Cuando se origina el abuso sexual infligido por alguien que está en posición de poder sobre la víctima, puede ser un miembro de la familia, un profesor o cualquiera otro, los niños, vulnerables e indefensos, a menudo son los objetivos y las víctimas de adultos, quienes abusan de su poder.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de ésta con la víctima y en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.”

Por esta razón, Rafael Hernández Soriano reconoce a la Comisión Permanente por su llamado a las autoridades educativas federales y estatales a fortalecer los protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia.

El secretario de la Comisión de Derechos a la Niñez de la Cámara de Diputados propuso que se exhorte al Sistema Nacional de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes a que también elaboren modelos de atención, medidas preventivas, protocolos, acciones y políticas públicas para enfrentar esta problemática en las escuelas.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática recordó que la Secretaría de Educación Pública ya había manifestado su disposición a adoptar y aplicar de manera conjunta protocolos de prevención contra este tipo de abusos en la Ciudad de México.

Con ese motivo, exhortó a la dependencia a aplicar acciones similares con los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y padres de familia del resto de entidades federativas.

Con la determinación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de respaldar ese llamado, confió en que cada uno de estos actores políticos y sociales contribuya, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, a una real cobertura y protección a la niñez a la brevedad, dada la multiplicación de este tipo de abusos.

Manifestó su confianza en que a la brevedad igualmente el Poder Legislativo contribuya con las normas que considere pertinentes.

Conminó a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados a que dictaminen su propuesta de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Servicio Profesional Docente para cesar del servicio a curas y maestros pederastas, así como para aumentar su castigo y el de sus encubridores.

También propuso un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer las investigaciones sobre el caso de pederastia en el kínder-guardería “Matatena”.

Consideró que una de las causas del aumento de esas agresiones es la existencia de un vacío en las leyes sobre prevención y atención del maltrato y abuso infantil.

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