El juez federal Jesús Delgadillo Padierna vinculó a proceso a cuatro agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) que también estaban adscritos a la Interpol México, acusados de robo agravado en distintas modalidades y tortura.

Con esto se autorizó a la FGR a continuar con la investigación en contra de los agentes.

Además se estableció un periodo de dos meses para complementar las acusaciones.

De acuerdo con información de la Fiscalía, en la audiencia del día 30 de octubre se acusó a 5 policías.

Los agentes crearon una red en la que se utilizaron uniformes oficiales de agencias estadounidenses para inculpar una familia de Zapopan, Jalisco.

Incluso, los oficiales acusaban a dichas personas de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la investigación, el plan se ejecutó desde la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

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No obstante, pese a que eran 5 los detenidos, el juez consideró que únicamente 4 agentes participaron en el robo.

Mientras, el quinto implicado recuperó su libertad, ya que acreditó que tuvo cuatro incapacidades médicas cuando ocurrieron los hechos.

Conflicto matrimonial

El abogado Marco Antonio del Toro, representante de las víctimas, reclamó y criticó en la audiencia que se utilizara a una institución de procuración de justicia federal para inculpar a sus representados.

De acuerdo con su dicho, todo el asunto se derivó de un conflicto marital y de un divorcio entre un empresario y su exesposa.

El abogado explicó que el empresario denunció a su ex esposa y a sus dos hermanos de robarse dos o tres botellas de vino de origen griego y chino, todo con la complicidad de los 4 agentes detenidos.

La acusación la hizo para presionar a la mujer para que le concediera la guarda y custodia de sus hijos.

También pretendía obligarla a que renunciara a todos los derechos patrimoniales que pudieran corresponderle.

El empresario ya cuenta con una orden de aprehensión.

En tanto el juez ordenó a los medios de comunicación no revelar el nombre de las víctimas ni tampoco ningún dato que pudiera comprometer la investigación.