“El poder y el despotismo duran poco”: Séneca Anneo
Los tumbos que viene dando el gobierno federal actual no conocen precedente alguno. Difícilmente se habían presentado opiniones unidas en torno a temas de gran trascendencia para la sociedad y, más aún, como producto de afectaciones a los sectores y capas sociales más distantes. Los empresarios, sabido es, aunque no pueda comprobarse con tantos pelos y señales como quisieran, fueron parte esencial en el resultado electoral del pasado 5 de junio, al igual lo fueron las asociaciones religiosas, tanto las cristianas como las evangélicas y ni que decir de la católica. Sobre éstas últimas la espada de Damocles la situaron en el SAT con la exigencia de presentar su contabilidad electrónica y las facturas correspondientes. ¿Bajo cuáles conceptos? Eso aún no se conoce. Aunque algunos, a manera de broma, hablan de la venta de indulgencias.
Acto seguido: los empresarios. Hicieron llamados a la población a fin de provocar salieran a votar siguiendo los cánones muy aprendidos y practicados por los partidos políticos: dar gratificaciones a quienes cumplan con esa obligación o hagan uso de su derecho, como se quiera tomar. Un día de salario, descuentos en restaurantes y almacenes, espectáculos gratuitos y transportación a la puerta del centro de trabajo y hasta la casilla correspondiente. Es decir, lo mismo, votos adquiridos a base de regalos económicos por la vía del descuento o la percepción salarial y acarreo ¿así es como lo llaman, verdad? Por si fuera mínima la debacle generada le metieron un ruidero extraordinario a eso de la corrupción y la impunidad, por lo tanto se hicieron acreedores a rendir también cuentas y no solamente a las autoridades hacendarias.
Todos los integrantes del Padrón de Proveedores del Gobierno, los contratistas, todo tipo de comerciantes, industriales, distribuidores, fabricantes, etcétera que facturen al gobierno deberán presentar sus declaraciones: patrimonial, de interés y de impuestos. Rendirán tantas cuentas como no lo hacen los sindicatos, respaldados en una autonomía vista solo en lo económico, en el manejo a su gusto de las cuotas de los trabajadores, particularmente de los burócratas. Un duro portazo se le dio a las propuestas ciudadanas y a los cambios solicitados por la iniciativa privada y viene el desquite obligando a la presentación de los documentos señalados de los empresarios cuyos ingresos provengan de las arcas gubernamentales. Los equiparan a las cuentas solicitadas a los servidores públicos.
Esto constituye una primera llamada bajo el argumento de la existencia de un corrupto y un corruptor. El primero manejado detrás del escritorio y con el cajón abierto; el segundo escudado en la prosperidad del negocio, el pago de algunos impuestos y la serenidad proporcionada por la complicidad. Un segundo plano para reforzar el apretón vendrá en las auditorías. Son exigencia para funcionarios, así será también para los empresarios y en eso, Hacienda es experta. Quienes cobran en las nóminas del gobierno esgrimieron razones de seguridad para negarse a presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Para los empresarios ese renglón no existe, dejan a las mafias la posibilidad de conocer de sus bienes y actuar en consecuencia. Como “balde agua fría” ha caído esta determinación aprobada tanto por priistas como por verdes.
No hay duda, sigue muy viva la frase: “el que ríe al último, ríe mejor”. Aunque se trate de un grotesco mensaje a los de la Coparmex –dispuestos a devolver el golpe organizando una de esas marchas que el gobierno ni ve ni oye- para evitar sigan con la cantaleta de la rendición de cuentas y el 3de3. La discusión sobre el formato es otra de tantas y tantas artimañas. Finalmente todo sigue igual, hasta en relación con la mariguana, droga aprobada “solamente” para usos científicos y medicinales. Eso sí, con la aprobación respectiva para cultivarla y comercializarla. Nada más faltaba darle más golpes a un Ejecutivo Federal poseedor del dedazo sucesor.
SEGURIDAD INALCANZABLE
Día a día, México se aleja más del ideal de ser un país democrático. El autoritarismo se impone en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quien encabeza un gobierno alejado de las expectativas y requerimientos de los ciudadanos. El régimen actual le apuesta al uso de la fuerza para disolver protestas y movimientos sociales. El gasto militar ha pasado de 0.2 por ciento del PIB en 2003 a 0.6 por ciento en 2015, un aumento mayor al promedio del gasto total del gobierno. El diálogo y la negociación son dejados de lado y se aplica la ley contra adversarios políticos, mientras se solapa a amigos y militantes del mismo partido.
El combate a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas sigue la misma senda de las administraciones anteriores y, por ende, cosecha los mismos resultados. El efecto es la permanencia de los cárteles de la droga, descabezados pero vivos y actuantes. El daño colateral es un elevado costo no sólo en perdida de vidas humanas sino en la sistemática violación de los derechos humanos, donde los grupos más vulnerables, como los migrantes, prácticamente están “invisibilizados”. No se vislumbra a corto plazo solución a esta problemática, por el contrario tiende a empeorar. Quizá debamos esperar a una nueva administración sexenal. La de Peña Nieto no da para más.
La militarización de México es impulsada y guiada desde los Estados Unidos, y abarca también a los países centroamericanos, en opinión de especialistas de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de México y Estados Unidos, reunidos en una mesa de reflexión sobre la militarización y derechos humanos, convocados por Servicios y Asesoría para la Paz (Serpaz) y el Comité de Servicios de Amigos Estadounidenses.
La actual política de militarización en territorio nacional fue impulsada por el gobierno de Estados Unidos, quien impuso al gobierno mexicano el denominado Plan Mérida –o Plan México-, un tratado internacional diseñado por el Pentágono estadounidenses para México y países centroamericanos, a fin de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Este plan se amplió al Programa de la Frontera Sur, con el propósito de que los mexicanos contengan el flujo migratorio centroamericano hacia el vecino del norte. De ahí el enorme despliegue operativo policíaco y militar en territorio mexicano para contener el flujo de migración centroamericana con destino a los Estados Unidos. El año pasado, al Instituto Nacional de Migración (INM) le asignaron 12 mil 800 millones de pesos, monto superior al de las secretarías de Relaciones Exteriores y Turismo, para ejecutar esa tarea.
Los migrantes centroamericanos son quienes más han resentido esta política, sin embargo, en las cifras que revelan la crisis de derechos humanos no están, “están invisibilizados”, señala la religiosa Leticia Rodríguez, directora general de Scallibrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR). Esta activista denunció que ahora policías de seguridad privada asesinan a indocumentados que viajan en el tren. La orden no es detenerlos, sino tirar a matar. En territorio estadounidense el panorama también es sombrío, como lo adelantan las campañas políticas presidenciales y las propuestas rumbo a las elecciones. Con el gobierno del presidente Barack Obama, se ha registrado el mayor número de deportaciones en toda la historia de ese país y la situación empeorará, con familias separadas, abusos y encarcelamiento de migrantes.
CUESTA VIOLENCIA 13% DEL PIB
El año pasado, el impacto económico de la violencia en México fue de 2.12 billones de pesos, equivalente a 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, cuatro veces los ingresos petroleros que en 2015 rondaron los 30,000 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones del Institute for Economics & Peace, quien señala: el costo de los homicidios aumento en 31 mil millones de pesos.
Los costos contabilizados son la sumatoria de directos e indirectos, es decir, el gasto del gobierno en policías y militares en tareas de seguridad pública. Y por otro lado los costos indirectos de los ciudadanos, contabilizados en las pérdidas materiales, comerciales y de ingresos. El total de esa pesada carga equivale al 13 por ciento del PIB.
En 2007, cuando el gobierno de Felipe Calderón comenzó a escalar la violencia con su “guerra al narcotráfico”, el gasto del gobierno federal incrementó en 12 por ciento la tasa anual a las dependencias de seguridad. El gasto militar pasó de 0.2 por ciento el PIB en 2003 a 0.6 por ciento en 2015. Una tasa mayor al aumento promedio del gasto total del gobierno, que creció 9 por ciento desde el mismo periodo. El aumento de 7% en educación fue menor.
A partir del 2009, a mitad del mandato presidencial de Calderón, el combate frontal contra las drogas produjo enfrentamientos armados y actos de extrema violencia por los cuales los niveles de paz se derrumbaron, observa Patricia Obeso, directora del Instituto de Economía y Paz.
En la administración de Peña Nieto la situación se mantiene prácticamente sin cambios. “El magro avance es de una mejoría marginal, de apenas 0.3 por ciento. Es decir, prácticamente nulo”. Los gastos en cuerpos policíacos y militares crecen para mantener los despliegues en las calles. Pero lamentablemente no se ha ejercido un gasto igual para acabar con la corrupción, en mejorar la participación ciudadana y aumentar la confianza de la gente en el gobierno y las autoridades.
A pesar de que el gasto directo en policías y militares sigue en ascenso, lamentablemente no se registra mejoría en los indicadores de violencia. Los homicidios se han incrementado, hasta marcar los 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, el principal indicador comparativo global, es más del doble que el promedio mundial de 6 personas por cada 100 mil habitantes.
En este esquema, la impunidad sigue imperando. Aproximadamente el 90 por ciento de las extorsiones y 83 por ciento de las violaciones en México no se denuncian ante las autoridades, por lo cual hay una gran cifra negra de estos delitos. En el país hay también al menos 26 mil personas reportadas como desaparecidas desde 2007, pero es un número conservador, según los expertos.
DEVALUACIÓN PEGA A INFLACIÓN
Este jueves se registraron presiones cambiarias para el peso en su comparación con el dólar. Al escribir estas líneas, en ventanillas bancarias de la Ciudad de México se vendía en un precio máximo de 19.40 pesos por unidad. La mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas ante la cautela por la cercanía del referéndum en el Reino Unido donde se define su permanencia en la Unión Europea (Brexit), además de la caída en los pecios del petróleo, fortaleció al dólar.
La devaluación del peso está rebasando todas las expectativas. En lo que va del año, la moneda nacional perdió 8.46 por ciento y se cotiza en los peores niveles de su historia. La depreciación ya pegó en la inflación. De acuerdo a cifras del Inegi, los precios al productor se aceleraron 5% anual en mayo, lo que registra su mayor avance en casi cuatro años, particularmente en la fabricación de equipo de cómputo que aumentó sus costos 29% en un año.
Los bienes intermedios aumentaron 3.34% anual en mayo, su mayor alza desde septiembre de 2014. Los sectores con mayor alza en los precios son los que requieren altas importaciones como equipos de cómputo y accesorios electrónicos, con un alza de 16.7%, así como la fabricación de maquinaria y equipo con un aumento de 9.7%. El precio de las materias primas (commodities) en dólares se ha acelerado lo que se suma a la caída del peso, lo cual encarece el precio de los bienes finales.
Y no es todo, falta evaluar los incrementos en muchos productos alimenticios de importación. Dejar de hacer productivo a nuestro campo marca la llegada de tener que pagar el error. Vamos a ver si se mantienen con la idea de la importación de maíz disque por ser una operación mucho más económica que sembrarlo en esta tierra. La destrucción de la industria textil, del vestido, del calzado, nacional, verá llegar la venganza al limitarse las importaciones, aunque sean las chinas. Terremotos y huracanes en puerta.
POLICIAS VS MAESTROS
La caravana de autobuses con maestros disidentes de las secciones 7 y 40 de Chiapas fue bloqueada por policías en la calzada Zaragoza, por lo cual los docentes prosiguieron su marcha a pie hacia el platón en la Ciudadela. Con maletas, cobijas, víveres y casas de campaña, decenas de maestros chiapanecos se instalaron en esa plaza. Docentes inconformes de Michoacán, Oaxaca y Guerrero realizaron una jornada de brigadeo en Reforma e Insurgentes. Luego de permanecer encapsulados por más de seis horas en salida de la Ciudad de México rumbo a Puebla por elementos de la Seguridad Pública, se alcanzó un acuerdo para que los uniformados escoltaran la caravana de más de 30 autobuses que llegó la madrugada del jueves proveniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los maestros chiapanecos se instalaron de manera indefinida y este viernes participarán en la marcha nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
DE LOS PASILLOS
México está por debajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de esperanza de vida, inversión en salud y número de camas en hospitales. “La esperanza de vida en el país es de 74 años y medio, mientras que el promedio en países de la OCDE es de 80 años. En países como Japón es de 83 años. Tenemos ahí un reto importante”, destacó Daniel Karam, director general de Hill Knowlton Strategies. México invierte en salud sólo 6 por ciento del PIB, en tanto que el promedio de inversión en los países de la OCDE es de 9 por ciento…
Parecería se pueden aplicar criterios y opiniones similares con respecto a la actuación de mafias y políticas. Dicen que nada, absolutamente nada en lo político es circunstancial y puede ser que lo mismo suceda cuando se trata de la presentación de una serie de actos ejecutados por la otra delincuencia. Se fuga y permanece muy activo durante más de una década Joaquín Guzmán Loera. Son muchos los servicios prestados a los gobiernos panistas, le deben incluso los reconocimientos recibidos por su lucha contra el narco al ser capturados y presentados en forma de cadáver varios de sus líderes más conocidos…
Lo capturan, se vuelve a fugar y lo logra con gran fantasía. En el inter se dice se rompen algunos acuerdos y tienen lugar balaceras protagonizadas por uniformados que resultan ilesos frente a una montaña de cadáveres y desquites que derriban aeronaves oficiales. Se presume actuaron los malosos en las elecciones y esto no como consecuencia directa de disputa por las plazas sino para quitarle el poder a quien podría haber cometido alguna falta o traición a los acuerdos. Rafael Caro sigue libre; El Güero Palma se convirtió en una amenaza a la cual pretenden nulificar; el cartel de El Chapo está más vivo y actuante que antes…
Se pueden ir hilando una serie de acciones en cada entidad en la cual ganaron alianzas que presumen de perfectas campañas aunque en corto no se explican ni de dónde llegaron tantos recursos económicos y menos aún movilizaciones, por lo tanto los votos recibidos les cayeron de peso. No parece gratuita la balacera en la tierra en donde nacieron muchos de los capos y menos aún si se sabe ahí están quienes dan la vida por Guzmán Loera, hipotéticamente narrando y la mujer que literalmente así lo hizo…Por los ataques perpetrados por grupos armados en las comunidades de La tuna, Arroyo Seco y La Palma, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, alrededor de 250 familias fueron desplazadas… Uno de los ataques fue en contra de la vivienda de Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Alrededor de 150 agresores cortaron líneas telefónicas y de Internet y se llevaron del inmueble motocicletas y vehículos todo terreno. Al menos tres personas fueron asesinadas a balazos, de acuerdo a los reportes extraoficiales. ¿Quiénes fueron? Se sabrá en cuanto se realice la revancha…
No transcurrirá mucho tiempo para la reorganización tricolor tanto en las entidades en donde se vivieron procesos electorales como en las que los tendrán los dos próximos años. Si bien en algunos puntos considerados estratégicos, como son las zonas urbanas con un importante número de habitantes, tal operación buscará rostros nuevos; a nivel estatal el análisis presenta la necesidad de contar con líderes con suficiente experiencia, respaldo de la militancia y un manejo impecable en la búsqueda de la unidad. Tratando de evitar una “contaminación” peninsular, el inquilino provisional en Los Pinos, visitará con frecuencia Yucatán y Campeche; en Quintana Roo la instrucción será evitar mayores rompimientos.
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