“Incierto es el lugar donde la muerte te espera; espérala pues, en todo lugar”: Francis Bacon

La violencia en el país se recrudece y tiene un impacto de casi 273 mil millones de dólares, equivalente a 14 por ciento del PIB y unos 2 mil 177 dólares por mexicano. También la impunidad impera, como lo ejemplifica el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, donde la Procuraduría General de la República (PGR) se aferra a su línea original de investigación: “la verdad histórica”. El aumento de la militarización y el incremento de los desplazados a consecuencia de la guerra contra las drogas, llevó al país a ser el peor clasificado, después de Venezuela y Colombia, en el Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Bruselas y Nueva York. La escalada de homicidios en territorio nacional es registrada también por organizaciones no gubernamentales.

La seguridad en territorio nacional y el respeto a los derechos humanos es otra promesa incumplida del presidente Enrique Peña Nieto, a quien las facturas se las han cobrado los electores en las urnas. En el Índice de Paz Global, México ocupa el lugar 140 entre los 163 países analizados con base en criterios, como grado de militarización, nivel de protección a la sociedad y los niveles de violencia: Venezuela y Colombia figuran en el escalafón 154 y 158, respectivamente. El país retrocedió 47 posiciones desde 2008, cuando ocupó el lugar 93, y es el menos pacífico en Centroamérica. La explosión de la violencia se registró cuando el gobierno de Felipe Calderón inició su campaña contra los cárteles en 2007. En esta administración, entre 2013 y 2014, registró más de 30 mil muertes.

El homicidio doloso es considerado uno de los indicadores más distintivos del deterioro de la seguridad en determinada región, debido a que exhibe la violencia letal ejercida. El año pasado, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, se presentaron 17 mil 27 averiguaciones previas por homicidio doloso correspondientes a 18 mil 650 víctimas. Respecto del año anterior, las averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes aumentaron 7.62% y las víctimas incrementaron 6.45 por ciento. Los homicidios dolosos han escalado incluso en entidades como Baja California Sur, Colima, Oaxaca, Tabasco, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, estados que en otros años se consideraban tranquilos.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) destacan a Baja California Sur, entidad en la cual no tenía más de 70 homicidios anuales, en promedio, para 2015 la cifra aumentó a 151 y entre enero y abril de este año suma tres decenas. Colima es otro ejemplo: en 2012 hubo 287 casos; para 2015 se perpetraron 167, pero entre enero y abril de este año suman 2006. La tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en Colima creció 68.86% de 2014 a 2015. Guanajuato, antes de 2014 no tenía más de 800 homicidios. Pero el año pasado la cifra alcanzó 879 y en el primer cuatrimestre del año suman 300 casos. También Querétaro se había caracterizado por ser una entidad sin mayores cambios. En delitos dolosos había tenido 103 víctimas en 2014, mientras que en 2015 alcanzó 144, es decir, creció 39.81 por ciento.

Oaxaca registra un evidente deterioro en el actual sexenio. En 2012 lo homicidios sumaban 472 y para 2015 alcanzaron 725, mientras, entre enero y abril de 2016, la cifra es de 283. Tabasco contabilizaba 124 homicidios dolosos en 2012, mientras en 2015 fueron 233, y entre enero y abril del presente año sumaron 70. Y en Zacatecas, el promedio anual de homicidios dolosos no llegaba a los 200. El año pasado, la cifra fue de 235 y en cuatro meses ocurrieron 160 casos. De 2014 a 2015 el homicidio doloso creció 104.47 por ciento.

Algunas entidades habían logrado recuperase de la ola de violencia, pero volvieron a caer. Baja California tenía 590 homicidios dolosos en 2012, y para 2015 la cifra alcanzó 830, mientras en el primer cuatrimestre del año en curso ya suman 356.

IMPUNIDAD

La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Arely Gómez, se aferra a su línea original de investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y, aún más, sostiene en su cargo a Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y autor de la “verdad histórica”, desmantelada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La dependencia sólo informó de la sustitución del fiscal que lleva las investigaciones del caso y de la directora de Servicios Periciales. La PGR dio largas a la exigencia de separar a Tomás Zerón de Lucio de la dirección de la Agencia de Investigación Criminal, con el argumento de estar sujeto aún a una investigación interna “próxima a concluir”.

Los padres de familia de los estudiantes desaparecidos insistieron, durante la reunión del miércoles con la procuradora Arely Gómez, en la exigencia de separar del cargo a Tomás Zerón, como una condición indispensable para la credibilidad de las pesquisas. También demandaron continuar con las líneas de investigación dejadas por el GIEI, entre las cuales están la búsqueda de los estudiantes en Huitzuco, profundizar en la hipótesis del quinto camión, el cual transportaría droga o dinero y éste sería el motivo de la agresión contra los jóvenes normalistas, así como el análisis de las comunicaciones por vía celular de los estudiantes y policías en los días de los hechos.

En esa reunión con familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, funcionarios de la PGR confirmaron mantener como principal línea de investigación, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014, la tesis de que los estudiantes fueron a Iguala a tomar camiones para llevarlos a su escuela, “situación que motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos a actuar presumiblemente en su contra, solicitando a elementos de las policías de Iguala y Cocula detenerlos y entregárselos, para privarlos de su liberad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”.

Eber Betanzos Torres, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, sostuvo: “esa línea de investigación tiene mayores índicos y añadió que no obstante haber agotado “otras” líneas en las que no se han obtenido resultados, se seguirá investigando con toda exhaustividad”. El funcionario explicó el modo de operar de ese grupo delictivo en contra de sus enemigos: “al parecer” atiende a diversos factores que generen desmane en su territorio y “calientan la plaza”. Al darse alguno de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la policía municipal; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas, señaló en alusión a la tesis de la PGR sobre la desaparición de los normalistas.

Betanzos también mencionó se agilizará la tramitación de la asistencia jurídica internacional, solicitada a las autoridades de Estados Unidos, para profundizar en la línea de investigación sobre el llamado “quinto autobús” y se indaga la posible participación de policías municipales de Huitzuco en la detención de los estudiantes.

Antes, en la reunión de la procuradora con los padres de los normalistas, la funcionaria dio instrucciones a Alfredo Higuera Bernal, titular de la oficina de investigación, y al nuevo coordinador general de Servicios Periciales, Jorge Alberto Zúñiga Malvárez, para actuar “con estricto apego a la ley, honestidad, con transparencia absoluta y privilegiando en todo momento el diálogo y trabajo cercano de los padres”.

Durante una conferencia de prensa, los padres de familia criticaron los pocos avances en la investigación. Mario César González y Emiliano Navarrete, a nombre de los padres de familia, manifestaron su impotencia y frustración por los escasos o nulos avances en la investigación, en un proceso donde “parece que ignoran” las recomendaciones dejadas por el GIEI. La PGR les informó se retomará la búsqueda de los estudiantes normalistas, en la cual ellos mismos participarán como coadyuvantes.

La PGR ya les hizo llegar el informe sobre el caso Iguala, en el cual se describen las actuaciones del Ministerio Público federal durante la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, informó Santiago Aguirre, representante de los padres de familia y presente también en la reunión de casi dos horas

Por otro lado, el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Igual está garantizado, a pesar de la grave crisis financiera del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguraron los padres de los normalistas desaparecidos. Por su parte, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) urgió al gobierno mexicano a investigar con seriedad las denuncias de tortura en el caso Ayotzinapa, y separar de sus cargos a los funcionarios que han obstruido la investigación, como el caso particular de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal.

La OMCT, principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier trato cruel e inhumano, exhortó a las autoridades mexicanas a aceptar y brindar el apoyo necesario al mecanismo de seguimiento para garantizar la implementación de las recomendaciones del GIEI sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. También expresó su preocupación ante el hecho de que 17 personas inculpadas en la desaparición de los estudiantes alegaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos desde su detención, situación de la que GIEI proporciona evidencias médicas.

DE LOS PASILLOS

El endeudamiento del país sigue a todo galope. El gobierno federal realizó ayer su última emisión de deuda del año en Japón por 1,350 millones de yenes (aproximadamente 1,250 millones de dólares) en cuatro bonos a plazos de 3, 5 10 y 20 años. Con esta emisión de bonos samuráis, el gobierno federal concluye su programa de financiamiento externo de este año, aseguró Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El nivel de deuda del país representa ya 48.6% del Producto Interno Bruto (PIB)…

Aportela también advirtió a los estados del país deberán devolver los 10 mil millones de pesos recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), debido a que recibirán más participaciones de las planeadas. La estimación de participaciones a pagarse a las entidades federativas resultará más elevada de lo presupuestado inicialmente y, por ello, los gobiernos locales deberán devolver los recursos del FEIEF transferidos la segunda semana de abril. Hacienda había transferido los 10 mil millones de pesos debido a una caída en las participaciones en el primer trimestre del año, pero ante su recuperación, la dependencia pedirá la devolución…

Por falta de dinero, seis de cada diez hogares en México no tienen acceso a Internet, reveló el estudio “Contexto digital México”, de BBVA Bancomer, el principal intermediario financiero del país. Otro 11 por ciento de los hogares no está conectado a la red por falta de habilidades de sus integrantes; 27 por ciento no lo hace por falta de interés o necesidad. El restante dos por ciento está desconectado por “otras razones”. Las actividades más populares cuando una persona se conecta a internet son: comunicarse con otras personas, consultar información y ocio.

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