ACAPULCO, GUERRERO.- No siempre en el mar la vida es más sabrosa, para empresarios y pequeños comerciantes de este puerto han denunciado que son víctimas de terrorismo fiscal y bancario, al menos 480 propiedades, están a punto de ser embargadas y otros mil 800 negocios se encuentran bajo revisiones de auditoría.

La dirigencia de la Canaco-Servitur denunció que los bancos están embargando casas y locales comerciales a quienes no pudieron pagar el crédito Todos por Acapulco que otorgó el gobierno federal a través de Nacional Financiera para respaldar la recuperación económica tras el paso de los fenómenos naturales Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.

Los quejosos indicaron que la oferta federal consistió en que esos créditos serian otorgados sin ninguna garantía hipotecaria y sólo con el apoyo de un aval, lo cual resulto una mentira porque ahora los bancos están ejecutando juicios de embargo a los empresarios y comerciantes que no pudieron pagar en tiempo y forma con sus pagos.

“Hoy con mucha tristeza el sector empresarial está siendo lesionado en su patrimonio, porque quienes accedieron a esos créditos están siendo víctimas de embargos inmobiliarios por parte de la banca comercial. Estamos haciendo un llamado urgente al gobierno federal para que junto con su gabinete económico establezca mesas de trabajo para resolver esta situación, y que el gobernador del estado encabece esta petición de todo el sector empresarial de Acapulco”, señaló Javier Saldívar Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la zona tradicional de Acapulco.

Acusaron que durante la reciente reunión que sostuvieron con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar el tema de la inseguridad, el 80 por ciento de los asistentes fueron funcionarios del gobierno estatal y municipal, y que no los dejaron expresar sus puntos de vista porque “ya todo estaba planeado”.

El empresario y presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio en Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, aseguró que “la vida nocturna en Acapulco está prácticamente acabada, ya que la gente no sale a la calle y la gran mayoría de los comercios cierran sus cortinas antes de las 7 de la noche”.

“Como todos ustedes ya saben, este huracán de violencia vino a devastar económicamente el sector productivo de Acapulco. Aún persiste el daño y la contracción económica, la falta de liquidez que impacta directamente a nosotros los comerciantes que estamos viviendo al día con las ventas. Al caer las ventas no podemos hacerle frente a compromisos con los proveedores, con las nóminas, con los inventarios y mucho menos con los impuestos, en especial los pagos a la CFE, agua potable, Infonavit, Seguro Social y rentas”, detalló Martínez Sidney.

Los empresarios lanzaron un SOS al gobierno federal para que realice una “urgente inyección de recursos a la economía local”, y pidieron que durante el año de gracia que solicitó el gobierno para cambiar la percepción de inseguridad en este destino de playa, se condone el pago de impuestos ante Hacienda y se rebajen al 50 por ciento los cobros de energía eléctrica, agua potable, predial y el peaje en la Autopista del Sol.

“El pago de servicios, impuestos, salarios, extorsiones y cobro de piso por parte de los delincuentes, así como la competencia desleal del ambulantaje, están ahogando al empresario local quien ya no resiste más y por eso es urgente que el gobierno federal atienda nuestras demandas”, precisó Dulce María Gómez Velasco, presidenta del Frente por el Rescate del Acapulco Tradicional (FRAT).

En la conferencia de prensa también se solicitó la destitución inmediata de varios funcionarios del gobierno estatal, entre ellos el secretario general de gobierno Florencio Salazar Adame, el titular de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona y del Contralor del estado, Mario Ramos del Carmen, por su ineficiente desempeño dentro del gabinete estatal.

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