“Un hombre nulo es algo terrible; pero hay otra cosa peor: un hombre anulado”: Honorato De Balzac
Existen registros para medir el impacto negativo del Tratado de Libre Comercio firmado por Carlos Salinas de Gortari y Bill Clinton, en México. Es a partir de esa negociación se presenta el derrumbe de la industria y el comercio nacional, la decadencia del campo y se da rienda suelta a las importaciones, interrumpiéndose así el porcentaje de crecimiento equilibrado y permanente. Resulta no son cinco sino 31 entidades de 50 existentes en los EU los afectados de cancelarse este sistema comercial. Las exportaciones suman 212 mil 385 millones de dólares según los datos recabados por un diario de circulación en la capital del país, basada en estimaciones del propio gobierno estadounidense y de las cámaras de comercio.
La mayoría de los empleados en las labores del campo son mexicanos y se encuentran en California, Arizona, Texas, Michigan, Illinois, Nuevo México, Ohio, Louisiana, Tennessee, Indiana, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Nueva Jersey, Missouri, Kentucky, Iowa, Arkansas, New Hampshire, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Kansas, Virginia, Misisippi, Rodhe Island, Nebraska, Colorado y Oklahoma, justo en las tierras de donde provienen todas esas importaciones provocadoras de una desequilibrada balanza comercial. En México nos quieren hacer creer una visión contraria, como si fuésemos los dañados con la cancelación del Tratado de referencia y claramente puede verse no es así.
Por lo tanto, una defensa sin estrategia tendería a seguir adelante con los beneficios para el vecino del norte, por más que Donald Trump declarara ha sido México el abusivo. Según Andrés Rozental, en este país viven más de un millón de estadounidenses y no en calidad de turistas, sino trabajando, encabezando empresas propias y, de esa cantidad, al menos la mitad están en calidad de indocumentados, sus visas turísticas vencieron hace mucho tiempo, llegaron y les gustó, así de simple. Aparecen en este escenario de estancias ilegales los más de 500 mil originarios de otros países cuyo destino son los EU, quienes atraviesan el territorio nacional anualmente. Connacionales son del orden de 80 mil, la diferencia es muy grande y sin embargo no se escucha a los presidentes de los países de Centro y Sudamérica mostrar tanta alarma por el regreso de sus paisanos. El riesgo en este renglón es se culpe a las autoridades mexicanas de ser el retén de prohibición de ese flujo centroamericano.
Según el vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, un tercer tema sobre el cual los negociadores pueden apuntar se refiere a la drogadicción: “en este tema, ya en Estados Unidos más de la mitad de los estados de la Unión Americana han legalizado, por lo menos el uso medicinal y, en algunos casos, el uso recreativo de la mariguana. En cambio, aquí, seguimos nosotros como policías, impidiendo el paso de mariguana de México a Estados Unidos”. Estos temas más los relacionados con el área comercial le dan a los representantes de Peña Nieto suficientes “canicas para jugar”.
Aunque habrán de tomarse en consideración las posibilidades de reacción ante la urgencia del Ejecutivo mexicano por firmar un TPP “alternativo”, convertido en acuerdos bilaterales, con Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam con los cuales no existen tratos comerciales documentados. Según Idelfonso Guajardo, vienen trabajando desde hace cuatro años en la diversificación de los puentes comerciales. Según el Tratado original, se incluiría Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia y Perú. Ante la negativa de aceptación de DT a este documento, el titular de Economía buscó estas otras alternativas con las cuales se ve buscan nuevamente las importaciones, pues es en Australia y Nueva Zelanda en donde se produce de manera relevante todo lo relacionado con los lácteos. Nuestro país tiene en el portafolio a ofrecer: manufactura automotriz, otras basadas en los bajísimos salarios y lo relacionado a la energía, al petróleo y a infraestructura turística. De nueva cuenta salen a relucir las “gallinas de los huevos de oro”.
Ante estos oscuros panoramas se busca una unidad nacional la cual, manejada como hacen con el gobierno, los dictados, las reformas, constituirá un arma cuyo filo no se conoce hacia donde apuntará. Si esta unidad va hacia apoyar un modelo de crecimiento surgido de las mejores mentes del país, con establecimiento de razones reales y completas, valdrá la pena y podrá verse, aunque no sea en breve, no inmediatamente un cambio que irá más allá de banderas de partidos o personalidades en el poder. Lo cual no estaría mal y podrían verse alternativas para retomar rumbos exitosos. Al contrario, nada está escrito, aunque tampoco es indeseable porque ante sacudidas completas puede existir el resurgimiento.
TRUMP Y LA GANANCIA PARA EPN
El factor Donald Trump sirve al régimen de Enrique Peña Nieto como una gran cortina de humo para cubrir las garrafales fallas de esta administración y atraer un apoyo no existente a la persona del mexiquense en la confrontación con el gobierno de Estados Unidos. El repudio al inquilino de Los Pinos se mantiene, no ha disminuido, crece, porque no hay cambios en sus políticas económicas, hacendarias y de seguridad. Insisten en el mismo esquema y se obtienen los mismos adversos resultados: 64 millones de mexicanos en la pobreza, 53 por ciento de la población; una economía en franca desaceleración con un desempeño a la fecha mediocre; un abierto y grosero despilfarro de los recursos tributarios de la nación por parte de la administración pública en sus tres niveles, agudizado por la corrupción y la impunidad prevaleciente; la ola de violencia se acrecienta: el año pasado fue el más violento en lo que va de este gestión federal y en enero se mantiene esta tendencia. Sigue sin resolverse la aguda crisis de derechos humanos y no se avanza en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, entre otros. No hay cambios en la estrategia y se opta por militarizar al país ante la multiplicación de los conflictos sociales, lo cual traerá más consecuencias nefastas que beneficios para la población.
De acuerdo a la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a pesar de los multimillonarios recursos gastados, en el país existe el mismo porcentaje de pobres que hace 25 años, mientras alrededor de 12 millones concentran la mitad del ingreso y 108 millones viven con el resto. A pesar de la aprobación de las reformas estructurales de Peña Nieto, la economía frena cada vez más: creció 0.6 por ciento en el cuarto trimestre de 2016 respecto al trimestre inmediato anterior, según cifras preliminares y ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística (INEGI). En el tercer trimestre del año pasado el PIB del país creció sólo 1.0 por ciento. En 2016, el PIB subió 2.3%, una variación inferior al 2.7% de 2015.Y lo peor esta por venir pues la economía nacional está en un terreno difícil por los planes de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Aún no se asimilan los efectos del primer gasolinazo del año –ni las protestas en su contra, las cuales se multiplican en todo el territorio nacional, incluyendo la capital de la República- y estamos a unas horas del segundo, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está midiendo el agua a los camotes para aplicarlo o no –o “suavizarlo”- el próximo viernes. Los gasolinazos –como lo explicamos en estas mismas líneas- son medidas meramente recaudatorias, las cuales hasta el momento han servido de poco debido al despilfarro de los recursos por parte de la administración federal. A pesar de haber señalado oficialmente el año pasado sería de austeridad, el gasto público total fue superior en 12.2 por ciento al programado, de acuerdo al informe trimestral de la Secretaría de Hacienda. El gasto total sumó 5 billones 343 mil 759 millones de pesos, el cual resultó superior en 579 mil 884 millones de pesos a la meta. Ni el recorte al presupuesto ni las medidas de austeridad presumidas por el gobierno fueron suficientes para frenar la indisciplina en el gasto público.
Las principales responsables del gasto excesivo fueron las secretarías de gobierno. En conjunto, rebasaron el gasto aprobado para 2016 en 379 mil 942 millones de pesos. Presidencia de la República fue quien más se excedió: tenía aprobado mil 922 millones de pesos el año pasado, pero gastó 3 mil 553 millones, es decir, 84.8 por ciento más. La única explicación para este exceso fue: “actividades de seguridad y logística, para garantizar la seguridad del Ejecutivo Federal”. Hacienda también se excedió en sus gastos: erogó 47 mil 426 millones de p esos, es decir, 18 mil 924 millones de pesos por arriba de su presupuesto aprobado o 66.4 por ciento. Relaciones Exteriores también se excedió: gastó 12 mil 413 millones de pesos, 58.3 por ciento arriba de la meta. La Secretaría de Turismo erogó 8 mil 221 millones de pesos, 57.8% más que el aprobado. La Secretaría de la Función Pública gastó 2 mil 221 millones de pesos, 71.3 por ciento adicional. Y el gasto excesivo sigue…
CRECE VIOLENCIA
Al mismo tiempo, la ola de violencia sigue incrementándose. El pasado fue un fin de semana violento en donde se registraron tres decenas de víctimas en Baja California Sur, Guerrero y Morelos, de acuerdo a reportes oficiales. No hay modificación a la estrategia seguida desde los mandatos federales panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón por lo cual se obtienen los mismos resultados. Durante el “calderonato” los operativos del Ejercito registraron altos índices de letalidad en los cuales casi siempre hubo más muertos que heridos. De acuerdo a un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), basado en información oficial de 3 mil 327 combates registrados en el sexenio pasado, cuatro de cada diez combates fueron “eventos de letalidad perfecta”, es decir, sólo registraron muertos y ningún herido. Año con año se incrementaron estos eventos, desde 15 en 2007 hasta 451 en 2011. Esto, según los autores del estudio, Alejandro Madrazo y Óscar Siorda, evidencia una acción sistemática de las fuerzas armadas para exterminar “presuntos delincuentes”.
Los investigadores destacaron: “desde 2011 ya teníamos fuertes indicios que lo que había era una política de exterminio, los hallazgos que nosotros pudimos hacer con esta base de datos, nos dicen dos cosas o tres cosas que van en ese sentido”. La política de exterminio, explicaron, se dio, o bien porque las fuerzas armadas hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, o bien porque cometieron ejecuciones extrajudiciales, cuando ya los presuntos delincuentes estaban vencidos. Ejemplo de esto son los hechos ocurridos en este sexenio en Tlatlaya, Estado de México, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales en algunas de las 22 muertes registradas, y en Tanhuato, Michoacán, donde la Policía Federal abatió a 42 personas.
Madrazo subrayó: “los índices de letalidad son muy superiores a los que registran ejércitos en guerra, en donde generalmente hay más heridos que muertos, pero en el caso de México, en el periodo analizado, no se dio ese comportamiento”. “En su momento, el Centro Pro dio a conocer en el caso Tlatlaya que había una orden (militar) que decía que había que guardarse en los cuarteles de día y salir de noche masivamente, por lo menos en esa región militar tenemos un caso, en el cual hay una orden de exterminio, de limpieza social y no una orden de ir a detener delincuentes, una orden de ir a exterminar delincuentes”, ejemplificó.
No obstante estos antecedentes, la única opción del gobierno de Peña Nieto para enfrentar la creciente ola de violencia y la multiplicación de los conflictos sociales es la militarización y hacia allá están enfocando sus esfuerzos. En el Congreso de la Unión están en análisis las iniciativas del PRI y el PAN para crear la Ley de Seguridad Interior, las cuales son calificadas como “peligrosas” por diversos especialistas y académicos. No acotan ni controlan la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico; por el contrario, permiten un despliegue militar unilateral en total opacidad, advierte Alejandro Madrazo Lajous, académico e investigador.
Las iniciativas del priísta César Camacho y el panista Roberto Gil son inconstitucionales y “peligrosamente laxas” en sus definiciones y llegan al extremo de autorizar a las fuerzas armadas neutralizar o reprimir protestas pacíficas. De aprobarse en sus términos estas iniciativas, “se legaliza a nivel constitucional la militarización del país”, subrayó el también director del Programa de Política Antidrogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien destaca el Congreso no tiene facultad para legislar en materia de seguridad interior, sino en seguridad nacional. Las iniciativas presentadas no establecen controles para la participación militar en el combate al narcotráfico, por lo que “todo puede pasar”. Ambas definen que el Presidente podrá desplegar a las fuerzas armadas “para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”, es decir, para contener o reprimir protestas o manifestaciones pacíficas. El uso y despliegue militar pueden ser realizados unilateralmente por el Ejecutivo, sin ningún control efectivo del Congreso, destacó el especialista.
Legalizar la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, con un marco jurídico “tan laxo y poco transparente” –desde el 2014 el Ejercito decidió no dar a conocer los datos de letalidad de su actuación- es muy delicado, subrayó Madrazo, quien preciso: “entre 2003 y 2007, más de 3 mil ciudadanos han muerto a manos de las fuerzas públicas, sin que haya un juicio o una investigación y ahora ya ni siquiera podrán saberse las cifras”. En efecto, la iniciativa priísta señala cualquier información generada con la aplicación de la ley se considerará de seguridad nacional y por tanto queda reservada.
ANALIZAN PRÓXIMO GASOLINAZO
El titular de la SHCP, José Antonio Meade, confirmó: se analiza la posibilidad de suspender temporalmente en febrero el calendario establecido para la liberación de los precios de las gasolinas en México. Al ser cuestionado sobre el calendario de precios, que este viernes tiene programado el nuevo anuncio para la semana del 4 al 10 de febrero, el funcionario señaló analizan todas las opciones para reducir la volatilidad y mantener firmes las finanzas públicas. “Es un tema que estamos viendo, hay mucha volatilidad en el tipo de cambio, estamos revisando y estamos buscando encontrar un equilibrio entre las finanzas públicas y buscar suavizar parte de la volatilidad”, manifestó. Al cuestionarlo sobre la posibilidad de suspender temporalmente en febrero el aumento al precio de las gasolinas, respondió: “lo estamos revisando” y recalcó cualquier anuncio de precios nuevos o suspensión temporal se dará el próximo viernes.
Este martes, en la capital de la República, integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo contra el gasolinazo y las reformas estructurales. “¡Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular!” y “¡Se ve, se siente, el FAC está presente!”, gritaron los inconformes, quienes reprocharon que por el aumento en el precio de los combustibles se incrementó el costo de los productos de la canasta básica.
Los campesinos inconformes procedentes de Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Sonora y Sinaloa, pertenecen a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y del Movimiento Social por la Tierra.
En la Secretaría de Energía, en Insurgentes Sur y Eje 5 Sur, protestaron integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) por el aumento en el precio de los combustibles, las reformas estructurales y en demanda de una política social que incorpore a la población al desarrollo. En Eje 7 Sur y Cuauhtémoc, se movilizaron campesinos frente a la Secretaría de Agricultura.
El domingo pasado fue el tercero de protestas contra el gasolinazo y las reformas efectuadas en Baja California, Guerreo, Hidalgo, Aguascalientes y Chihuahua. Alrededor de 2 mil personas se manifestaron frente al palacio municipal en Mexicali contra el gasolinazo y las reformas efectuadas por el gobierno panista en la entidad. El mandatario panista, Francisco Vega de la Madrid, decretó aumentos y modificaciones para hacer financieramente viables las desaladoras y la infraestructura para privatizar el servicio de agua potable, lo que puso en pie de guerra a varios sectores sociales.
Las manifestaciones de inconformidad continuaron también en Ixmiquilpan y Tulancingo, Hidalgo; en la capital de Aguascalientes; en Ciudad Juárez, Chihuahua; y Acapulco, Guerrero. En esta última localidad, abogados independientes comenzaron a recolectar firmas en el zócalo del puerto, con la finalidad de presentar amparos para que los ciudadanos no paguen el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) al comprar gasolina. Buscan que el juzgado de Distrito otorgue la suspensión provisional del acto reclamado, lo cual significaría que propietarios de gasolineras deberían devolver a los consumidores el monto equivalente al IEPS.
DE LOS PASILLOS
La Asamblea Constituyente concluyó sus trabajos de dictaminación del articulado de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018. El Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la ciudad a la Constitución a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Se tendrá como plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que la Asamblea Legislativa expida las leyes de la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y las normas para implementar las disposiciones constitucionales para la organización política y administrativa local. Las normas del pode legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre del 2018; las del poder ejecutivo el 5 de diciembre del 2018; mientras que las de la Sala Constitucional a partir del 1 de enero de 2019…
Se ha presentado una controversia constitucional en contra de los dictados elaborados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en los cuales, según dimos a conocer en estas mismas líneas, pretenden controlar la información en medio electrónicos y dan trato de discapacitados mentales a los ciudadanos, al ordenar cortinillas en las cuales se especifique el momento en el cual se lanzan informaciones, se hace la división cuando se trata de opiniones y se marca el llamado de principio y fin de comerciales. Prohíben los infomerciales y dañan los ingresos de los concesionarios, además marcan multas de hasta 3 por ciento de los ingresos netos en una primera comisión de faltas y de 6 por ciento en reincidencias hasta llegar al retiro de la concesión otorgada… Se marca no cuenta el IFT con respaldo constitucional para emitir estos Decretos sobre las audiencias y sólo están facultados para emitir aquellos en los cuales tiene que ver su operación y nada más. Se dijo entrarían estas determinaciones en vigor este días, sin embargo, será hasta el 17 de febrero, aunque lo más probable es sigan el mismo camino de la Ley de Réplica: la congeladora…
Lo más increíble puede vivirse en Quintana Roo. Lo mismo se presenta una gira itinerante de seguridad encabezada por el gobernador Carlos Joaquín, la cual es más vista como de expulsión de chetumaleños agotados ante el incumplimiento de promesas de campaña, que de darle a los ciudadanos certidumbre sobre sus personas y patrimonios… Dotaron de equipo a los policías, quienes siguen sin recibir capacitación para el debido manejo de nuevas motos, lo cual provocó ya el primer accidente… Causó admiración ver a los policías federales entregando juguetes y despensas en una escuela, cuando se supone fueron enviados a otras tareas… Siendo éste un polo turístico considerado el “mejor y más grande huevo de la gallina”, no se inscribe en el Tianguis 2018 del sector argumentando la mala situación económica. Antes ya se habló de la cancelación en las ferias. Todo esto puede llevar al reporte de ocupaciones menores, con lo cual la columna vertebral económica sufrirá alteraciones con las graves consecuencias para los ciudadanos. Una mala visión del significado de la austeridad es lo reinante. Se descuidan los renglones de atracción de visitantes y encima se minimiza la seguridad… Aparece el FBI y se declara no reciben información suficiente de la Fiscalía para aclarar los eventos en Playa del Carmen, Cancún y en las agresiones a los edificios gubernamentales… Como se recordará, Felipe Calderón dio entrada a organizaciones de investigación de EU con todo y el permiso para portación de armas de los enviados. Dado el manejo de los estupefacientes y los acuerdos en lo oscurito en donde se permite la actuación de la delincuencia organizada en los puntos más sensibles de la diversión de turistas, la confusión y la incertidumbre van a la alza, igualito que la prostitución en zonas muy visibles dentro de la ciudad… La negación sobre negociación con la delincuencia expresada por Carlos Joaquín González ¿qué significa?
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