Los niveles de vulnerabilidad de las familias están asociados por un lado con el nivel de riqueza e ingreso y, por otro, con las estructuras sociales y oportunidades; por ello para poder reducir el margen de incertidumbre de los individuos frente al futuro en términos financieros se debe recurrir a la seguridad social que ante un escenario de jubilación, pensión o eventos imprevistos de enfermedad logra disminuir la fragilidad económica de las familias.
Así la seguridad social cobra importancia, progresivamente, en todos los países desarrollados y en los que deseen caminar hacia el desarrollo; por factores como el incremento de población con enfermedades crónico degenerativas y el aumento en la esperanza de vida en la población, que vuelven apremiante la implementación de una perspectiva de la Seguridad Social ampliada en las políticas públicas que incorpore, bajo un enfoque integrado, de los principales componentes que son determinantes de la salud: la atención médica, la educación, el empleo, la previsión, el combate a la pobreza y a la desigualdad, la seguridad y el desarrollo social.
Aunado a las carencias en términos de seguridad social, la desigualdad de oportunidades favorece las brechas entre los miembros de la sociedad, lo que genera sectores vulnerables por carencias sociales. Estas diferencias se profundizan por diferentes atributos tales como: género (si eres mujer), edad (niños y ancianos), preferencia sexual, condición de migración, grupo étnico, etc.
Sin embargo, éstas premisas no son sostén de la política social en la mayoría de los países, menos aún en los que están en desarrollo donde se presenta una dificultad adicional al enfrentar los fenómenos de flujos migratorios, en los que exportan capital humano. No es un problema unilateral, por sus propias características debería crear una responsabilidad compartida entre los países expulsores y receptores.
Es innegable la vulnerabilidad que enfrenta la población migrante que al arribar al país destino se enfrenta a nuevos estilos de vida, una baja o nula probabilidad de acceder a los servicios médicos y en general, a un esquema de protección social, que los hace doblemente vulnerables; primero por ser migrante y segundo por la falta de un esquema de protección social que le permita tener atención médica y certezas frente al retiro.
La Nueva Economía de la Migración Laboral sustenta que la decisión de migrar no sólo se remite a una decisión individual sino al entorno social en el que se vive,
incorpora la idea de que así se maximiza el ingreso y en contraparte se minimizan los riesgos. Precisamente, por estas razones los individuos que deciden migrar, no cortan las relaciones afectivas con la familia, porque es la misma familia quien costea la migración, razón por la cual los hogares se ven obligados a reestructurar sus patrones de consumo y generalmente, esperan que el miembro de la familia que emigra comparta parte de sus ingresos, a través del envío de remesas. De esta manera, los emigrantes juegan un papel de intermediarios financieros para sus hogares de origen, al permitirles tener liquidez a través del envío de remesas.
Así la migración de mexicanos a Estados Unidos es multicausal y sus consecuencias diversas, entre ellas la demanda por servicios de salud, vale la pena entonces abundar sobre qué retos sociales trae consigo este fenómeno para ambos países, tanto en términos de capital humano como en términos de la provisión de servicios públicos que requieren.
La salud es un factor detonador de la capacidad productiva de los individuos que beneficia no sólo a los migrantes mismos sino también a sus familias, además de las implicaciones sociales y económicas que genera tanto en el país de origen como en el país de destino.
Es pertinente aclarar que los migrantes ejercen demanda por servicios públicos, particularmente de salud, sin embargo, la condición de indocumentado restringe el acceso a los servicios públicos. El dinamismo de la migración ha generado innumerables debates al respecto y algunos resultados parecieran dar argumentos para la implementación de políticas antinmigrantes; uno de los más utilizados es el posible deterioro de las finanzas públicas del país receptor, que no reconoce la amplia contribución de los trabajadores en la generación de producto y en el pago de impuestos, que son utilizados para financiar al gobierno , por lo cual el argumento del deterioro en las finanzas públicas no es tan obvio, por el contrario podría ser un indicador de la derrama positiva que dejan los migrantes.
Para el caso que nos ocupa: la provisión de los servicios de salud, conviene decir que en el sistema de salud americano predomina la seguridad médica privada, aproximadamente 7 de cada diez cuentan con un seguro médico privado. En tanto que el seguro médico público sólo atiende a la población más desprotegida, sea por edad o por condición de pobreza; el acceso a este tipo de seguro se hace a través del empleo, y de instituciones como Medicaid y Medicare; que en conjunto atienden sólo a 16 por ciento de la población residente. De entre los migrantes que tienen más de 10 años de trabajar en Estados Unidos 57% tienen seguridad médica y de los de reciente arribo, menos del 38%. A contrapié, la mayor cobertura médica se presenta en cuanto el migrante cambia su estatus, en cuanto recibe la ciudadanía estadounidense lo que determina favorablemente la cobertura de salud (Taylor, 2006, FAO).
Del flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos, se destaca la presencia de más de 10 millones de trabajadores migrantes que requieren de una nueva forma de gestionar su salud y de hacer valer sus derechos ciudadanos en la materia, así como de un nuevo entorno para conseguir la protección y seguridad social de ellos
y sus familias. Se requiere hacer valer de forma transfronteriza los derechos ciudadanos en aseguramiento de la salud, y trabajar ambos países de manera conjunta, para que aseguradoras como Medicare puedan acreditar proveedores de salud en México para otorgar servicios médicos de calidad a los ciudadanos estadounidenses y eventualmente que mexicanos afiliados al Seguro Popular o protegidos por la Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, etc) posean la portabilidad transfronteriza de su seguro en salud.