CIUDAD DE MÉXICO,- Parece que la jugada no resultó como se había planteado. Lejos de poner al descubierto la corrupción de los políticos, la inercia de la Ley 3 de 3 se volverá en contra de becarios, pensionarios y beneficiarios de programas sociales entre otros y no en una obligación para la clase política.

Para decirlo coloquialmente «se les volteó el chirrión por el palito».

Esta situación evidencia desde ya una marcada tendencia hacia el terreno de los amparos y así lo advierte Ricardo Anaya Cortés sobre la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley 3de3, habrán de activarse los amparos contra dicho ordenamiento. Si bien es cierto que la corrupción se origina por un político como también un particular, la idea de hacer obligatoria la declaración «3de3» para los ciudadanos está basada en ninguna reflexión seria, como tampoco se advierten antecedentes internacionales y todo habrá de coincidir en el terreno de los amparos.

Señaló que la redacción del inciso b) del nuevo artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “pretende, en el fondo, descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley 3de3, al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un ‘nuevo trámite’ para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales”.

Afirmó que esta legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de Prospera y Proagro; pensionados del IMSS, ISSSTE y PEMEX; y becarios de CONACYT, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas.

Ante ello, explicó que los diputados de Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentaron una reserva en contra de los artículos 4, 32 y 33 de la citada ley, misma que, lamentablemente, “fue bloqueada por el PRI” y por otros legisladores “que de buena fe han apoyado la medida”.

“Lo decimos con claridad: es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento de torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”, aseveró.

Anaya Cortés enfatizó que “es de la máxima importancia hablar con claridad de lo que hay detrás de esta reforma de última hora, porque con ello se está desvirtuando el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción y se está haciendo un enorme daño al país”.

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