BRUSELAS.-  Se han aprobado dos nuevas legislaciones  a través del Parlamento Europeo, mediante las cuales la Unión Europea (UE) pretende enfrentar la creciente amenaza terrorista presentada por ciudadanos europeos radicalizados.

Se determinó vigilar a los europeos que regresan a sus países de origen luego de combatir junto a grupos terroristas en Siria o Irak.  Los gobiernos de la UE se comprometen a controlar las identidades de todos los ciudadanos comunitarios y de terceros países a la entrada y salida de la UE, en todas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres.

Las autoridades deben verificar si el nombre del viajero consta en listados de documentos desaparecidos, del Sistema de Información de Schengen (SIS) o en otras bases de datos relevantes, como las de Europol o Interpol.

Hasta ahora esas revisiones se aplicaban únicamente a los extranjeros. Los controles podrán ser selectivos cuando ralenticen demasiado el tráfico en las fronteras, pero se exige, en esos casos, un análisis de riesgos para garantizar que esto no supone una amenaza para la seguridad.

La medida entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, prevista para mañana, y será de inmediata aplicación.

No obstante, se prevé un periodo de adaptación de seis meses, ampliable hasta 24 en casos excepcionales, durante los cuales los controles podrán ser selectivos. Las nuevas reglas sólo no se aplicarán en Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, países que no están sujetos a la legislación comunitaria en materia de Seguridad.

La segunda directiva adoptada por la Eurocámara amplía el listado de actividades que se consideran como delito terrorista en la UE.

Un europeo que viaja al extranjero con el objetivo de unirse a un grupo terrorista o que regresa la UE con intención de llevar a cabo un atentado podrá ser juzgado antes de efectivamente participar de un ataque.

«Necesitamos detener a los terroristas antes de actuar, en vez de lamentar el hecho de que se han producido ataques», defendió la diputada alemana Monika Hohlmeier, poniente de la propuesta legislativa en el PE.

También se tipifican como delito entrenar o recibir entrenamiento con fines terroristas, asistir, incitar o intentar cometer un atentado, financiar el terrorismo o grupos terroristas, incitar o exaltar públicamente el terrorismo, y reclutar con fines terroristas.

Muchas de esas acciones ya eran consideradas delitos en algunos países europeos, pero la UE carecía de una política armonizada. Los gobiernos europeos tendrán 18 meses para incorporar las nuevas normas a su legislación nacional luego de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Reino Unido e Irlanda no están obligados a aplicar la directiva, aunque pueden optar por hacerlo, mientras que Dinamarca queda exenta del cambio. La nueva legislación también incluye disposiciones para garantizar que tanto las víctimas del terrorismo como sus familias reciben ayuda inmediata tras un ataque.

Los países deberán asegurarse, entre otras cosas, de que los servicios de apoyo ayuden a las familias a averiguar a qué hospital ha sido trasladado su pariente y también asistir a las víctimas que han sufrido un ataque en otro territorio de la UE a regresar a sus países de origen.

Las víctimas tendrán, asimismo, derecho a asistencia médica y apoyo psicológico, así como asesoramiento legal y financiero para, por ejemplo, presentar reclamaciones.
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