“Es el resultado el que decide de qué lado está el derecho”: Immanuel Kant
En estas mismas líneas y en diferentes ocasiones se ha denunciado al boyante negocio de producción, tráfico y comercialización de estupefacientes en el país, el cual sólo puede ser posible si cuenta con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para subsistir. Los acuerdos al más alto nivel entre autoridades y cárteles de las drogas han permitido en los últimos años la generación de ganancias multimillonarias para los delincuentes, las cuales se amplían al sistema financiero mexicano y estadounidense y a servidores y ex funcionarios públicos responsables de perseguirlos e investigarlos. No puede ser de otra manera: la falta de acuerdos ha generado la explosión de la violencia por el control de extensos territorios de producción y comercialización de drogas, el combate a algunos cárteles y la protección de otros.
Los argumentos de quienes proponen la legalización y venta de, por ejemplo, mariguana y amapola, parte de esa base y, sobre todo, de la gran cantidad de recursos económicos generados, alrededor de 30 mil millones de dólares anuales, los cuales se lavan en los sistemas financieros, principalmente de Estados Unidos. Se trata de construir una herramienta legal de enriquecimiento de funcionarios y ex funcionarios relacionados con el combate al crimen organizado, los cuales en sociedad con los ahora integrantes de cárteles, podrían convertir a éstos últimos de perseguidos por la ley en acaudalados agricultores, gracias a la producción de estupefacientes en grandes extensiones de Guerrero, Michoacán o Oaxaca, o el triángulo dorado: Sinaloa, Chihuahua y Durango, entre otras entidades, tal como lo añoraron en su momento funcionarios federales en los gobiernos panistas.
El negocio es factible y las bases se encuentran ya puestas. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, varios pueblos se dedican abiertamente a la producción de amapola y desde al menos hace un año están organizados en un Comité de Productores de Amapola, el cual, dicen, le ha hecho frente a los cárteles y ya administran y fijan los precios de la goma de opio. Esta actividad, subrayan, les ha permitido invertir en obras, bajar los índices de violencia, y reducir los enfrenamientos entre los pueblos. Estas comunidades se distribuyen a lo largo de los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Eliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, y ya han hecho la demanda formal a los gobiernos federal y estatal para que legalicen el cultivo, la explotación y venta de la goma de opio.
Estos productores no se ocultan, hablan abiertamente de sus ganancias, las cuales, dicen, las reparten entre los pueblos y se invierten en caminos, escuelas, parques o armas. Tienen el control de la producción de amapola; mueven grupos poblacionales completos, incluidos menores de edad, para el cultivo; son capaces de cubrir pedidos de organizaciones con cantidades y fechas de entrega. Como actualmente la actividad se realiza de forma artesanal, los productores señalan: el kilo de opio está entre 6 mil y 8 mil pesos. Así, una producción de cinco kilogramos, la cual les lleva tres meses, les dejaría 40 mil pesos, a esos debe descontarse una inversión de 30 mil pesos para el pago a trabajadores, compra de abonos y líquidos, entre otros. Con todo, hay una ganancia de 10 mil pesos, es decir, más redituable comparado con los cultivos de aguacate, maíz o frijol.
La producción se realiza en forma abierta. Los gobiernos federal y estatal no tienen la capacidad para vigilar todo el territorio de la sierra y las fumigaciones sólo abarcan algunas zonas. Aunque lo más probables es impere la complicidad y el “moche” con las autoridades de los tres niveles de gobierno. De otra forma no se explicaría la facilidad para adquirir la goma de opio, su procesamiento y traslado a la frontera y su traspaso a territorio estadounidense o su comercialización en el propio territorio nacional.
Comisarios de diversas comunidades como Tres Cruces, Tepozonalco, La Laguna, Los Morros, Yotla y Filo de Caballos, entre otros de la sierra guerrerense, han demandado a los gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y al estatal de Guerrero, a cargo del priísta Héctor Astudillo, deje de ser ilícito el cultivo de la amapola y mejor sea un detonante para sacar a las comunidades de la pobreza y la violencia. Pero no se señala lo más importante: se permitiría el enriquecimiento de grandes terratenientes, y de funcionarios y ex funcionarios ligados actualmente y en el pasado reciente al combate a los cárteles de la droga.
En cuanto a la legalización de la mariguana, este lunes el secretario de Salud, José Narro, explicó a senadores del PRI la reforma a la Ley General de Salud del presidente Enrique Peña Nieto para permitir el uso médico y terapéutico de la cannabis así como el aumento en los gramos para consumo individual que pasarían de cinco a 28. La reunión a puerta cerrada, presidida por el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa, tuvo lugar mientras las comisiones analizan los dictámenes para permitir el uso medicinal y científico de la mariguana.
El peligroso trasfondo del éxito de los cárteles de la droga mexicanos, los cuales según las autoridades de Estados Unidos controlan la distribución de estupefacientes a ese país, tanto la Costa Este como la Oeste, en alianza con colombianos, es la complicidad de las autoridades mexicanas. Por un lado, está la abierta producción de las drogas no sólo en Guerrero o Michoacán; el triángulo dorado, Sinaloa, Chihuahua y Durango; y los estados fronterizos, Sonora, Baja California, Chihuahua o Tamaulipas. Por otra parte, dependiendo de la forma de traslado de las droga, por tierra, mar o aire, estarían responsabilizadas las fuerzas armadas, el Ejército, la Policía Federal, las autoridades aduanales, la Marina y la Fuerza Aérea. El hecho es que la droga procedente de México inunda los mercados estadounidenses, ante la impotencia del gobierno de Barack Obama y la complacencia o ignorancia del de Enrique Peña Nieto.
ESTADO DE IMPUNIDAD
Este fin de semana fue evidente: en México impera un Estado de Impunidad, el cual es alimentado con un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a los deseos del titular del Ejecutivo, dejando de lado los preceptos de una Constitución totalmente mutilada, en el cual el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios es someter la aplicación de la ley a los intereses del gobernante en turno.
Sin ser el país una dictadura formal, los intereses del presidente de la República son el factor determinante de las acciones para la aplicación de las normas jurídicas. En este Estado de Impunidad, las leyes se organizan y fijan limites de derechos en toda acción sujeta a los deseos del gobernante, del Estado y sus instituciones, dejando de lado las garantías individuales de los ciudadanos.
En México no impera un Estado de derecho, los hechos están a la vista de todos. El sábado pasado, jueces federales sentenciaron: los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero desde el 26 de septiembre de 2014, no fueron blanco de desapariciones forzadas sino fueron secuestrados y ejecutados. El juzgado primero de Distrito en Proceso Federales y el segundo Tribunal en Procesos Penales de Tamaulipas dieron a conocer sus fallos sobre el caso basado en la presunción de que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido secuestrados y se encontraban desaparecidos por las autoridades en connivencia con presuntos delincuentes.
Conforme a esos fallos, los normalistas de Ayotzinapa están muertos, “muy probablemente” asesinados sumariamente a unas horas de sus detenciones. El trasfondo de dicha determinación judicial esta en que libra a la administración de Peña Nieto del señalamiento de la ocurrencia de desaparición forzada y da por buena la versión de secuestros y homicidios calificados cometidos por unos delincuentes (Guerreros Unidos). Por el contrario, la desaparición forzada responsabilizaría a funcionarios públicos o individuos coludidos con ellos. Esto se contrapone con el hecho oficial de persistir la búsqueda de los estudiantes, porque no está probada su muerte. También deja de lado la fundada sospecha de la intervención en los hechos de Iguala de la Policía Federal, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y el Ejército.
Otro caso más en esa dirección se refiere los hechos de Tlatlaya, del 30 de junio de 2014, en donde 22 presuntos delincuentes fueron ejecutados por miliares. Un juez determinó: la PGR no demostró cargos a militares. De ahí la liberación en el fuero civil de los últimos tres de los ocho militares implicados. Las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) no demostraron una supuesta ejecución extrajudicial ni otros delitos como encubrimiento y modificación de la escena, puntualizó en su resolución el magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. No hubo suficiencia probatoria del Ministerio Público de la Federación respecto a la hipótesis de que soldados asesinaron a ocho presuntos agresores cuando ya se habían rendido.
Uno más en el estado de Sonora: un juzgado de distrito sentenció a 19 personas a penas que van, en cada particularidad, de 20 a 29 años de cárcel, al pago de multa y a la “reparación del daño” por el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, en junio de 2009, donde ocurrió la muerte de 49 niños y heridas a unos 70 pequeños. Altos funcionarios públicos quedaron exculpados, pues la resolución judicial se restringe a homicidios por culpa, por lo cual los castigos van sólo a responsables operativos específicos. Así, impune queda el ex gobernador Eduardo Bours; y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente Felipe Calderón, quien ocupaba Los Pinos cuando sucedieron los hechos, y ahora aspirante del PAN a la Presidencia de la República.
Padres de las victimas advierten: entre los sentenciados faltan “los peces gordos”. Lilian García, mamá de Bryan Alexander, consideró se trata de una resolución a medias, pues no se han involucrado a autoridades como el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours. Para José García, papá de Andrés, fallecido en el incendio, “esto no llega a lo más alto. La PGR en ningún momento amplió la acción penal a más personas a pesar de que la Suprema Corte de Justicia lo sugirió”.
FAMA Y CACICAZGOS
Es natural la reacción de los electores considerando son ataques los lanzados en contra de quien consideran digno de su confianza y voto. Nada tiene de extraño la polarización de simpatías durante las campañas y los días anteriores a la jornada electoral. Pasado esto todo vuelve a la normalidad o por lo menos así es el panorama observado antes, en y después de los comicios, salvo la incursión de presencias cuya permanencia prolonga cacicazgos, figura nada agradable para los ciudadanos por el daño y retroceso causado en casi todas las zonas del país. De ahí se actúe con mayor rigidez en el caso de la familia más conocida en Cozumel.
La labor de don Nazim en el terreno de los negocios ha sido, desde siempre, exitosa, tanto como la lograda penetrando en círculos políticos a través del impecable manejo de las relaciones públicas. No puede escamotearse un solo adjetivo para lo logrado por el mexicano-libanés. Solamente faltó el atributo de la búsqueda del bien común o tal vez pretendió llevar esto a la práctica logrando el respaldo necesario para su primogénito, para Pedro Joaquín Coldwell, quien, al asumir la gubernatura mucho podría lograr para garantizar empleo y desarrollo a los habitantes de la entidad en donde encontró cobijo.
Para quienes llegaron al estado cuando ese sexenio ya había concluido es fácil aceptar la opinión de algunos calificándolo de bueno y exitoso. Habrá de buscarse el sustento para esos adjetivos. Durante esos años la federación encontraba en Quintana Roo, particularmente en Cancún, una nueva y ventajosa ventana al mundo, de ahí su planificación urbana y la concepción general del proyecto. El dinero fluía sin trabas, por lo tanto era factible se impidieran los asentamientos irregulares solicitando se crearan los polígonos con servicios para asentar las viviendas de los albañiles, de las camareras, de los empleados de todo tipo de comercios o instituciones. Sin embargo, no se luchó ni se hicieron los mínimos esfuerzos para evitar los cinturones carentes de todos los servicios, creadores éstos de líderes a modo para los procesos electorales.
Se conoció también de la primera traición, de la llevada a cabo contra el ex gobernador Jesús Martínez Ross, exhibiéndolo durante una gira presidencial por haber pretendido darle al estado su primera universidad donando un terreno cuyo mayor porcentaje en extensión era pantanoso. Tampoco se buscó asesorar a los comerciantes chetumaleños para invertir en Cancún, menos aún los auxiliaron para tramitaciones ante la Federación con el fin de llevar al norte de la entidad sus capitales. Fue un mandato de pleno disfrute aderezado con el atractivo visual femenino. Sin duda, se cimentó el emporio turístico de hoy, pero los beneficios a los ciudadanos –que apenas llegaban a 6 mil con todo y la población flotante- no se vieron y sí se presentaron escaramuzas entre el mandatario y los líderes sindicales quienes aprovecharon la coyuntura para recibir respaldos múltiples de la clase trabajadora.
Don Pedro siguió su camino de éxito y se incorporó al CEN tricolor, desde donde tampoco se generaron apoyos a la entidad. Luego llegó la titularidad de la Secretaría de Turismo y no se encuentra quien se diga favorecido por algún trámite, gestión o solución a un problema desde esas oficinas. La embajada en Cuba permitió la incursión y posibilidad de apoyar abierta y directamente al entonces candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa. Su llegada a esa Isla fue del todo bien vista a raíz de los antecedentes generados en Quintana Roo, entre los cuales se incluye la visita de Fidel Casto, por primera vez desde su salida de México, a esa parte del Caribe y la compra realizada por don Pedro de barcos dizque pesqueros vendidos a precio de oro cuando eran chatarras.
A la derrota de éste vino el aislamiento para don Pedro del cual lo rescató Félix González Canto, convirtiéndolo en candidato a Senador. Desde esa curul, fue el segundo en la Comisión de Energía presidida por Labastida Ochoa y, sin mayores recatos, opinó, dando su apoyo, sobre la eliminación de la Secretaría de Turismo. Su pretensión de incorporarse a la Cámara de Diputados se vio cancelada por el nombramiento como máximo dirigente tricolor, sitio desde el cual no levantó un solo dedo en contra de su antecesor, de Humberto Moreira. En el presente, de nuevo en el gabinete presidencial, ahora encabezando la Secretaría de Energía, no se ha dado por enterado de los cientos, sino es que miles, de familias carentes de ingresos económicos para pagar los servicios de luz. No ha mostrado ningún interés por buscar se igualen las tarifas eléctricas a las vigentes en Yucatán, por ejemplo.
A todo lo anterior habrán de sumarse las grandes ausencias, las reveladoras de desprecio hacia el terruño. No se presenta en los aniversarios de creación de la entidad, tampoco a los informes de los gobernadores, a las ceremonias cívicas, a los eventos en los cuales se enmarca el respeto a la tierra y sus valores. No se trata de un nombre ni de un hombre, sino de un cacicazgo que, como muchos otros, ha arrojado costos muy altos a los nacidos en el lugar y sujetado a condiciones impropias a los llegados de otros lares.
Aunque es cierto: Don Pedro no estará en las boletas, aunque si aparecerá el apellido Joaquín y la bandera priísta oculta en dos candidatos y abierta en uno más. Es una verdadera lástima el carecer de quienes, desde la oposición, permanecieran ajenos a los beneficios otorgados por los gobernantes tricolores. En el fuera máscaras, se presenta una sola realidad: el predominio del único partido bajo el cual ha sido gobernado Quintana Roo. Cada quien teje su propia historia aunque las de los actuales tengan denominador común.
DE LOS PASILLOS
Sigue la narco-novela de Joaquín El Chapo Guzmán. En el último capítulo, el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México avaló la extradición del líder del cártel de Sinaloa. La segunda “opinión jurídica” favorable a la extradición de Guzmán Loera fue notificada este lunes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual tiene la última palabra sobre si se autoriza la entrega del capo… Una vez que la SRE se pronuncie a favor de extraditar a El Chapo a Estados Unidos, sus abogados anunciaron tramitarán un juicio de amparo con suspensión, para detener por tiempo indefinido (hasta por un año) el envío y llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)…
Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó la apertura de 263 nuevas investigaciones sobre la situación de inversionistas mexicanos con recursos depositados en paraísos fiscales y cuyos nombres aparecen en los archivos de Los Papeles de Panamá. Con éstos, suman ya 293 los casos abiertos por el organismo para investigar si hubo evasión de contribuciones…
En el estado de Guerrero, en protesta por la aplicación de la reforma educativa, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) se declararon en paro indefinido. Ochenta planteles educativos en zonas rurales y suburbanas el municipio de Acapulco cerraron… Y en Oaxaca, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un paro de labores en algunas escuelas del estado… Y Aurelio Nuño amenaza a diestra y siniestra.
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