La administración del presidente estadounidense Donald Trump se convirtió en objeto de una avalancha de presiones por parte del sector agrícola, industrial, sindical y ecologista, así como de prominentes legisladores con motivo de su decisión de impulsar la modernización del TLCAN.

La notificación para el inicio de negociaciones con México y Canadá después de un periodo de 90 días detonó una oleada de posicionamientos de quienes quieren evitar que la renegociación afecte a sectores clave y quienes buscan adiciones o reformas mayores al acuerdo.

La administración Trump esbozó su interés de actualizar las áreas de propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas estatales, servicios, procedimientos aduanales, así como en medidas fitosanitarias, trabajo, medio ambiente y pequeñas y medianas empresas.

Pero la notificación formal evitó los objetivos más específicos que había incluido en el borrador inicial presentado al Congreso. En este marco arreciaron los posicionamientos, desde la cúpula empresarial, rancheros, legisladores, líderes sindicales y activistas.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, el organismo empresarial más grande del mundo, urgió al presidente Trump a una rápida modernización del Tratado de Libre Comercio de Amércia del Norte (TLCAN), a mantenerlo como un acuerdo trilateral y a evitar cualquier alza arancelaria o barrera entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Debemos empezar por reconocer el valor del acuerdo para nuestro bienestar económico”, señaló su presidente Thomas Donohue.

Entre los más importantes sectores económicos de Estados Unidos, los agro-productores se encuentran entre los grupos más vocales en su defensa del acuerdo y en la necesidad de que la modernización no afecte el trato preferencial en su comercio con México.

“Es critico que preservemos las considerables ganancias que hemos obtenido para el sector de agricultura y comida de Estados Unidos”, indicaron la Asociación Americana de Exportadores de Granos y el Instituto Norteamericano de la Carne.

Estados Unidos vendió el año pasado a México casi cinco mil millones de dólares en productos lácteos y cárnicos –incluido pollo, res y cerdo—, un sector del que dependen más de 15 millones de empleos en territorio estadunidense.

El sector agropecuario ha recibido apoyo de sus representantes en el Congreso, en especial del senador Chuck Grassey de Iowa -el principal estado productor de huevo, puerco, soya y maíz- quien está preocupado de represalias de México si se le presiona demasiado.

“La administración (Trump) debe rechazar tajantemente cualquier renegociación que pueda lesionar a la agricultura”, dijo Grassley, quien ha advertido a funcionarios estadunidenses sobre la propuesta que circula en México para comprar maíz de Brasil o Argentina.

El sector automotriz, que es unánimemente considerado como uno de los casos de éxito del acuerdo, saludó asimismo la necesidad de modernizar el TLCAN, aunque ha externado una posición cautelosa en algunos aspectos de la negociación mencionados por la administración Trump.

Dentro del sector existe preocupación de que la insistencia de la administración Trump en modificar la regla de origen de contenido regional para autos –de 62.5 por ciento- afecte negativamente las cadena de suministro existentes.

El Consejo Americano de Política Automotriz, que representa a Ford, General Motors y Fiat Chrysler, ha sugerido su preferencia de que la administración Trump lidie con el tema de prácticas de divisas más que abrir la caja de pandora de las reglas de origen.

En el marco de la ronda de consultas realizadas por el representante comercial Robert Lighthizer con legisladores, el senador Rob Wyden señaló que el tema de las divisas buscará ser incluido por la administración Trump en la negociación del TLCAN.

Desde noviembre pasado, poco después de las elecciones, Barack Obama advirtió a Trump que cualquier decisión que tomara sobre el TLCAN debería tomar en cuenta “la cadena global de suministro” o de lo contrario podría afectar en especial a la industria automotriz.

Un planteamiento similar hicieron los presidentes de la Asociación Americana de Ropa y Calzado (AAFA), Rick Helfenbein; de la Asociación de Líderes Industriales (RILA), Sandra Kennedy; de la Federación Nacional de Menudistas, Matt Shat y de la Asociación de la Industria de la Moda (USFIA), Julia Hughes.

“Coincidimos que el acuerdo debe ser actualizado para reflejar la realidad de los negocios de hoy. Sin embargo pedimos apoyo (…) para asegurar que no se perjudique a las exitosas cadenas de abasto de las que dependemos”, escribieron a la administración Trump.

Al igual que los empresarios, legisladores como el influyente senador republicano de Arizona John McCain advirtieron a la administración Trump evitar restricciones comerciales en la renegociación del TLCAN.

“Cualquier esfuerzo para imponer nuevas restricciones a nuestra capacidad de comerciar con México y Canadá podría poner en peligro el futuro del TLCAN y tener consecuencias desastrosas para Arizona y para el país”, señaló McCain.

En contraste, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se declaró decepcionada por la falta de detalles en la carta de intención de la administración Trump para formalizar el inicio de negociaciones del acuerdo comercial.

“La vaga carta del presidente sobre el acuerdo es un marcado contraste con las agresivas promesas que hizo a las familias trabajadoras durante la campaña. Para toda su retórica, el presidente está decepcionando amargamente a los trabajadores estadunidenses en comercio”, añadió.

Entre los demócratas y sus aliados en las organizaciones sindicales, ecologistas y de defensa de los consumidores, surgieron voces que piden aprovechar la modernización del acuerdo para lograr reformas mayores en temas como trabajo, medio ambiente y resolución de disputas.

“Debemos elevar y efectivamente hacer cumplir los derechos de los trabajadores y los estándares ambientales, eliminar los excesivos privilegios corporativos, priorizar los buenos empleos y salvaguardar la democracia”, señaló el líder de la AFL-CIO, Richard Trumka.

Para Public Citizen, el grupo de defensa de los consumidores que luchó contra la aprobación del TLCAN en 1993, la prioridad es que la modernización del acuerdo elimine los tribunales de resolución de disputas.

“La medida obvia sobre si el acuerdo busca beneficiar a la gente trabajadora es si el presidente deja en claro que eliminaremos los derechos especiales de los inversionistas que facilitan exportar empleos estadunidenses”, dijo su directora comercial Lori Wallach.