La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó que el caso del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no es una «cacería de brujas», sino la implementación del Estado de derecho.

Rechazó que se trate de un «quinazo» porque es una investigación que ya estaba en curso y destacó que el propio Raúl Cervantes, exprocurador General de la República, dijo que el expediente estaba completo y que eso era «una buena señal».

La funcionaria señaló que en México ya comienzan a aparecer algunas señales del caso de corrupción internacional Odebrecht y destacó la importancia de respetar lo que las instancias de procuración e impartición de justicia determinen.

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Subrayó que una característica de la Cuarta Transformación es la autonomía de los fiscales, tanto el federal como los de las diversas entidades federativas, y que ella misma, con 25 años de experiencia en el Poder Judicial Federal, buscó autonomía y ahora no intervendrá en las decisiones que se tomen.

«Si no empezamos a construir un Estado de derecho con las diversas responsabilidades y competencias, y las respetamos, no podemos avanzar. Éstas eran investigaciones que ya estaban en curso, pero tampoco, como dice el presidente, las vamos a apagar», puntualizó.

EMILIO LOZOYA CONSIGUE AMPARO

Un juez federal en materia penal en la Ciudad de México habría concendido una suspensión provisional al exdirector
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Lo anterior, contra una posible orden de aprehensión girada en su contra.

De acuerdo con versiones periodísticas, el Poder Judicial de la Federación informó que se concedió dicha suspensión provisional y solicitó a las autoridades federales informes sobre el caso.

La defensa de Emilio Lozoya presentó un amparo para conocer si existe o no una orden de aprehensión en su contra, así como para saber el delito del que se le acusa.

Ello, luego de las órdenes de captura el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, por lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

Según las versiones, la suspensión prevalecerá hasta que el juez celebre la audiencia incidental que está prevista para el 4 de junio próximo, para definir si concederá el trámite de manera definitiva o lo negará.

Pues ello depende de la existencia de una orden de captura y que ésta no incluya ningún delito que amerite prisión preventiva de oficio.