“Nunca he observado que la honradez de los hombres aumente con su riqueza”: Thomas Jefferson
Mientras se sigue desarrollando el teledrama de la extradición desde Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, realizado por Javidu Productions; se concretan los acuerdos ya públicos para procesar al ex mandatario Tamaulipeco, Tomás Yarringtpon en Estados Unidos; mantienen en calidad de prófugo a César Duarte, ex mandamás en Chihuahua; se exonera al ex líder del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira; se protege a Rodrigo Medina ex mandatario de Nuevo León; y la PGR ignora los cargos en EU contra Eugenio Hernández, sucesor de TY, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se perfila a convertirse en un chasco más de la presente administración federal. Y para tener presente: Procurador o Fiscal puede no ser lo mismo, aunque la incapacidad y la ineficiencia los igualen.
En el Senado de la República se trabaja en mandar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a un periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo en el mes de julio después de las elecciones estatales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. En tanto, el acuerdo de creación de la Fiscalía Anticorrupción (FA), publicado el miércoles pasado por el procurador Raúl Cervantes en el Diario Oficial de la Federación, incluye todas las condiciones en las cuales la FA estará sujeta a la Procuraduría General de la República (PGR).
La Fiscalía Anticorrupción debería, en teoría, ser un órgano con autonomía técnica y operativa. Pero, de acuerdo con ese texto, la futura Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción (FEMDHC) seguirá amarrada a la PGR en muchos aspectos operativos, como se encuentran actualmente las Unidades Especializadas en Investigación de las subprocuradurías. La FEMDHC no contará con un área de científicos forenses para sus investigaciones y deberá auxiliarse de la Coordinación General de Servicios Periciales, la cual depende de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
El futuro Fiscal Anticorrupción también deberá proponerle al titular de la PGR el nombramiento de los agentes del Ministerio Público de la Federación de designación especial de la Fiscalía Especializada, los cuales estarán a cargo de investigar los hechos de corrupción. También deberá proponer el Fiscal al Procurador los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas a su cargo, con las salvedades previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La FEMDHC no podrá investigar por corrupción a los funcionarios de la PGR, una atribución que continuará en manos de la Visitaduría General de la propia Procuraduría. Pero los funcionarios de la nueva Fiscalía Anticorrupción si podrán ser investigados por la Visitaduría General de la PGR, al igual que por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control, el cual depende de la Secretaría de la Función Pública.
Son los senadores quienes deben nombrar al primer Fiscal Anticorrupción, el cual permanecerá en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2018, un plazo hasta ahora no modificado. Tampoco se ha alterado la facultad del Procurador para removerlo. El acuerdo publicado el miércoles en el DOF por el procurador Raúl Cervantes entrará en vigor a partir del nombramiento de la Cámara alta del titular de la Fiscalía Especializada, el cual se encuentra empantanado en negociaciones entre las diversas fuerzas políticas representadas.
La designación se resolvería luego de que concluyan los trabajos ordinarios el próximo 30 de abril, de acuerdo con una propuesta del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero. “Lo importante es sentarse a construir la modificación a la ley de la propia Fiscalía General, de lo que vamos a hacer con el Fiscal Anticorrupción y cuando vamos a activar ya los mecanismos para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción… Me parece que éstas tres cosas si ameritarían tener un periodo extraordinario: la parte normativa, la parte del Fiscal Anticorrupción y la parte del Fiscal General”, indicó.
Ante la falta de acuerdos para sacar adelante el nombramiento del Fiscal y aprobar la reforma constitucional que elimine el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, senadores del PRI y del PAN negocian que el extraordinario se lleve a cabo en julio. El periodo podría realizarse en la segunda semana de julio, antes de que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el 19 de ese mes, según el senador Miguel Barbosa, vicecoordinador de la bancada PT-Morena.
Por otro lado, las comisiones senatoriales tienen listo el dictamen para eliminar el “pase automático” del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. La redacción vigente del décimo sexto transitorio del artículo 102 de la Constitución, establece que el titular de la PGR quedaría designado, en automático, en Fiscal General de la República, por un periodo de nueve años. La modificación a ese transitorio prácticamente replica la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, la cual abre la posibilidad de que el procurador, Raúl Cervantes, también compita por el cargo.
La iniciativa presidencial llegó al Senado desde el 29 de noviembre del año pasado. Sin embargo, fue hasta el final de este periodo ordinario cuando los legisladores decidieron procesar el tema en las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos.
SNA, FISCAL SIN AUTONOMÍA
Organizaciones de la sociedad civil descalificaron el acuerdo de creación de la Fiscalía Anticorrupción, emitido por la PGR, y alertaron sobre el riesgo de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nazca con un Fiscal sin autonomía ni independencia, completamente subordinado a la Procuraduría General de la República (PGR).
El dirigente de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz, advirtió: “es un error, y el Sistema Nacional nacerá castrado si no hay un Fiscal autónomo. Con este decreto, la PGR relanzó el pacto de impunidad, porque quieren un Fiscal subordinado a la PGR”. El colectivo #FiscalíaQueSirva, a través de Alfredo Licona, consideró el futuro funcionario no contará con suficientes facultades para actuar con independencia. “Si nace así, el Fiscal Anticorrupción será una figura decorativa de la oficina del Procurador porque su autonomía está comprometida, tanto financiera como operativamente”, consideró.
Aunque el decreto se apega a la legalidad, no muestra señales de la PGR por empujar la autonomía del Fiscal, observó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. También alertó: “Existe el riesgo de que el Fiscal Anticorrupción quede completamente subordinado a la PGR”. Investigadores y académicos como Layda Negreto exigieron al Senado aprobar una reforma la cual garantice primero la independencia de la Fiscalía General, antes de pensar en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
FRAUDES A LA CARTA
Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), alertó sobre la existencia de despachos contables los cuales buscan a los mandatarios estatales para ofrecerles instrumentos financieros con “gran eficiencia fiscal”, pero están enfocados a desvíos de recursos. “Son despachos que dicen que pueden conseguir recursos del presupuesto, a cambio de porcentajes… Aconsejan hacer una famosa cuenta concentradora para poder darle más rendimientos a los ingresos”, lo cual constituye el delito de peculado, pues es una violación a las reglas de la administración pública, como sucedió en el caso de Javier Duarte. “El hacerlo y hacer una cuenta concentradora es una violación de las reglas de la administración pública, para con ello esconder en qué se van los recursos que están asignados a tal o cual presupuesto”, destacó el gobernador de Morelos. ¿Es aviso graconiano?
En entrevista con un diario capitalino, explicó: “hay despachos en México que presumen de una gran eficiencia fiscal; esto es parte de una red de corrupción; son despachos fiscales que ofrecen sofoles (Sociedad Financiera de Objeto Limitado). Las sofoles son sociedades que pueden prestar créditos de nómina a los trabajadores y es tal el abuso que se ha hecho de estos despachos, a cambio de porcentaje a funcionarios y a gobierno, que tienen endeudados hasta con el 40% de su sueldo a los propios trabajadores de los sistemas de administración pública”.
Ante la constante práctica de mezclar los recursos federales que reciben los estados se creó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual ordena a todos los gobiernos de los estados abrir una cuenta bancaria por cada programa que les entrega el gobierno federal, a fin de dar seguimiento puntual a la forma en que se gasta el dinero; esas reglas están vigentes desde diciembre de 2008. Pero, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió y denunció que todos los gobiernos de lo estados –sin excepción y cobijados bajo diferentes banderas partidistas- incurren en una práctica que ella misma denominó “simulación de reintegros” y que hasta el año pasado sumaron 221 mil 182 millones 500 mil pesos. Dicha práctica consiste en tomar dinero de una partida para llevarlo a otra y cuando la ASF lo detecta, el gobierno estatal lo repone, pero luego lo vuelve a retirar.
Todos los gobiernos estatales reciben gasto federalizado. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, uno de sus componentes proviene del Ramo 28, forma parte del gasto no programable y depende de todos los ingresos que obtenga la Federación. Otro componente proviene del Ramo 33, el cual forma parte del gasto programable y se destina a la atención de programas focalizados, prioritarios, para ayudar a superar rezagos sociales como salud, educación y seguridad pública. Además, reciben transferencias etiquetadas y recursos provenientes del Ramo 23, el cual se destina a la infraestructura física de estados y municipios. Todos los programas que se alimentan de fondos ubicados en los Ramos 23 y 33 y las transferencias etiquetadas, deben tener una cuenta bancaria individualizada, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad, pero, en los hechos, está disciplina no se concreta.
CUANDO LO OSCURO SE ACLARA
Con solamente escuchar las pláticas entre familia, con los amigos, lo mismo en cafeterías que restaurantes o bares, puede medirse en su justa realidad el grado de inseguridad que priva entre los quintanarroenses. El reporte de cadáveres de todos los días da fundamento a estas “percepciones” y no hay visita ni discurso de autoridad alguna válido para sembrar tranquilidad o confianza. Durante un buen tiempo se satanizó, por ejemplo, a los taxistas; eran ligados con la mafia un día sí y el otro también. De ahí surgiera un patrullaje interno y colocaran GPS en un buen número de vehículos, los cuales son controlados desde un sistema central. Pueden tomar muchas otras medidas para intentar ejercer un férreo control desde la organización que los agrupa, sin embargo transitar por las calles a todas horas les ha permitido conocer muchos renglones dentro de la actividad delincuencial.
Pese a cualquier señalamiento existe un control, el conocimiento del nombre y otros datos de los conductores. A los propietarios de los taxis no les conviene de manera alguna puedan resultar sus choferes ligados al vandalismo. UBER, la plataforma conocida mundialmente, es como muchos otros adelantos supuestamente creados para hacer más agradable la existencia, no tiene cabida por lo pronto en nuestro país ante la inseguridad reinante. Se sabe de la adquisición de una sola persona de 20 vehículos registrados con esa empresa lo cual lleva a dudar si con una flotilla sin límite, con registro en computadora, a sabiendas de lo fácil que resulta para muchos mexicanos alterar documentación oficial, registros, crear información falsa, se empieza a armar un equipo de distribución, de entrega de cualquier producto, independientemente de poder hacer levantamientos personales.
El horno no está para bollos y muchas voces coinciden en exigir a las autoridades cuenten con información completa, vigilen a todos aquellos con trato directo hacia los ciudadanos. Un argumento hasta cierto punto válido de esa empresa gira en torno a lo dañino que les resultaría el registro de ilícitos a bordo de las unidades a las cuales les tienen asignada la tarea de transportar. Sin embargo, y lo hemos visto, ante una eventualidad simplemente se retirarían y como pasa siempre en nuestro país no existirían culpables. Quintana Roo le ha representado de los de UBER todo un reto y para lograr entrar no han dudado en invertir decenas de millones de pesos. Así ha quedado registrado con tantas multas y con pagos directos a quienes les resulta más barato comprarse un auto nuevo que rescatar el estacionado en el corralón.
No parece tener validez se pretenda hacer pagar a los taxistas, a los dueños de las placas, por los excesos cometidos en el otorgamiento de concesiones. Cada quien debe pagar lo correspondiente y de ser necesario retirar estos beneficios que se haga sin distingo. Se debe ubicar al país en su justo lugar, considerando los atrasos padecidos por una inmensa mayoría. UBER, es un ejemplo más de modernidades para las cuales todavía no se está suficientemente adaptado. En el caso de esta aplicación, la inseguridad lo impide, pero también la alteración de miles de fuentes de trabajo hace su aparición y es mal vista. Para mejor ilustrar: la utilización de los cajeros bancarios es muy cómoda y ahora ya más segura; sin embargo se colocaron sin contemplación y los banqueros de inmediato se dieron a la tarea de sustituir personal generando miles de desempleados. Obviamente el despido corrió en dos bandas: los muy viejos y los recién contratados.
Si hubiesen regulado estos cajeros y limitado el número de ellos considerando su instalación en lugares a los cuales la gente puede acudir a cualquier hora y existe seguridad, se hubiese frenado ese porcentaje creciente de quienes hace tiempo dejaron de contar con empleo fijo, seguro, con prestaciones. Otra visión la dan los aparatos con los cuales se paga el estacionamiento. De nuevo se puntualiza en cierta comodidad pero ésta va acompañada también de un fuerte desempleo tanto de jóvenes que, cubriendo diferentes horarios podían continuar con sus estudios, como de adultos mayores de 55 años a quienes se les colocaba en el lugar del cobro. También UBER genera desempleo y lo que es peor, la pérdida del patrimonio de muchas familias al devaluarse la concesión.
En fin, a partir de saber se cuenta con una Policía Celestial ya podemos deducir se requiere de milagros para recobrar la seguridad al tiempo de estar cierto que a estas alturas sólo Dios puede protegernos. Tal vez con rezos se logre abatir el aumento del 300 por ciento de delitos cometidos durante los primeros dos meses de este año y en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Benito Juárez, Solidaridad y Chetumal, las veladoras estarán prendidas y todos muy atentos al rescate de la imagen de los policías.
AÚN HAY MAS
Inició el sexenio de Carlos Manuel Joaquín con tantas expectativas como tensiones. Un ir y venir de suposiciones rodearon y siguen haciéndolo, la gestión. Sin embargo, algunos renglones van tomando forma y de entre ellos destaca a cada paso las violaciones a las leyes. Una de ellas advierte las convocatorias, edictos, etcétera, deben ser publicados en los medios de mayor circulación del estado. Eso no ha sucedido en momento alguno e inclusive se advierte una gran mediocridad en el lanzamiento de nombramientos para integrar la Junta de gobierno del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Se espera puedan recibirse quejas y denuncias de hechos anteriores a la fecha en la cual se conozca a quienes integrarán esta Junta para así poder ver aplicadas las leyes en quienes cometieron agresiones contra periodistas y comunicadores a partir del mes de octubre de 2016. A decir verdad, las esperanzas son muy pocas y podemos relacionar esos argumentos sobre los sicarios responsables de los hechos en la discoteca Blue Parrot al alejamiento de la verdad. Se afirma, se sabe ya en cual línea aérea llegaron a Cancún, detectaron los vuelos y… los nombres? Siguen sumándose hechos violentos y culpables no hay ninguno. Eso sí, los pronunciamientos son radicales, frente a un pódium, dando la cara a la gente bonita, resguardada la espalda y en fila para la retirada una caravana de camionetas blindadas y los guardaespaldas a la orden.
Donde Renato Sales, Osorio Chong y los presumiblemente encargados de proporcionar seguridad y por ahora ocupados en lograr esto suceda en Quintana Roo, actúen como lo han hecho en Tamaulipas o Chihuahua, más vale permanecer confesados y con testamento debidamente registrado. Por ahora en la joya del Caribe mexicano no pueden encontrarse certezas de índole alguna.
DE LOS PASILLOS
El viernes, ante el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, compareció Javier Nava Soria, acusado de fungir como “prestanombres” y presunto contador de los fondos ilegales hurtados al erario público por parte del ex gobernador veracruzano, Javier Duarte, y rechazó ser extraditado a México de forma voluntaria, lo cual le permitirá ganar tiempo en su estrategia judicial, tanto en nuestro país como en España…. Hasta cumplirse los trámites exigidos por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial entre ambos países, el presunto “cómplice” de Duarte de Ochoa será entregado a las autoridades mexicanas. La PGR tiene la obligación de enviar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el servicio diplomático mexicano, la petición formal de extradición a las autoridades españolas y los tribunales competentes… Así van recreando día con día las farsas del aprendiz de diplomático, del funcionario a quien lucen al momento de ser tratado como Jefe de Estado por los reyes españoles, valiéndose del desconocimiento sobre los protocolos de la realeza…
En marzo de este año se reportó la cifra más alta de homicidios dolosos registrada en el país durante esta administración federal: 2 mil 20 denuncias por ese delito. En febrero se contabilizaron mil 825 y en enero mil 930, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Así, el primer trimestre de este año rompió récord, con una suma de 5 mil 775 denuncias por homicidio intencional, a pesar o como consecuencia de la estrategia de combate frontal con grupos delictivos, despliegue constante de fuerzas armadas, la capacitación de nuevos policías y los exámenes de control de éstos. De ahí el debate sobre el papel que deben tener las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. El delito de secuestro también ha registrado incrementos en este año: a nivel nacional se reportaron 98 denuncias en enero, 92 en febrero y 101 en marzo; 291 en total en el primer trimestre de 2017; en el de 2016 se reportaron 247 y en el de 2015, 271 denuncias. Tamaulipas y Veracruz concentraron los casos de secuestro…
La Tasa de Desocupación (TD) en México observó un ligero repunte en marzo pasado a 3.53% de la Población Económicamente Activa (PEA), desde 3.46% en febrero, reportó el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) al considerar cifras desestacionalizadas. La TD se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo y realizó alguna actividad por obtener empleo. En tanto, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) se redujo marginalmente a 56.93 por ciento de la población ocupada durante el tercer mes del año frente al 57.27 por ciento registrado en febrero.
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