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Gobierno mexicano: en una guerra violenta y sin resultados ante inseguridad e impunidad

Gobierno mexicano: en una guerra violenta y sin resultados ante inseguridad e impunidad

En el informe denominado Atrocidades innegable, publicado por Open Society Justice Initiative, con sede en Nueva York, organismo que se encarga de realizar estudios y capacitar a personas en materia de derechos humanos y valores, asegura que el gobierno mexicano ha cometido crímenes contra la humanidad en su guerra contra cárteles del narcotráfico.

Este organismo trabajó junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; así como con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC). De los resultados, más significativos, se encontró que desde diciembre de 2006, cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles y hasta finales del 2015, con más de 26 mil desapariciones y 580 mil secuestros, concluye que hay elementos suficientes, conforme a los principios de la Corte Penal Internacional, para afirmar que fuerzas de seguridad gubernamentales e integrantes del crimen organizado han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil de México.

Según las organizaciones investigadoras este informe tiene un enfoque innovador en cuanto a que “sintetiza y analiza una amplia gama
de información existente, a la vez que da a conocer  – mediante el uso de las solicitudes enmarcadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus correspondientes leyes locales- nuevos datos sobre crímenes atroces, responsabilidades penales internacionales y las causas de impunidad”.



Por su parte, el gobierno mexicano en respuesta, a través de las dependencias que conforman el gabinete de seguridad, señalaron en un comunicado que: “la misión protectora de dichas fuerzas es reconocida continuamente por la población y que, de acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza.”

Si bien es reconocido el avance que se ha dado para combatir la inseguridad, en nombre de esto se han cometido actos violentos que vulneran los derechos humanos de la sociedad mexicana.  José Miguel Vivanco, director de Human Rigths Watch (HRW) para las Américas, afirmó que este documento brinda una de las evaluaciones más sistemáticas y devastadoras de la crisis de derechos humanos en México que se han elaborado hasta hoy.

Y entonces nos preguntamos: ¿si México ya está preparado para la nueva forma de impartir justicia y respetar los derechos de todos?

Según las autoridades gubernamentales aseguran que si.  Por ejemplo, está por entrar en vigor en todo el país el nuevo Sistema Penal Acusatorio y María de los Ángeles Fromow, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para su implementación asegura que: «las autoridades de seguridad, incluidos los ámbitos de la milicia y naval, auxilian en las tareas para la procuración e impartición de justicia… se les reconoce como el primer respondiente al momento de llegar al lugar de los hechos.” Sin embargo, personal de las fuerzas armadas aseguran que solo actuarán en compañía de elementos de seguridad pública.



En el informe de Open Society Justice Initiative son cuestionadas las autoridades encargadas de la seguridad, por lo que seguimos viendo que en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos las autoridades gubernamentales siguen sin ponerse de acuerdo, entonces surge otra pregunta:  ¿cómo se darán los resultados que exigen los ciudadanos si no se comienza por lo más básico?

jcrh