CIUDAD DE MÉXICO,- Las amistades no generan buenas reacciones ¿se acuerdan de la «licitación» del tren México-Querétaro, que hubo de indemnizar al gobierno de China?, bueno ahora las empresas panameñas Shanara Maritime Internacional y Marfield demandan el pago de 450 millones de dólares al gobierno mexicano por el haber asegurado dos barcos que no eran propiedad de Oceanografía, porque eran rentados.

Los barcos están especializados en la construcción de plataformas petroleras, el ‘Caballo Marango’ y el ‘Caballo Maya’, de las empresas Shanara Maritime Internacional S.A. y Marfield Ltd. Inc que en 2015 comprobaron ser los propietarios con la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Xalapa, en Veracruz, fechada el 11 de noviembre de 2015 y la sentencia del juzgado del distrito de Campeche firmada el 31 de julio de 2015.

Estos barcos tienen un valor de alrededor de 160 millones de dólares cada uno, y fueron construidos y pintados para Oceanografía bajo el régimen de arrendamiento financiero con opción a compra. Sin embargo, cuando la empresa que dirigía Amado Yáñez fue puesta bajo investigación por fraude en febrero de 2014, ambas empresas panameñas ya habían dado por terminados los contratos que ligaban a los barcos con Oceanografía, por incumplimiento de contrato.

Las empresas panameñas enviaron a la Secretaría de Economía una notificación de arbitraje, que la dependencia recibió el 3 de diciembre de 2014.

“Los inversionistas (Shanara y Marfield) solicitan como reparación la devolución de las embarcaciones, más la cantidad equivalente a los daños causados a los inversionistas por los incumplimientos a APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones) en la cantidad aproximada de 80 millones de dólares. En caso de que las embarcaciones no fueran devueltas, los inversionistas solicitan el pago de 328 millones de dólares”, señala la notificación recibida.

El monto de los daños está calculado de acuerdo con los contratos de cada barco, los cuales señalan que diariamente las empresas centroamericanas debían recibir 65 mil dólares por cada embarcación, por lo que a casi dos años y medio serían 450 millones de dólares.

Consultada al respecto, la Secretaría de Economía refirió que hasta el día de hoy, los barcos siguen bajo el aseguramiento del juez mercantil del concurso de Oceanografía, siendo las autoridades competentes para comentar el caso la PGR y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

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