ESTADOS UNIDOS.- México “no es una democracia funcional”, escribió recientemente John M. Ackerman para Foreign Policy. En cambio, es una oligarquía “represiva y corrupta” sostenida por un“cheque en blanco” venido de Washington.

Desde 2008, ese cheque en blanco ha llegado a más de $2.5 mil millones consignados como ayuda en seguridad a través de la Iniciativa Mérida, un programa de asistencia en seguridad para la guerra contra las drogas y financiado por Washington. Negociado a puertas cerradas en los últimos años del gobierno de Bush. Originalmente, el plan fue propuesto para tener una duración de tres años; pero el Departamento de Estado de Hillary Clinton presionó enérgicamente para extenderlo, haciéndole una revisión y prolongando drásticamente la duración de esta iniciativa, que continúa en la actualidad.

Gran parte de esta ayuda se destina a servicios y asistencia en seguridad provenientes de EU, a información y a tecnología ofrecida por empresas contratistas , las que ganan millones vendiendo de todo, desde el entrenamiento para el uso de helicópteros, hasta la dotación de equipo de comunicaciones para el uso de gafas de visión nocturna, aeronaves de vigilancia y satélites.

A esta ayuda a México se le suman las ventas directas de armas y otros equipos, todos autorizados por el Departamento de Estado, como Christy Thorton señaló en el 2014 en un artículo de opinión del New York Times. Esas ventas alcanzaron los $1.2 mil millones, solamente en 2012, que fue el último año entero en el que Clinton estuvo en el cargo. De hecho, como la Iniciativa Mérida ha crecido, México se ha convertido en uno de los mayores compradores del mundo de armas y de equipos militares estadounidenses.

Pero mientras que las ventas se han disparado para los contratistas con sede en EU, la situación en México se ha deteriorado gravemente. El incremento en el país de la asistencia antinarcóticos por parte de EU. ha ido en paralelo a un aumento drástico de la violencia, alimentando una guerra contra las drogas que ha matado a más de 100, 000 personas desde 2006.

La complicidad del Estado

Casos de derechos humanos de gran importancia —tales como el secuestro y la desaparición en septiembre de 2014 de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero—reanudaron la atención sobre los efectos devastadores de la guerra contra las drogas en México, financiada por EU. Sin embargo, estos casos no aparecen de la nada.

Desapariciones forzadas como estas fueron incluso incrementándose rápidamente a la vez que Clinton presionaba para dar rienda a los programas de la Iniciativa Mérida, con registros oficiales de desaparecidos que alcanzaron más de 3.000 a 4.000 personas al año en 2011 y 2012. De acuerdo con Naciones Unidas, estos secuestros y desapariciones generalizados implican a menudo a las autoridades estatales, y el problema se agrava por el fracaso del gobierno en la realización de las consiguientes investigaciones.

Las leyes estadounidenses prohíben explícitamente la entrega de ayuda a instituciones e individuos extranjeros implicados en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, los archivos publicados por WikiLeaks revelaron que el Departamento de Estado de Clinton recibía regularmente información sobre la generalizada “corrupción de los funcionarios públicos” en México, incluso a medida que iba intensificándose el flujo de equipos, asistencia y entrenamiento que terminó en las manos de las fuerzas de seguridad abusivas y cómplices.

De hecho, en 2009 y 2010 —los años centrales del mandato de Clinton en el Departamento de Estado— cables de la embajada de Estados Unidos se jactaron de que la inteligencia y la cooperación militar entre los dos países nunca había sido mejor. Dichos cables, y la completa serie de archivos desclasificados y filtrados de los registros de Estados Unidos y de México, demuestran que el Departamento de Estado de Clinton autorizó repetidamente la entrega de equipo y asistencia en entrenamiento de EU a las fuerzas de seguridad implicadas en abusos o corrupción.

Uno de los documentos de junio de 2011 registró una visita de unos funcionarios estadounidenses al estado norteño de Tamaulipas en mayo de 2011 para evaluar las necesidades de entrenamiento de las fuerzas de seguridad. La visita tuvo lugar mientras las autoridades federales de México estaban tratando de encubrir el hallazgo de fosas comunes de las recientes masacres de San Fernando en la región. A pesar de que los funcionarios estadounidenses informaban de la complicidad y el encubrimiento del gobierno mexicano de las masacres, la embajada de EU recomendó más entrenamiento de las fuerzas de seguridad de Tamaulipas.

El mismo documento también informa que los agentes de inmigración mexicanos habían sido despedidos por secuestrar a inmigrantes. Sin embargo, la entrega de equipos de datos biométricos a la misma agencia continuó sin impedimentos.

Por su parte, en el estado sureño de Guerrero, los registros de 2009 a 2010 muestran que la embajada de EU autorizó que la policía local y federal, que los oficiales militares y losagentes de investigación, pertenecientes a unidades implicadas en violaciones a los derechos humanos, recibiesen entrenamiento y asistencia. Incluso entonces, la embajada de EU —por no hablar de los grupos de derechos humanos con buena reputación— sabía de la participación directa de los funcionarios públicos en los abusos de la zona.

Por ejemplo, Human Rights Watch informó en 2011 sobre casos generalizados de tortura en Guerrero que se remontaban a 1994. La organización señaló los abusos frecuentes por parte de la policía y de las fuerzas militares, incluyendo “los casos de homicidios, torturas y la extorsiones” supervisados por el jefe de la policía judicial en la parte norte del estado. El mismo informe pone de relieve la existencia de pruebas fehacientes sobre la participación de oficiales militares de Chilpancingo en casos de secuestros y desapariciones en 2010, mientras la embajada de EU estaba autorizando que funcionarios de la misma base militar recibieran entrenamiento.

Después de que las fuerzas de seguridad del gobierno mataran a dos estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa durante una protesta en diciembre de 2011, el embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, envió un cable informando que “la evidencia de tácticas policiales agresivas es robusta y desconcertante”. Esa es la misma escuela donde, tres años más tarde, 43 estudiantes serían desaparecidos —y otras seis personas asesinadas— después de ser atacados por las fuerzas policiales locales.

Los beneficiarios

Además de entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas, el Departamento de Estado de Clinton reforzó las capacidades de escucha telefónica de México, proporcionó sistemas de comunicación y computadoras e instaló software de intercambio de información, bases de datos biométricos y sistemas de radar. También vendió helicópteros Blackhawk, aviones de vigilancia, satélites y vehículos todoterreno, así como centros de fusión de inteligencia conjunta centrados en identificar a los líderes más importantes de los carteles.

La implementación y la entrega de este equipo se llevó a cabo mano a mano con contratistas privados. Los principales actores como General Electric, Honeywell, Motorola, Sharp, IBM y Dell aparecen a lo largo de los registros de estas transacciones, junto con decenas de otros (incluyendo a Science Applications International, Rapiscan, American Science and Engineering, RCA, y muchos más).

Varios contratistas se beneficiaron significativamente de las entregas de helicópteros y de servicios específicos. Estos jugaron un destacado papel tanto en el desarrollo como en la promoción de la amplia guerra contra las drogas.

Por ejemplo, tres helicópteros Sikorsky UH-60M Black Hawk fueron enviados a la policía federal de México en noviembre de 2010. Tan sólo dos semanas después de su entrega fueron desplegados en la mayor operación aérea llevada a cabo hasta la fecha contra el cartel de La Familia de Michoacán. La embajada de Estados Unidos se jactó en un cable secreto de que la operación —que al parecer condujo a la muerte del capo de la droga Nazario Moreno González o “El Chayo“— era una “necesitada victoria” para el entonces presidente, Felipe Calderón, en su guerra cada vez más impopular en contra de los carteles.

El asesinato de El Chayo fue la primera evidencia clara que el Departamento de Estado pudo resaltar para mostrarle al Congreso que la estrategia de Calderón —y la ayuda en inteligencia y seguridad estadounidense detrás de ella— estaba dando resultados. Sin embargo, la operación, que también causó la muerte de civiles a gran escala, pareció ser en vano: años más tarde, en una operación llevada a cabo contra el cartel en marzo de de 2014, el gobierno de México informó que El Chayo fue asesinado de nuevo.

No obstante, la operación de 2010 proporcionó la justificación para acelerar el ritmo del apoyo estadounidense. En mayo de 2011, personal de la embajada acompañó a representantes de la policía federal mexicana a analizar un proyecto de avión en Carolina del Norte y a escuchar ponencias del comando de misiles AMCOM y de representantes la industria. Posteriormente, fueron enviados más aviones.

Sikorsky, junto con otras empresas, como General Electric, continuó cosechando los beneficios de la guerra contra las drogas en México, incluso después de que Clinton dejara el Departamento de Estado. En marzo de 2015, el Departamento aprobó la venta de tres helicópteros Black Hawk para el ejército mexicano por la cantidad de $110 millones. Esto ocurrió tras un acuerdo más amplio en abril de 2014 por la venta de 18 Black Hawks a $680 millones.

Cabe destacar que varios de los contratistas que se beneficiaron de la asistencia estadounidense en seguridad a México —como General Electric, Lockheed Martin y United Technologies Corporation, que le pertenece a Sikorsky— aparentemente habrían contribuido con la Fundación Clinton. Y de acuerdo con el grupo de transparencia Open Secrets, Clinton actualmente encabeza la lista del total de candidatos presidenciales de2016 con más contribuciones de campaña provenientes de la industria de contratistas militares.

Volviendo a los negocios con normalidad

Naturalmente, la propia Clinton era consciente de cómo se vería el apoyo de su Departamento a la guerra contra la drogas en México a la luz de de las revelaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos y a la corrupción.

En enero de 2011, poco después de la liberación de un gran conjunto de cables diplomáticos filtrados, la secretaria Clinton se disculpó con su homóloga mexicana, Patricia Espinosa, por cualquier “vergüenza” causada por los documentos de WikiLeaks, anunciando su intención de “superar WikiLeaks” y reafirmar la relación EU-México. Clinton expresó optimismo diciendo que ellos podían crear una mejor “narrativa” en contraste con el despilfarro, fraude y los abusos revelados en los cables y las noticias de los medios regulares, y “explicar al Congreso por qué la ayuda extranjera monetaria detrás de ‘Beyond Mérida (Más allá de Mérida)’ debe continuar.”

Superar WikiLeaks, por supuesto, significaba volver a la normalidad —y regresar a trabajar a puertas cerradas.

Mientras miles de correos electrónicos de Clinton ya han sido publicados, el secretismo continúa —con gran parte de la información importante aún muy censurada. Por ejemplo, los correos electrónicos contienen documentos potencialmente importantes, tales como un memorándum al presidente Obama con un informe sobre el viaje de Clinton a la Ciudad de México y a Monterrey. Este documento, sin embargo, está totalmente censurado, a excepción de una línea.

En su artículo para Foreign Policy, John Ackerman sostuvo que la defensa de Clinton sobre el status quo en México está “basada en un círculo vicioso de complicidades entre las élites económicas y políticas en ambos lados de la frontera”. De hecho, el registro disponible para los escrutinios públicos demuestra que el Departamento de Estado de Clinton —en lugar de abordar los problemas de derechos humanos relacionados con la financiación de Mérida— se centró en asegurar que la asistencia en seguridad persista a pesar de la existencia de abusos, encubrimiento y la continuada impunidad.

*Jesse Franzblau es colaborador de Foreign Policy In Focus. Además es investigador y analista político. Ha trabajado en proyectos de documentación sobre derechos humanos y ha participado en proyectos de recopilación de pruebas de archivo para abogados y jueces que trabajan en el desarrollo de casos de justicia de transición en Guatemala, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en España. Ha escrito para The Nation, Al Jazeera, NACLA, The Intercept, Animal Político y Columbia Human Rights Law Review, entre otras publicaciones.

con información de Aristegui Noticias

jcrh