“Las armas se deben reservar para el último lugar, donde y cuando los otros medios no basten”: Nicolás Maquiavelo
En el Senado de la República, los amarres están casi listos para dar la aprobación a la iniciativa presentada para, dicen, legalizar la actuación de las fuerzas armadas bajo el argumento de enfrentar al narcotráfico; también se trabaja en el convencimiento de no utilizar al Ejército y a la Marina para reprimir movimientos sociales en la opinión pública. No parece ser coincidencia la detonación de dos artefactos explosivos la madrugada de este lunes en la puerta principal de las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y en el cajero de un banco en el estado de Oaxaca. Cualquier acción en estos momentos es merecedora de ser ejemplo y justificar esta temida participación.
Emilio Gamboa, yucateco y actual coordinador de los senadores del PRI, confirmó la convocatoria a los grupos legislativos de oposición a un periodo extraordinario para aprobar el marco jurídico que requieren las fuerzas armadas para desempeñar tareas de seguridad pública. También los senadores del PAN, a través de su coordinador, Fernando Herrera, y del PRD, con Miguel Barbosa a la cabeza, confirmaron sus intenciones de participar en un periodo extraordinario para aprobar el marco jurídico demandado por las fuerzas armadas. Esto ocurre después de dos reproches del titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de llamados en ese sentido del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón. Tal parece no resultó suficientemente clara la posición del General afirmando no estar capacitados para perseguir delincuentes, al tiempo de exigir sean los tres poderes quienes, en conjunto, determinen momento, lugar y tiempo de actuación de los uniformados sin dejar al criterio de uno solo la orden para actuar.
Todo apunta a la fórmula en la cual México es empujado a la militarización con las consecuencias a futuro no suficientemente calculadas. La administración del presidente Enrique Peña Nieto apuesta el resto de su escaso capital político a continuar con la inútil y costosa guerra contra los cárteles de la droga para intentar garantizar la seguridad en territorio nacional. El riesgo para el país es inminente: de la militarización al establecimiento de una dictadura sólo hay un paso, con la agudización de la crisis de derechos humanos. La oposición puede ser aplastada violentamente al cancelarse el gobierno democrático y sustituirlo por uno militar. Esta historia se ha repetido infinidad de veces en América Latina. Antes de cerrar el año, las fuerzas democráticas deben oponerse a los intentos del peñanietismo por legalizar la actuación de las fuerzas armadas bajo el argumento de actividades para garantizar la seguridad interior del país y pugnar por el regreso de los militares a los cuarteles, como se prometió en la pasada campaña electoral presidencial.
Se apuesta por la militarización, cuando después de una década de “guerra contra el narcotráfico” se demostró que ésta no trajo mayor seguridad, “pero si muchas más violaciones a los derechos humanos, desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales”, como lo destacó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Tras diez largos años de militarización, dijo, “si algo hemos aprehendido es que la delincuencia no se supera permitiendo la ilegalidad por parte del Estado –como ha ocurrido hasta el momento-, porque se normaliza lo que nunca debe normalizarse: la tortura y la desaparición”.
México vive una crisis de desapariciones, señaló Jan Jarab, durante la presentación del Informe 2009-2016 Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de Cadhac, en el cual sugirió estrategias para enfrentar el problema: reconocer la dimensión del mismo para encontrar una solución; desarrollar políticas de prevención; investigar diligentemente para poner fin a impunidad; garantizar el acceso efectivo a la justicia; agotar medidas para la búsqueda rápida que permita encontrar con vida a las víctimas; protegerlas de manera especializada con enfoque de género y especial atención a personas vulnerables; llevar registros efectivos de detención; regular el uso de la fuerza según estándares internacionales, y capacitar e independizar los servicios médicos forenses.
Han sido cientos, miles de millones de pesos invertidos en seguridad y por los resultados obtenidos ha sido un capital desperdiciado. Ni ha servido para detener las acciones de la delincuencia organizada y mucho menos para restaurar los daños provocados a las víctimas. La inutilidad por todos los flancos y esto debe tener una explicación. Un señalamiento recurrente es la participación del gobierno en la protección de las mafias, no solamente de las ubicadas detrás de los escritorios de los edificios públicos sino de las encargadas de envenenar lo mismo a jóvenes que a viejos. Con una complicidad en red de esta naturaleza es obvio el dinero sólo servirá para el enriquecimiento de otro tipo de delincuentes, pero resultados para combatir el narco y la inseguridad, ninguno y menos aún si la pobreza sigue multiplicándose y con ello la necesidad de delinquir para lograr sobrevivir.
LARGA Y COSTOSA GUERRA
La batalla contra el crimen organizado va para largo en México. Diez años después de iniciada por el régimen de Felipe Calderón, la guerra sigue y la va perdiendo el Estado. La estrategia seguida por el calderonato y el peñanietismo de descabezar cárteles no funcionó, a pesar de la detención de 33 de los 37 capos de la droga que en 2009 la PGR ubicó como los más buscados; se fraccionó a los grupos delictivos, pero se formaron nuevas generaciones de capos, y se propiciaron enfrentamientos cada vez más violentos entre ellos, con consecuencias funestas para la sociedad civil. Los capos siguen operando y multiplicándose. Cuando terminó el gobierno de Calderón, los muertos sumaban, oficialmente, más de 104 mil, y los desaparecidos más de 14 mil, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos de medios de comunicación independientes y de organizaciones sociales estimaban el número de muertos en ese periodo en más de 150 mil y las desapariciones superaban las 24 mil.
En la gestión de Enrique Peña Nieto, los homicidios, según los datos oficiales, suman casi 70 mil, para un acumulado de 174 mil en la década, aunque revelan informes externos son más de 200 mil. Incluso para ésta última cifra se basan en estudios utilizando como fuente los homicidios registrados por el Inegi entre 2007 y 2016. Datos de ONGs señalan en esta administración los homicidios superan los 80 mil. Las desapariciones superan los 29 mil y durante la guerra contra el narco se han vuelto práctica común las ejecuciones masivas, los abusos de poder, la tortura (provocada por criminales, pero también por agentes del Estado), la desaparición forzada, los ataques a defensores de derechos humanos, y el asesinato de periodistas.
La guerra contra los cárteles de la droga fracasó porque se enfocó no a eliminar a todas las organizaciones criminales, sino sólo a algunas de ellas y se favoreció a grupos específicos con los cuales los gobiernos en turno entraron en contubernio. Esto provocó una fragmentación de cárteles y el surgimiento de nuevos capos que actúan sin principios ni escrúpulos, como lo destacó el escritor español Arturo Pérez-Reverte, autor de la novela más exitosa sobre el narcotráfico mexicano, La Reina del Sur. “No es una guerra contra el narco, es una guerra contra una parte del narco para beneficiar a otra parte del narco. Y esa guerra no podría nunca ser una guerra limpia, es una guerra tramposa y, por supuesto, no consiguió ningún objetivo, más que acabar con unos narcos y beneficiar a otros. En México, nunca se ha luchado en verdad contra el narco”, sostiene.
Así y a pesar de todos los esfuerzos oficiales, el mercado de la droga sigue expandiéndose, aumentó el consumo doméstico, sobre todo entre los más jóvenes. De 2008 a 2011, se pasó de 3.9 millones a 5.7 millones de consumidores de drogas ilegales en México. A nivel internacional, los cárteles mexicanos son dueños absolutos tanto del tráfico de drogas hacia Estados Unidos como del mercado de estupefacientes en ese país. En el futuro inmediato, no hay organizaciones criminales que signifiquen una amenaza para ellos, según concluye la Evaluación anual 2015 sobre la amenaza de las drogas, de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos. Los cárteles de México –en particular los de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación- son en este momento quienes dominan la producción, el tráfico y la distribución de droga en Estados Unidos, el más grande mercado de consumo de estupefacientes en el mundo.
El costo de la “guerra contra las drogas” hasta el momento es de 1 billón 829 mil millones de pesos, los cuales suman el gasto público ejercido en las funciones de Justicia, Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior en una década. Estos recursos económicos fueron ejercidos por más de 30 altos funcionarios responsables de esta guerra: dos secretarios de la Defensa Nacional; dos de la Marina; seis secretarios de Gobernación (cinco de ellos durante el sexenio de Felipe Calderón); seis procuradores; 10 comisionados de la Policía Federal; un secretario de Seguridad Pública con Calderón; y tres titulares de la Comisión Nacional de Seguridad en el sexenio de Peña Nieto.
Al mismo tiempo, el Congreso ha aprobado más de 20 leyes y reformas constitucionales en materia de justicia, seguridad, derechos humanos, atención a víctimas, lavado de dinero y reestructura de los cuerpos policíacos. Pero no se ha logrado definir un modelo idóneo para frenar la delincuencia y pacificar el país. Ahora, las bancadas del PAN, PRD y PVEM respaldan la propuesta del PRI en el Senado para realizar un periodo extraordinario de sesiones con el objeto de analizar una ley de seguridad interior y un marco legal adecuado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Emilio Gamboa, coordinador de los senadores priístas, propondrá a la Junta de Coordinación Política llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para definir una ley de seguridad interior y los términos en los cuales deben actuar las Fuerzas Armadas del país. El presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), consideró buena la propuesta de ir a un periodo extraordinario para ese efecto. El coordinador del PAN, Fernando Herrera, confirmó este martes en la Jucopo se analizará y acordará la ruta a seguir para legislar sobre las facultades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Y el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, dijo su bancada está lista para ir a un periodo extraordinario siempre y cuando haya dictamen o documentos de trabajo.
En la Cámara de Diputados, legisladores del PRI señalaron no se ha puesto sobre la mesa la realización de ningún periodo extraordinario, hasta ahora. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, señaló: “la Cámara de Diputados está dispuesta a caminar del brazo de la colegisladora para encontrar el marco legal a fin de que las Fuerzas Armadas del país están plenamente seguras que los mexicanos avalamos su presencia, siempre honesta y vigorosa”. A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri (PRD), destacó están a favor de una ley así, pero apuntó aún no abordan un extraordinario y no lo tienen considerado. Por parte del tricolor también ha bastado el nombre de César Camacho para inclinar la cabeza y de antemano dar la aprobación.
SEGURIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN DE CIVILES: CNDH
Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, la seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones civiles. Las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a sus funciones propias, “debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable”. Al entregar post mortem el premio nacional de derechos humanos 2016 a Rodolfo Stavenhagen, advirtió: la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública “no debe sumirse como algo permanente”.
Frente al presidente Enrique Peña Nieto destacó: si la criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, las fallas en la seguridad pública potencializan este deterioro hacia niveles más profundos de descomposición social. Por ello, propuso atender los puntos críticos, los cuales vulneran nuestro sistema de impartición y procuración de justicia, los cuales inciden en la percepción de la sociedad sobre las autoridades y las instituciones.
Por otra parte se le otorga la razón al General Cienfuegos y su petición de señalar cuándo, cómo, dónde y por cuanto tiempo deben asumir estas ajenas responsabilidades, advirtiendo la necesidad de mencionarlo caso por caso, uno a uno y no generalizar su participación. Con todo y una serie de campañas en contra, los militares, los marinos, siguen siendo un punto de referencia en la confianza ciudadana, destruir su buena fama obligándolos al cumplimiento de tareas para las cuales no están capacitados ni suficientemente dispuestos salvo por lo impuesto por la disciplina, podría resultar contraproducente y ya no hay más instituciones que merezcan, en principio, respeto.
EXPERIENCIA, REQUISITO INUTIL
Pese a la existencia de todos estos antecedentes, hay lugares en donde no vale mirar hacia donde se ha encaminado la inseguridad y cómo se han multiplicado los errores en la impartición de justicia antes de tomar decisiones, las cuales afectarán en un sentido o en otro a la sociedad en su conjunto. En Quintana Roo está cocinándose el nombramiento de un nuevo Fiscal. De recaer la responsabilidad en la encargada actual del despacho, Roxana Lili Campos, quien cuenta con un amplio currículum, habrá de tomarse en consideración la disputa por el control de las plazas llevada a cabo por el narcotráfico, los ejemplos están a la vista y llegaron ya a la zona antes protegida, la hotelera, generándose balaceras con difuntos incluidos en las discotecas de moda. No se trata de las gestiones de autoridad comunes y corrientes, en prácticamente todo el país el escenario no está precisamente para féminas y también está el referente de la procuradora Arely Gómez y sus fracasos.
En situaciones ahora consideradas “normales”, no se duda de las grandes capacidades de las féminas para estar al frente de las tareas más peligrosas como lo son las ligadas a la persecución de maleantes, pero hoy en día el escenario es mucho muy severo y si bien no existen diferencias en capacidades, aptitudes, inteligencia y se cuenta con un elemento del cual carece el sexo masculino: sexto sentido, hay grados de actuación en los cuales difícilmente pueden ser ejecutados por mujeres. Así que serán los legisladores quienes tengan en sus manos las propuestas a presentar al Ejecutivo estatal para, a su vez, enviar una terna o señalar por lo menos a dos para ser votados por el pleno. Los diputados serían llamados para un extraordinario de un solo punto: elegir al Fiscal.
Existen en la fórmula de selección algunos peros nada simples. Está el llamado a las diferentes fracciones parlamentarias para que cada una lleve a quienes considera aptos para el cargo. O sea se permite la entrada de los partidos a un nombramiento que, de entrada, no debe tener ese sello salvo que se requiera el Fiscal a modo para llevar a cabo las venganzas y dejar fluir los odios manifestados en las acciones y reacciones de los últimos tiempos, las cuales no hablan de investigaciones serias, de señalamientos con pruebas fehacientes para ser presentadas a las autoridades correspondientes, sino de supuestos con los cuales deshonran a familias completas e intentan distraer a los ciudadanos de los asuntos verdaderamente importantes, de entre ellos el conocer cuál es el cambio, en que consiste, porque ahora sólo se ha visto el incumplimiento de la palabra, de las promesas hechas en campaña a diferentes sectores.
Politizar la fiscalía representa un peligro para todos, sin excepción de clase, profesión, sexo, religión, etcétera. Si de por sí se ha hecho pública la complicidad del gobierno, de los gobiernos tanto el federal como los estatales y los municipales, con la delincuencia organizada, solamente falta la introducción de un Fiscal a modo para las mafias y para políticos revanchistas. Todas estas situaciones de peligro llegan, incluso, a las cárceles quintanarroenses, en donde no se ha movido al jefe de los custodios de su encargo de director provisional y se siguen fugando los reos saltándose las bardas. Los daños denunciados por la mala alimentación, las pésimas instalaciones, las extorsiones, son heredados, ni quien lo dude; a casi 100 días de haber llegado al gobierno no han movido un solo dedo ya no para detectar, porque detectadas están, todas las fallas sino para mostrar algún intento por corregirlas y esas instalaciones ya aparecen dentro del listado del control de las mafias.
Habrá de observarse si quien ocupe la fiscalía ordenará desalojar a quienes se atrevan a manifestar su inconformidad por la devastación y los daños causados a la laguna Nichpté, al área conocida como Malecón Tajamar, si actuarán en contra de quienes a bordo de canoas, kayaks y veleros, indígenas provenientes de América, Indonesia y Marruecos, reclaman se castigue a quienes destruyen manglares para construir edificios, casas, desarrollos que atentan contra la humanidad al perjudicar a la naturaleza.
Los delitos a perseguir en la entidad van mucho más allá que los que hoy han detectado los prometedores del “cambio” y van los ligados a delincuentes, mafiosos, saqueadores, depredadores, a los violadores de las Leyes de Competencia Económica, aunque debieran contemplar a todos aquellos cuyas acciones van en contra de la palabra empeñada, lo cual representa un engaño y su permanencia un constante fraude por haber puesto a la orden de los ciudadanos capacidades y virtudes inexistentes. Poco falta para lograr también se castigue la doble moral cuando las afectaciones a ésta ya están articuladas en la Ley. Habrá de tenerse muy presente: “los carniceros de hoy son las reses de mañana”.
DE LOS PASILLOS
El gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, declaró a la entidad en emergencia económica ante la imposibilidad de cubrir compromisos de fin de año por 10 mil millones de pesos, los cuales comprenden el pago de sueldos y prestaciones de trabajadores, pago de pensiones, y gasto de operación indispensables como la compra de alimentos y medicinas, entrega económica a la Universidad Veracruzana, así como el pago de participaciones estatales a los ayuntamientos. El mandatario pidió al gobierno federal se solidarice con Veracruz y destine recursos extraordinarios para hacer frente a la crisis financiera, como lo hizo durante el gobierno de Javier Duarte…
Para exigir castigo a los responsables del asesinato de dos estudiantes hace cinco años, durante un operativo policiaco en la Autopista del Sol, normalistas de Ayotzinapa marcharon por las calles de Chilpancingo. En el contingente participan los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace más de dos años en Iguala… El 12 de diciembre del 2011, estudiantes bloquearon la Autopista del Sol para exigir al gobierno de Ángel Aguirre solución a una serie de demandas de carácter educativo. Policías federales, estatales y ministeriales los desalojaron. En el operativo, las fuerzas de seguridad accionaron sus armas y mataron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús. Son cinco años los transcurridos y no hay señales de contar siquiera con una buena investigación, mucho menos han encontrado a los asesinos…
Los gobernadores de la Península, Rolando Zapata de Yucatán, Alejando Moreno de Campeche y el anfitrión de Quintana Roo, firmaron –dentro de los eventos de la COP13- un documento llamado Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Pretenden lograr en un 80 por ciento la reforestación del 11 de diciembre del 2016 al 2020 y para el 2030 ya tener el otro 20 por ciento; manejo forestal sostenible y restauración de dos millones de hectáreas; restaurar playas, dunas, crestas de arrecifes, paisajes bioculturales en 5.5 millones de hectáreas y atraer recursos internacionales para complementar los de la iniciativa privada. Manejo de selvas y pesca, conservar ecosistemas y cuidar el agua. Los cenotes, aproximadamente 7 mil 500 también merecen atención por ser una de las redes subterráneas más complejas del sistema. En este Acuerdo, como puede observarse, cupieron todas las intenciones, el mejor soporte encontrado fue el papel y la referencia es un buen deseo planeado desde los escritorios por asistentes, no por mandatarios. Tan es así que ninguno escuchó la voz de expertos como Sarukan y sus alertas con relación a la contaminación de los mantos por la descarga de aguas negras provenientes tanto de las zonas habitacionales como de las hoteleras. Si esto de proteger el medio ambiente puede esperar hasta el 2030, no es extraño se pueda soñar con liquidar la deuda en el 2046. ¡Suerte! Para quienes sobrevivan y lo vean porque… nunca será realidad.
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