“La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse”: Otto Von Bismark.

Los 19.1 millones de mexicanos que votaron por Enrique Peña Nieto para presidente de la República, el 1 de julio de 2012, lo hicieron conscientes de no ser el hombre con las mejores cualidades para gobernar México. Los movió más el interés de terminar con el régimen de terror del panista Felipe Calderón y, a un sector pudiente, el miedo a un gobierno popular encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el cual afectará sus intereses. Para nadie era un secreto las debilidades intelectuales del ex gobernador del Estado de México, ni la evidencia de moverse como un actor al cual incomoda salirse del guión. No se esperaban grandes cosas del originario de Atlacomulco, pero al menos se tenía la esperanza de no empeorar las condiciones del país. Por eso no extraña, a la mitad de su administración, su confesión pública de no entender las condiciones sociales, políticas y económicas imperantes en territorio nacional.

Tres años después de su elección como presidente de la República, el panorama es desolador. Los avances democráticos de fines de siglo pasado han sido anulados. Las autoridades electorales partidizadas sólo responden a la voz del amo. El crecimiento económico sigue estancado, y no supera el 1.9% del PIB promedio anual. El endeudamiento público crece geométricamente y la devaluación del peso es imparable. El país vive la peor crisis de derechos humanos de su historia. El Estado policial y militar se fortalece y se legaliza. La inseguridad impera a lo largo y ancho del territorio nacional y la suma de muertos alcanza este año los 54 por día, para un total de más de 62 mil 700 asesinatos de diciembre de 2012 a abril de 2016.

La cuestión fundamental de los demócratas mexicanos es: ¿qué hacer –como cuestionaba Lenin a principios del Siglo XX- para desconfigurar o desmantelar pacíficamente un Estado autoritario, represor, corrupto, ineficiente y absolutista, a fin de consolidar un gobierno popular y democrático? Por desgracia, hasta el momento, no hay una respuesta adecuada a esa interrogante.

Mientras, las últimas acciones del gobierno federal desnudan su carácter autoritario: el despido de más de 4 mil maestros disidentes en paro, con el argumento de la aplicación estricta de la ley para sacar adelante la repudiada reforma educativa; la inoportuna legalización de matrimonio igualitario en el país, para relanzar mediáticamente esta administración; el bloqueo a la investigación sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la exoneración de los militares en el caso Tlatlaya; la despetrolización de la economía en la peor coyuntura internacional con la reforma energética, un despojo al pueblo de México; y los recortes presupuestales cancelando inversión pública y programas sociales.

Enrique Peña Nieto admite no entender el entorno socioeconómico en el país en una amplia entrevista publicada este lunes en el diario “La Jornada”. Del rechazo de los profesores a la reforma educativa, señala: “no se a qué atribuirlo”. Y de los despidos anunciados por su delfín y secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, justifica: “el Estado no tiene ningún margen de interpretación para una cosa distinta que no sea aplicar la ley”. Y remata: “liderazgos magisteriales han distorsionado y confundido los cambios educativos”.

La cerrazón es la política en materia educativa exhibida por su gobierno. Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, señaló una vez más: “no tiene sentido sentarse a dialogar con la disidencia magisterial. La reforma educativa no puede negociarse y no tiene marcha atrás”. Durante una visita a la escuela primaria Antonio Barbosa Heldt, en la delegación Iztapalapa, el funcionario aseguró: en los estados de Oaxaca y Guerrero ya trabajan la totalidad de las escuelas, mientras en Michoacán y Chiapas lo hace casi el 90 por ciento. En torno al despido de más de 4 mil maestros en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, advirtió: continuará la rescisión laboral de todos aquellos maestros que acumulen más de tres ausencia en sus centros de trabajo.

AYOTZINAPA

Pero el máximo desconocimiento lo exhibe en torno al caso Ayotzinapa: “nunca he logrado entender una cosa: ¿cuándo pasó el gobierno a ser señalado, si lo único que quiso fue atraer un asunto ocurrido en una entidad, Guerrero?”. Y cuestiona: ¿cuándo pasamos a ser señalados como implicados, culpables?” La perplejidad del titular del Ejecutivo Federal es de llamar la atención, pero ello no oculta a este caso como uno de los principales pendientes de su administración y está en el centro de la atención pública mundial.

Este fin de semana, representantes del gobierno mexicano se reunieron en Washington con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual coadyuvó durante 14 meses a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La delegación mexicana fue recibida por el presidente de la Comisión y Relator de país, James Cavallaro, quien el pasado 25 de abril exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a continuar con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos por policías y criminales el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Los padres de los normalistas desaparecidos no confían en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR); piden la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); y exigen investigar las irregularidades detectadas por el GIEI en su informe final, como ha sido las alteraciones en la evidencia balística, la fragmentación del caso Ayotzinapa, y la no atención a otras líneas de investigación propuestas por los integrantes de la Comisión Interamericana.

“MAL HUMOR SOCIAL”

Sobre la iniciativa de los matrimonios igualitarios, Peña Nieto asegura: “en sentido estricto no hubo cálculo político ni electoral. Tampoco en razón de si era oportuno hacerlo”. Al cuestionársele si se trató de un relanzamiento de su gobierno, aseguró: “con toda honestidad, no trabajo para las encuestas”. ¿Quién le cree?

En torno a su percepción de la existencia de “mal humor social”, la cual no se explica porque, según él, “todos los indicadores hablan de que estamos avanzando”, lo atribuye a la libertad en las redes sociales, las cuales, dice, se han convertido en plazas públicas, donde se escuchan distintas voces y expresiones. El inquilino de Los Pinos no ve la relación de esto con la pérdida del nivel de vida de los trabajadores; con la depauperización de su salario; con la pérdida de su poder adquisitivo; con la imparable devaluación del peso frente al dólar; con el recorte al presupuesto público que cancela inversiones y detona despidos masivos; o con la corrupción en las instituciones públicas y el enriquecimiento impune de funcionarios.

En los últimos tres años la precarización del empleo se agudizó: el número de personas que gana hasta tres salarios mínimos aumentó 3 millones 811 mil 485 personas, en tanto el segmento de más de tres salarios tuvo una pérdida de 2 millones 9,509 personas. De mantenerse esta tendencia en el mercado laboral, en el mediano plazo disminuirá el dinamismo del consumo, lo cual reduce la posibilidad de un mayor ritmo de avance de la economía en los próximos años. “El bajo crecimiento económico, ausencia de Estado de Derecho, corrupción, impunidad, inseguridad, exceso de regulación y otros factores más siguen ganando terreno y limitando la posibilidad de un entorno más amigable para los negocios”, como advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Y el próximo año pinta peor. El gobierno federal tendrá menos recursos, por lo cual “se deberán revisar todos los programas sociales para darle prioridad a aquellos que verdaderamente beneficien a la sociedad”, advirtió Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Tenemos una disminución de los ingresos petroleros, y ello nos tiene que llevar a mejorar el uso de lo recursos, la calidad del gasto público y tener un gobierno austero y eficiente para destinar los recursos a aquellos programas que beneficien de mejor manera a la ciudadanía”, subrayó.

La baja de los precios del petróleo obligará a la actual administración federal a revisar todas las estructuras del gobierno federal y los presupuestos de los programas. Desde el año pasado hay un ejercicio de mayor austeridad, eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, tendencia que continuará en 2017, lo cual se reflejará en la propuesta de presupuesto a entregarse en septiembre en la Cámara de Diputados, dijo el funcionario.

INSEGURIDAD A LA ALZA

Tampoco ve la relación del “mal humor social” con la inseguridad que prevalece a lo largo y ancho del territorio nacional. En promedio en este año se han cometido 54 asesinatos cada día; en total de enero a abril pasado, han ocurrido 6 mil 576 homicidios dolosos. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran 62 mil 707 asesinatos de diciembre de 2012 a abril de 2016. Y los estados donde se cometen más homicidios dolosos siguen siendo el Estado de México y Guerrero, según las denuncias presentadas ante las autoridades.

No ve la vinculación con la desaparición de miles de personas, con el hallazgo de centenas de cuerpos enterrados en fosas clandestinas, como en Tetelcingo, Morelos, donde los trabajos de exhumación de los más de 100 cuerpos enterrados en dos fosas clandestinas iniciaron con una oración. Las preguntas a despejarse son: ¿quiénes son y quiénes los están buscando? ¿Quién los trasladó a una fosa común sin integrar debidamente las carpetas de investigación?

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de impedir se lleve a cabo la exhumación de 150 cadáveres enterrados clandestinamente en dos fosas del poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla. Desde Cuernavaca, el fiscal de la entidad, Javier Pérez Durón, declaró es probable se suspenda la diligencia de exhumación porque no debe haber más que peritos y el agente del Ministerio Público en el perímetro que circunda las fosas…

ELECCIONES 2018

A dos semanas de las elecciones en 13 entidades de la República, Peña Nieto señala que los resultados de estos comicios no tendrán relación con las elecciones federales y presidenciales del 2018. Se anticipa así a probables resultados adversos para su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Los comicios no serán un día de campo. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales anunció un gran despliegue ministerial en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Puebla y Oaxaca, entidades donde se concentra el mayor número de denuncias por delitos electorales.

Se han denunciado a servidores públicos en varias entidades federativas, relacionados con el condicionamiento de programas sociales. De octubre de 2015 al 19 de mayo de este año, hay mil 538 investigaciones relacionadas con los procesos electorales 2016. La “guerra sucia” está en pleno, como en Tamaulipas, donde el PAN acusa al PRI de usar fotomontajes para vincular al candidato del blanquiazul a gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, con organizaciones criminales.

Por cierto, en la mayor parte de los estados con elecciones a gobernador se registran incrementos significativos en la deuda pública. Zacatecas, Chihuahua, Veracruz y Durango presentan incrementos muy por encima del promedio nacional. Veracruz duplicó su endeudamiento, mientras que Chihuahua lo triplicó. En estas dos últimas entidades el ingreso per capita se contrajo y la población se empobreció.

DE LOS PASILLOS

El proceso de extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán es un momento histórico en la materia. Es posible que el capo sinaloense haga con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo de silencio, de no comentar asuntos polémicos y delicados para el propio gobierno estadounidense, y con su juicio y sentencia no pasaría nada. O hablar y sacar a relucir esquemas y mecanismos del narcotráfico y la protección de autoridades a esta actividad durante las últimas cuatro décadas…

La semana inició con el regreso de presiones cambiarias para el peso, el cual sigue vulnerable ante la aversión al riesgo y la fortaleza del dólar a nivel global, además de los temores vigentes respecto al posible incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para junio. La debilidad de la moneda mexicana se generó por la caída en los precios de petróleo y la cautela de los participantes del mercado, quienes se desprenden de sus activos de riesgo para buscar refugios más seguros como el dólar. El billete verde en ventanilla se vendió en 18.81 unidades, cifra mayor a 18.53 del viernes, de acuerdo con datos de Banamex.

La mañana de ayer, seis Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) reanudaron clases tras haber estado semanas en paro, en protesta por la adscripción orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las vocacionales 2, 4, 7, 10, 12 y 13 reanudaron clases, con lo que suman 14 de 19 de estas escuelas con actividades normales…

Al cumplirse 23 años del asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez aseguró: la muerte del sacerdote fue, presuntamente, un crimen de estado, orquestado por el entonces procurador Jorge Carpizo y ejecutado por el jefe de la Policía Judicial, Rodolfo León Aragón. El motivo, explicó, fue porque Posadas, entonces arzobispo de Guadalajara, acusó ante el presidente Carlos Salinas que varios políticos estaban inmiscuidos con el narcotráfico y redes de prostitución, lo cual no cayó bien en las altas esferas del poder. “Lo amenazaron, lo echaron y al mes murió”, subrayó Sandoval.

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