse el riesgo de que los sigan cometiendo”, advirtió David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana (UIA).
No obstante, Peña Nieto insiste a los legisladores federales avanzar en la aprobación de una norma legal para dar certidumbre a soldados, marinos y pilotos en las tareas de “recuperar la paz y la tranquilidad” en las ciudades y zonas donde se requiere su presencia. “El gobierno de la República refrenda este posicionamiento y se pronuncia por atender esta asignatura pendiente que dará certidumbre” a las fuerzas armadas, dijo en el puerto de Guaymas al conmemorarse el Día de la Marina. No se trata sólo de asentar en el papel una introducción de esta naturaleza, tal vez con alguna justificación por encontrarse realizando tareas fuera de un estricto orden legal, pero aparejadas deben caminar muchas acciones, entre ellas la capacitación porque los miembros de las fuerzas armadas no son, ni de cerca ni de lejos, policías. ¿Qué va primero? La formación, sin duda, y ya después la ley para poder actuar bajo la consigna claramente marcada de no aceptar ningún ordenamiento en contra de la población, sea cual sea su actuación y demanda.
Según los especialistas, si las fuerzas armadas continúan participando en la lucha contra el crimen organizado debe “ser en un plazo acotado y siempre en proceso de retirada de estas tareas –como el propio Peña Nieto lo había prometido durante su campaña electoral-; no puede legitimarse a largo plazo, porque desnaturaliza su tarea y, por otro lado, nos quita la responsabilidad de generar policías y cuerpos de seguridad interna profesionales, capacitados que obedezcan al mando civil”, como lo señaló Fernández Dávalos. O ¿Se trata de suplir a unos con otros? Una vez visto el fracaso del publicitado “Mando Único”, todo puede esperarse, hasta la justificación de liquidar los servicios policíacos porque cuestan mucho estos uniformados.
Por si fuera poco este encontrón de visiones, la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara baja para dar certidumbre jurídica a la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública interna, contiene algunas disposiciones violatorias al derecho a la privacidad y no garantizan el debido proceso, en opinión de Santiago Corcuera, presidente del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y para Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el documento tricolor representa un debilitamiento de los gobiernos locales y estatales, y mayor empoderamiento de los jefes militares en diversas zonas del país.
La propuesta, agregó, va contra las recomendaciones de organismos internacionales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sugerido sobre la presencia de militares en tareas de seguridad sólo temporal. Una ley par dar más facultades a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, creará las condiciones para la continua violación de derechos humanos con la “manipulación” de los términos de seguridad interna, estabilidad social y paz pública, subrayó Ríos Martínez.
Las autoridades federales se han enfocado en dar justificaciones a la falta de resultados de sus estrategias y planes; a improvisar acciones rimbombantes y sin respaldo jurídico y presupuestal; a manipular las estadísticas de comisión de delitos; y a generar discursos sin acciones que los acompañen. México lleva más de una década en crisis de seguridad y se sigue negando el problema y trabajando con base en diagnósticos incompletos o superficiales.
Para el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, la estrategia de seguridad a seguir por el gobierno federal debe pasar por el fortalecimiento de las capacidades forenses: hay procuradurías y fiscalías que carecen de todo para investigar el homicidio, por lo que una víctima indirecta de este delito jamás obtendrá justicia. En segundo lugar, no se debe minimizar la relación existente entre la crisis de desapariciones y los homicidios. El número de asesinatos en el país quizá sea mayor al reportado por las autoridades debido a la falta de implementación de protocolos y unidades de búsqueda, así como de registros de hallazgos de fosas clandestinas. De esto dan clara cuenta los hallazgos en fosas clandestinas y el retraso existente en todo lo relacionado con la identificación de los restos.
Y en tercer lugar, es de vital importancia el combate a los recursos de los criminales. Un delincuente sigue operando desde la cárcel sus actividades ilícitas porque cuenta con los recursos económicos que se lo permiten. Actualmente es marginal el esfuerzo realizado para golpear el principal recurso que le permite seguir delinquiendo a alguien, el dinero.
FEMINICIDIOS E INFANTICIDIOS
La ola de violencia en el país golpea a los más débiles: las mujeres y los niños. En los últimos tres años, es decir durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se duplicó el número de mujeres asesinadas al pasar de 3.5 al día, entre 2001 y 2006, a siete, de acuerdo a reportes del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi). Además, durante los últimos cinco años, alrededor de cuatro niños murieron por homicidio cada día entre los años 2010 y 2015, mientras que 40% de entre 10 y 17 años reportan haber sido víctimas de violencia en la escuela, de acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La violencia contra las mujeres sigue en aumento en el país y los resultados de las investigaciones de las autoridades cada vez son más pobres, acusan organizaciones civiles. El promedio de siete mujeres asesinadas al día equivale a la mitad de las muertes causadas por dos de las enfermedades más letales contra ese sector: el cáncer cervicouterino, el cual ocasiona 14 fallecimientos; y el de mama, el cual mata a 15 en el mismo lapso. Además, se registran 16 mil denuncias por violación al año
Es precisamente en el Estado de México, la entidad natal de Peña Nieto, en donde ocurre el mayor número de feminicidios. “Cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador en la entidad nunca hizo algo efectivo para solucionar este grave problema… y ahora (como presidente) tampoco”, señaló Silvia Solís, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser). De acuerdo con la organización Unidos contra el Feminicidio, en Ecatepec se han reportado 400 asesinatos de 2008 a 2015. Además, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, entre otros, también “son fatídicos” para ellas.
Por lo que respecta a los infanticidios, de 2007 a 2015, 13 mil 338 niños y adolescentes murieron de forma violenta en México. Todos los días en promedio, cuatro menores de edad perdieron la vida en ese periodo, según datos del Inegi. Tres cuartas partes, es decir, 9 mil 850, tenían entre 15 y 18 años. Los estados que acumulan más agresiones contra niños son: Estado de México, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. Destaca el caso ocurrido el 30 de enero de 2010, a las 11 de la noche, en la colonia Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez Chihuahua. Más de una docena de sicarios llegaron a la calle Villa del Portal con la orden de asesinar a supuestos rivales que estaban en el número 1306. Después de 30 minutos, el saldo final fue de 16 jóvenes muertos, de entre 15 y 20 años, quienes sólo celebraban un cumpleaños.
MANIPULACIÓN DE ESTADÍSTICAS
Pero las autoridades federales mantienen el engaño de que los homicidios dolosos disminuyen un mes si y otro también. En el reporte del mes pasado, aseguran se iniciaron mil 860 averiguaciones previas por homicidio doloso, 116 menos que en septiembre. El reporte de septiembre de 2016 es de 7.3 por ciento inferior a lo observado en mayo de 2011, cuando se reportó el nivel máximo histórico. Los reportes mensuales hasta septiembre de este año habían mostrado que en 2016 se mantenía una tendencia a la alza, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Según el gobierno federal, las acciones que se han puesto en marcha en los 50 municipios donde se concentra la mayor incidencia delictiva están permitiendo revertir la tendencia a la alza. Reportan el incremento de homicidios básicamente en tres entidades federativas: Veracruz, Michoacán y Colima. Para desviar la atención, admiten se incrementaron los robos, el secuestro y la extorsión. El mes pasado se iniciaron 51 mil 260 averiguaciones previas por robo común, la cifra mensual más alta en los primeros meses de 2016.
Se incrementaron los robos con violencia y sin ésta, a casas habitación, a negocio, de vehículos y a transportistas. Subieron también el abigeato y el robo a instituciones bancarias. En total, en los primeros 10 meses del año, se han iniciado 469 mil 704 investigaciones por robo; un promedio de mil 565 al día. Por lo que toca al delito de secuestro, de enero a octubre de 2016 se abrieron 904 expedientes, 4 por ciento más que el mismo periodo del año pasado. Además, en el fuero federal, el mes anterior se abrieron 37 averiguaciones previas por privación ilegal de la liberad. De enero a octubre, la PGR ha abierto 398 investigaciones por secuestro. Y en cuanto a la extorsión, en octubre se abrieron 530 carpetas de investigación, 99 más que en septiembre.
Son muchos los delincuentes y criminales sueltos a los cuales habrán de sumarse a los de “cuello blanco”. Estos últimos tienen sus centros de operación lo mismo en edificios públicos que en instituciones bancarias y ven la vida pasar cómodamente, sin ninguna preocupación, sin ninguna pena. Es obvio no existe ni un ápice de vergüenza y menos de reflexión al hacer pública una recompensa por la captura de uno de los suyos, de los seleccionados para ir en la misma dirección de un tren antaño llamado “de la Revolución”. Con una exhibición de esta naturaleza no queda uno a salvo, van al mismo calificativo todos, los de un partido y los de otro, no existe quien viva del salario de servidor público, de gobernador, de miembro del gabinete, de las percepciones por el trabajo legislativo o judicial. Y nada de esto tiene referencia con el objetivo de acabar con la corrupción y la impunidad, sino de contar con elementos publicitarios para las próximas contiendas en donde se verá surgir otra camada de nuevos y poderosos multimillonarios.
DE LOS PASILLOS
Por sus dichos contra la legisladora Araceli Damián, diputados del PRD, PAN y Morena exigieron la remoción del Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, quien el miércoles, durante su comparecencia por la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, dijo a Damián que lamentaba no haber estudiado psiquiatría para entenderla, luego de que ésta le señalara se pusiera a estudiar debido a que confundía los conceptos de pobreza. “El secretario insultó no solamente a la diputada, insultó a todo el Poder Legislativo. Me niego a pensar que este Poder Legislativo se va a quedar cruzado de brazos ante el insulto”, señaló la diputada panista Angélica Moya Marín… Pero tal parece se trata de modas o detalles de época, o tal vez tenemos funcionarios a quienes la Luna los afecta. Este mismo funcionario con aspiraciones presidenciales, repitió el numerito en Quintana Roo y hasta sacó de sus casillas al gobernador quien inocentemente pregunto ¿estamos en campaña?, reflejo de sus quereres con PAN y PRD o tal vez de esa irritación permanente con la cual “viste” sus recorridos y encuentros…
En el estado de Durango, el gobierno del panista José Rosas Aispuro investiga a todo el gabinete de su antecesor, el priísta Jorge Herrera, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales y federales. De acuerdo a la contralora Rosario Castro, existen señalamientos de presunto daño patrimonial por 4 mil 560 millones de pesos de fondos federales dados al Estado. Dicho monto resulta de las revisiones a las cuentas públicas de 2007, 2011, 2012 y 2014, y está contenido en 234 pliegos de observaciones que la Auditoria Superior de la Federación y la Función Pública hicieron llegar a la nueva administración… De seguir creciendo ésta de por sí interminable lista, no habrá quien permanezca afuera para poder cerrar las rejas y encargarse de asignar celdas, pabellones, dar permisos para visitas conyugales y vigilar las salidas al patio de tal ilustres internos…
A 439 millones 662 mil 979 pesos asciende la compra de terrenos simulada en Campeche y la triangulación y lavado de dinero en un rancho de Valle de Bravo, por lo que el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra prófugo, precisó la Unidad de Inteligencia Financiera. De ese monto, 223.8 millones ingresaron a las cuentas de Moisés Mansur Cysneiros, señalado por la PGR como el principal prestanombres del ex mandatario… Además, 215.8 millones entraron a través de una cuenta del abogado Alfonso Ortega López, fiscalista con un despacho en Cancún, quien se presentó voluntariamente ante la PGR y confesó haber sido un testaferro de Duarte y quien señaló a otros implicados en su presunta red de corrupción y lavado. O sea de investigación: cero, cero. Los atrapan cuando les entra miedo a quienes los acompañaron en sus actividades nada claras o ¿también les dan recompensa o sólo los convierten en testigos protegidos cuya manutención es con cargo al estado?
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