Al parecer mientras más controlados están los mercados, sea desde la perspectiva pública con monopolios estatales o la privada con mercados dominados por una o muy pocas empresas, más difícil es aceptar por parte de todos los participantes una apertura o un cambio, incluso para los consumidores. Este fenómeno se ha enfrentado, por ejemplo, con la resistencia de los televidentes a sintonizar canales que no pertenecen a la empresa que durante décadas fue monopolio televisivo; o lo difícil que fue para otras empresas de telefonía fija entrar y competir con lo que había sido el monopolio estatal, después el ejemplo aplicó en telefonía móvil; muchas veces por displicencia, otras por pereza de realizar miles de trámites y en última instancia por el conocido refrán de “más vale malo conocido que bueno por conocer”.
El caso de petróleo y sus derivados, sigue este derrotero en México. Pemex que ha fungido como la empresa monopólica frente a la extracción, explotación y distribución de petróleo y sus derivados. Durante décadas fue la empresa que financió grandes obras de infraestructura, pago de deuda externa y diversos servicios que ofrece el estado como educación, salud pública y, todo hay que decirlo, la caja chica de gobernantes y su propio sindicato. Pero se puede aplicar la ley de todo lo que sube tiene que bajar, de tal suerte que, lo que durante mucho tiempo fue motivo de crecimiento y excedentes financieros, al terminar con los yacimientos de extracción petrolera que estaban menos profundos empezó a subir el costo de extraerlo. No importa que siga habiendo yacimientos en el territorio nacional, ahora cuesta mucho obtenerlo y, ocurre en el peor momento este agotamiento de yacimientos, justo cuando los precios internacionales del petróleo han llegado a mínimos históricos.
La historia de la gasolina, pese a ser un producto derivado del petróleo tiene una historia diferente, el principal problema es que sólo el 50% se produce en México el resto se importa, con el riesgo inherente asociado a tipo de cambio. Con la errada idea gestada desde finales de los setenta, respecto que al ser país productor y exportador de petróleo se podía consumir gasolina sin límite sin considerar impactos ambientales o distorsiones económicas, el gobierno debía subsidiar su precio. Esta política mal diseñada pero con amplio apoyo popular mostró tener problemas éticos, ambientales y financieros, como lo demostraron diversas investigaciones como la de John Scott, académico del CIDE, quien estimó que entre 2005 y 2010, el subsidio sobre energéticos y combustibles fósiles (gasolina, gas y electricidad) alcanzó los 1.150 mil millones de pesos (mdp), es decir, el 10% del PIB en promedio en dicho quinquenio, superior al presupuesto de gobierno para combatir la pobreza. En el 2008 se estimó que este subsidio fue mayor que todo el gasto en salud público y diez veces más grande que lo destinado al programa Oportunidades (hoy Prospera).
Sin poder eludir temas políticos y electorales, hacia el 2012, año de elecciones presidenciales, el valor del subsidio a gasolinas y diésel fue -en pesos constantes de noviembre del 2009- de 206 mil mdp, 20% mayor al de 2011 y 121% más que en 2009. En el periodo 2006- 2013, el incremento acumulado de los precios del Diésel, Magna y Premium, se ajustó 98%, 62% y 38%, respectivamente. Esto indica que el gobierno inició un deslizamiento gradual del precio a fin de incrementarlo. Se detecta que la gasolina Premium, que la consumen preferentemente los autos bien de lujo o más nuevos fue la que registró menor incremento acumulado. Esto lleva a tener en la actualidad una virtual convergencia de precios que en términos relativos beneficia a los consumidores de Premium, que probablemente sean integrantes de la población con más ingreso.
La idea de subsidiar la gasolina, parece obvio que, debe pertenecer al pasado, por su carácter regresivo que beneficia de manera incorrecta a los sectores de mayor ingreso que hacen uso indiscriminado del auto, en una sociedad marcada por profundas desigualdades e inadmisibles niveles de pobreza. Los datos del CONEVAL, que mide la pobreza y evalúa las políticas públicas contra la pobreza, señalan que cerca de 72% de la población mexicana en 2014 padecía al menos una carencia y 23% se caracterizaba por tener “al menos tres carencias sociales”. En este contexto social es incongruente mantener subsidio a las gasolinas que pueden tener un destino mejor si se asigna a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de más de 50 millones de mexicanos sumidos en condiciones de pobreza, lo que le daría al gasto de gobierno un carácter de eficiente y justo. ¿A cuenta de qué viene la disertación anterior sobre subsidios?
A que la Secretaría de Hacienda (SHCP) decidió en el Paquete Económico de 2016, liberar el precio de la gasolina y establecer un impuesto fijo a las gasolinas tal que brinde margen a los precios para adaptarse a las fluctuaciones que provienen de precios internacionales, de forma que cuando éstos disminuyan, el consumidor final pueda enfrentar precios más bajos. Así mientras ocurre la transición a un mercado de gasolinas con competencia, se establecerá una banda de fluctuaciones de precios, tal que mantenga en un margen los movimientos al alza y a la baja de los combustibles. La SHCP estimará mensualmente los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en la siguiente ecuación:
Cuya interpretación es la suma de los términos de: Pmax es el precio máximo del combustible al público, Preferencia es el componente que refleja el precio de referencia internacional del combustible, Margen refiere a la cantidad en pesos por litro equivalente al valor del de comercialización (flete, merma, transporte, ajustes de calidad y costos de manejo), IEPS refleja el impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles automotrices, y finalmente, Otros Conceptos que incluyen conceptos que ya se aplican a los combustibles automotrices, como el impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles fósiles y el impuesto al valor agregado. La interpretación no explicita de la ecuación es que no se trata de una ocurrencia de algún político el incremento en los precios de la gasolina.
A seis meses de poner en marcha este modelo de liberalización paulatina, de enero a julio del año en curso, el IEPS a gasolinas y diésel representó un ingreso adicional al gobierno de 127,481 millones de pesos. La segunda etapa de esta apertura en el mercado de gasolinas se estima que en este mismo año se otorguen permisos a terceros para a venta al público de combustibles, para 2017 se permita la libre importación de gasolinas y diésel, pero se mantiene PEMEX como único oferente al consumidor final, y será en 2018 cuando ya en realidad los precios de los combustibles se determinen por leyes de mercado absolutamente; de tal manera que será en 2018 cuando los combustibles automotrices tendrán un mercado abierto, con libre ajuste de precios.
Lo expresado anteriormente también implica que el impuesto a los combustibles automotrices dejará de estar referido al desempeño y costos de Petróleos Mexicanos, como sucede hasta el día de hoy. Este año es clave para concretar la transición y apertura del mercado de las gasolinas, por ello se apresuraron en tomar medidas claras (aunque quizás no muy bien explicadas), así: los precios de las gasolinas Magna y Premium y del diésel fluctuarán con base a la banda establecida, así por ejemplo se calcula que los precios de la gasolina Magna serán de 13.57 pesos, con variaciones de +/- 3%, o sea, no más de 13.97 pesos ni menos de 13.16. Durante esta transición habrá efectos que podrán resultar negativos para los consumidores por ello habrá que resignarnos a que no habrá reducciones en el precio de combustibles en lo que resta del año.
Si nos avenimos a los principios de mercado, la apertura completa que se dará en 2018, conseguirá una mayor concurrencia de oferentes y generará competencia a fin de ganar espacio en el mercado. Así los consumidores enfrentaremos la situación sin precedente de buscar la gasolinera con mejor precio y por fin dejaremos de pagar precios elevados artificialmente dada la ineficiencia de PEMEX para refinar crudo, la presión que representa la fluctuación del tipo de cambio sobre precio final y, el sobreprecio que implica por ser fuente fundamental para los ingresos de gobierno vía impuestos excesivos. La reflexión final nos acerca a un cuestionamiento: ¿Podremos verificar que el mercado mejora las condiciones para los consumidores o nuevamente esta transición será obstaculizada por las resistencias de los consumidores o la impericia del gobierno para permitir que los mercados fluyan? En 2019 tendremos respuesta.
jcrh