Uno de los programas rectores de la política de seguridad pública y prevención del delito en la administración de Enrique Peña Nieto lo han dejado sin recursos en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017 enviada a la Cámara de Diputados.

El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia al no tener recursos económicos pareciera que tendería a desaparecer; sin embargo, se debe entender que por un lado se encuentra el Programa como política pública y por otro, los recursos con los que se llevarán a cabo las acciones en el ámbito municipal en coordinación con los gobiernos estatales y con el federal.

La problemática es para los municipios que fueron beneficiados por el Subsidio, ya que en su mayoría eran los recursos, junto con los que reciben del subsidio del Fortalecimiento para la Seguridad (FOSTASEG) antes SUBSEMUN, que destinaban para acciones de prevención del delito. Es importante señalar, que los municipios beneficiados por el PRONAPRED recibían ambos subsidios, ya que el diseño de la fórmula para la repartición de los recursos tienen variables parecidas; esto para los demás ayuntamientos significa que se premia a los ayuntamientos que no logran bajar el índice de la violencia y la delincuencia.

Esto no debe generar que las acciones preventivas desaparezcan por falta de recursos. Si llegaran a cancelarse acciones solamente será por la falta de compromiso de los tres niveles de gobierno para realizarlas. Ningún programa de seguridad será exitoso sino tiene a la prevención social como estrategia de seguimiento y control; entendiendo que la prevención social sólo puede hacerse con el apoyo y corresponsabilidad de la sociedad.

El Programa tiene buenas razones para ser y hacer; sin embargo, en las evaluaciones realizadas por el Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguran que el programa no ha sido tan exitoso; que hacen falta diagnósticos focalizados, seguimiento y control, así como profesionales que acrediten realmente tener conocimiento en materia de prevención, lo que supondría que las miles de acciones no cumplieron con las expectativas esperadas y difundidas.

Lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública señala que:

• En 2013, la Subsecretaría entregó apoyos por un monto de 2,250 millones de pesos, a los 57 municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas seleccionados para que desarrollaran y aplicaran políticas de prevención del delito en beneficio de 29.9 millones de personas.

• En 2014, el monto de los recursos del subsidio fue de 2,595 millones de pesos, de los cuales el 5.0% (129,750) se destinó a gastos indirectos y de operación ejercidos por conducto de la Subsecretaría, lo que significó que el 95.0% (2,465,250) se distribuyó entre las 32 entidades federativas.

Además, de que las entidades federativas sólo tuvieron en promedio 5 meses para realizar las primeras acciones con los recursos provenientes de la primera ministración y dos meses para las acciones calendarizadas con la segunda ministración del Subsidio, lo que indica la falta de oportunidad en el otorgamiento de los apoyos.

• En 2015, el monto total de los recursos presupuestarios federales del subsidio fue de 2 mil 683 millones 230 mil pesos distribuidos en 66 municipios, 5 demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, 7 zonas metropolitanas y 2 zonas conurbadas.

 En este año se hizo énfasis en que el acuerdo establece algunas reglas para usar dichos recursos, como por ejemplo, que no se dupliquen con otros programas de gobierno; tampoco deben ser usados para substituir la labor del estado y los municipios en materia de prevención.

Además, de que se señalan como Consecuencias Sociales que: “los incipientes avances en la política de prevención social de la violencia y la delincuencia ponen de manifiesto debilidades en la coordinación de la SEGOB con las dependencias y en el otorgamiento del subsidio del PRONAPRED a las entidades federativas, que limita la atención de los factores de riesgo que fomentan la violencia y la delincuencia, la disminución de la percepción de inseguridad e incidencia delictiva y la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública”.

Aquí hay varias preguntas que el gobierno federal debe contestar y considerar para el paquete económico de 2017:

• ¿Por qué conservar una Subsecretaría que duplica las funciones de un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana( CNPDPC)?
• ¿El gobierno federal cuenta con personal calificado y adecuado para atender desde la Subsecretaría y el CNPDPC estas temáticas?

Con todo lo anterior, sigue de manifiesto que la prevención del delito es tomada en cuenta por oportunidad política y no como una preocupación real a resolver.

Hoy a México ya no lo Mueve la Paz. Hoy México ha deja de invertir en la Paz.

jcrh