CDMX, México.- Durante los pasados 20 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha logrado acumular sanciones por un total de 22 mil 119 millones de pesos, es decir unos mil 105 millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), los castigos más altos, tuvieron lugar durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.
No debe sorprender, que durante los últimos años, Pemex haya sido empleada como botín de empleados y directivos. Por lo que la SFP, ha inhabilitado 1,444 funcionarios para desempeñar algún cargo en el Gobierno y ha emitido 890 sanciones económicas.
El monto más alto de multas se impuso en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) que sancionó a 264 funcionarios por un total de 14,765 millones de pesos (738 millones de dólares). En contraste, el monto más bajo se registró en el de Ernesto Zedillo (1995-2000) con 299 millones de pesos (cerca de 15 millones de dólares) en contra de 175 servidores.
La multa más alta en los últimos 20 años se impuso en diciembre del 2010 en contra de catorce funcionarios de Pemex Refinación. La sanción que ascendió a 5,134 millones de pesos (256.7 millones de dólares) fue porque los involucrados manipularon procesos de licitación y contrataron con sobreprecio la renta de cuatro buque-tanques. La multa más reciente —por casi 2.5 millones de dólares— se dio a conocer a principios de marzo y fue en contra de siete servidores públicos que realizaron pagos indebidos a una empresa por una obra que no se ejecutó.
Pero pese a lo escandaloso de las multas, el verdadero problema es que éstas en la mayoría de las ocasiones no se cobran, por diversos factores, como que el caso fuera a juicio o se modificara la sanción.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que además de no pagar la sanción, los involucrados tampoco son castigados con cárcel. Cuando la SFP impone la multa, el servidor público la impugna ante un tribunal administrativo. Si el daño patrimonial que se causó es muy grande y por ende implicaría varios años de cárcel, la estrategia de los involucrados es aceptar una sanción económica. “Es una sanción que parece muy dura, pero después se apela ante un juez administrativo y con eso se libró de prisión”, explica el experto en temas anticorrupción.
Un ejemplo de la impunidad institucional es la multa que se impuso a Rogelio Montemayor Seguy, extitular de Pemex y a otros cinco exfuncionarios involucrados en el famoso Pemexgate. En el caso desvelado a principios del 2001 se descubrió que funcionarios de la empresa estatal desviaron más de mil millones de pesos al sindicato petrolero. La mitad de ese dinero terminó en la campaña presidencial de Francisco Labastida en el 2000. La sanción por 2.842 millones de pesos (142 millones de dólares) emitida en 2005 por el daño causado al erario —una de las más altas históricamente— no fue resarcida.
Montemayor, que fue inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público, ganó un largo litigio en tribunales que lo exentó de pagar lo que le correspondía.
En una década, la SFP ha impuesto multas por 37.236 millones de pesos a los servidores públicos de toda la administración federal que han incurrido en actos ilegales. El 40% de la sanciones se han concentrado en directivos y personal de Petróleos Mexicanos.
La petrolera estatal atraviesa actualmente una compleja situación financiera tras acumular pérdidas durante cuatro años consecutivos. Desde el inicio de mandato de Enrique Peña Nieto la producción de Pemex no ha logrado remontar y con la crisis del crudo en el 2015 las pérdidas alcanzaron su máximo histórico.
Aunado a este panorama devastador, recientemente ha sido señalada como parte de las empresas que han recibido sobornos de Odebrecht. En diciembre pasado representantes de la constructora que protagoniza el mayor escándalo de corrupción en América Latina confesaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano.
con información de la Secretaría de la Función Pública y El País