De los 5 Ejes del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad corresponde le denominado México en Paz. Al titularlo así pareciera que es sarcasmo, lo que se traduce a una total falta de credibilidad social a lo que el gobierno federal informe. Pero analicemos los temas que se abordan.
Se reporta en el sitio web que:
· En las 32 entidades del país opera al 100% el Sistema de Justicia Penal Acusatorio tanto en el ámbito federal como en el ámbito local.
Sin embargo, sabemos que hay fuertes deficiencias en la profesionalización básica de los policías, quienes son considerados el primer eslabón del procedimiento de este Sistema, así lo aseguró María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
· Tener una Gendarmería Ambiental, la cual se encarga de la prevención, reacción y combate a las actividades ilegales que amenazan la biodiversidad.
La Gendarmería está conformada por un grupo de policías civiles y no es un cuerpo militarizado que cumple las funciones de policía o, en sus orígenes, como cuerpo de seguridad en las pequeñas poblaciones, como debiera ser su función esencial.
Aquí la Gendarmería asiste en ciertas zonas del país donde la delincuencia organizada a rebasado a las autoridades locales, sean municipales y/o estatales. Los poco más de 5 mil elementos que la conforman ¿son suficientes para apoyar las zonas con violencia y delincuencia organizada?. Esperamos que nos explique cuántos elementos integran la Gendarmería Ambiental y qué presupuesto se le designó, ya que serían una División más de la Policía Federal.
· La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual coordina a las autoridades responsables de la prevención, detección y sanción de los actos de corrupción y faltas administrativas; así como de la fiscalización y ejercicio de los recursos públicos.
Pero los beneficios expuestos en la Infografía no es nada nuevo y ya se consideraban mandato y mecanismos legales para estas acciones que son:
o Los funcionarios de todos los órdenes de gobierno deben rendir cuentas.
o Gracias al fortalecimiento de la fiscalización, se asegura que los recursos públicos lleguen a las personas que más los necesitan.
o En la Plataforma Digital Nacional, todos los ciudadanos podrán acceder a un sistema de denuncias públicas por hechos de corrupción y faltas administrativas.
Aquí debemos esperar en primera instancia los nombramientos de quienes integrarán los comités (Coordinador, Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y de Participación Ciudadana), además de los nombramientos: del Fiscal Especial de Combate a la Corrupción; y del titular de la Secretaría de la Función Pública, principalmente.
La corrupción es una de las principales problemáticas que se debe atacar, ya que va acompañado de la impunidad. México es el país más corrupto entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y ocupa el lugar 95 de 168 países de acuerdo con la lista publicada por Transparencia Internacional y si le añadimos que los altos niveles de impunidad en la impartición de justicia agudizan la inseguridad, la violencia y la corrupción; ya que la impunidad relacionada con violaciones a los derechos humanos equivale a 33% del índice de impunidad para México, cuando la general es de 17% y de 20% para el continente americano según el Índice Global de Impunidad méxico igi-MEX 2016.
La impunidad y la corrupción son actos que generan un comportamiento arraigado en el sistema de seguridad y de justicia de nuestro país, ya que la ley no se aplica de igual manera para todos por lo que hay excepciones en el caso de problemas sociales, se da mayor violencia y actos de corrupción que lo único que provocan es una percepción creciente de inseguridad.
Aquí lo que la ciudadanía cuestiona es: si no se empieza por ser congruentes, poniendo el ejemplo, sancionando a funcionarios federales, estatales y municipales, ¿cómo esperan que los ciudadanos eliminen actitudes que deriven en actos de corrupción e impunidad?
jcrh