Por Francisco Chávez

En los próximos meses la CDMX tendrá siete nuevos encargados de ayudar a los ciudadanos para que puedan exigir cuentas claras a las instituciones públicas.

Dicho de otro modo, los ciudadanos contarán con el apoyo de un especialista para cuestionar el gasto del presupuesto en cosas inservibles o más barbaridades.

Serán los siete elegidos

En estos momentos en los que parece que se ha perdido la fe en las instituciones, serán siete los seleccionados por la Asamblea Legislativa y formarán parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX, pero ninguno de ellos formará parte de un partido político.

¿Entonces de dónde surgen?

Ellos son propuestos por centros de investigación, colegios, barras de abogados, asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación.

Uno de ellos, Miguel Guzmán Martínez, aspirante a comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, explicó en entrevista para Business Locker, que dicho organismo puede promover la denuncia ciudadana de este tipo de temas.

La sociedad debe participar

Hasta aquí todo suena muy bonito; sin embargo, hay un gran problema, para que todo funcione hace falta la cooperación del ciudadano, es decir, si la gente no alza la voz al notar, por ejemplo, una obra absurda que costó millones, ellos podrán hacer poco.

No todo está perdido

Guzmán tiene una propuesta fundamental para atacar este problema, que consiste en implementar un mecanismo para que diversas zonas de la ciudad armen comités ciudadanos únicamente para denuncien al instituto cualquier anomalía que detecten en las autoridades de forma fácil y rápida.

La idea es vigilar «el ejercicio de los recursos públicos que se ejecutan en las diferentes medidas territoriales, por parte no solo de las delegaciones o futuras alcaldías», detalló Guzmán.

Cabe señalar que esto no es algo nuevo, existe desde la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año 2003.

Sin embargo, no se ha aprovechado su potencial, al menos para exhibir actos de corrupción, que tanto flagelan al pueblo de México.

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