CDMX, México.- Este martes vence el plazo para que más de 8 mil sujetos obligados por la Ley General de Transparencia incorporen en el Plataforma Nacional la información sobre su manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con el corte de información que dio a conocer la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, en la sesión pública de este miércoles, hasta las 10:00 horas del 3 de mayo, se contaba con 45 millones de registros, que contenían alrededor de 500 millones de datos.

Días antes, en la segunda sesión extraordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, el 27 de abril, se habían contabilizado alrededor de 40 millones de registros, con 300 millones de datos, es decir, un aumento de 5 millones de registros en seis días.

El plazo para que los sujetos obligados de los tres niveles de gobierno, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y todos quienes reciban y ejerzan recursos públicos suban a la Plataforma Nacional de Transparencia los documentos que señala la ley, vence el último minuto de hoy.

Esto, luego de que el 5 de noviembre del año pasado, plazo originalmente planteado, el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia decidió prorrogar la fecha, ante la imposibilidad física que se presentaba para cumplir con la obligación.

Sin embargo, ahora todo indica que sí se cerrará el plazo en el horario convenido y los sujetos obligados (es decir, quienes ejercen recursos públicos), deberán colocar en la Plataforma Nacional de Transparencia los documentos correspondientes a las obligaciones que les señala la ley.

En el ámbito Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), actualizó al 3 de marzo su Padrón de Sujetos Obligados, con un total de 868 instancias.

El registro incluye a las cámaras de Diputados y Senadores; 110 organismos de la administración pública centralizada; 99 de la administración pública paraestatal; 65 empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones nacionales auxiliares de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas.

También 5 empresas de participación estatal mayoritaria y organismos descentralizados en proceso de liquidación y/o desincorporación; 2 empresas productivas del Estado; 7 empresas subsidiarias de Petróleos Mexicanos.

Igualmente, 3 tribunales administrativos; 3 sujetos del Poder Judicial de la Federación; 8 organismos autónomos; 1 organismo tripartita; 4 instituciones de educación superior autónomas; 9 partidos políticos, 19 fideicomisos; 33 fideicomisos y fondos públicos en proceso de extinción; 356 fondos y fideicomisos; y 141 sindicatos.

Todos ellos, además de poco más de 7 mil sujetos obligados en los ámbitos estatal y municipal, deberán incorporar los documentos relativos a 48 obligaciones generales establecidas en la Ley General de Transparencia, además de otras particulares que les competen a diferentes grupos.

Con información de Notimex.