El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está consciente que solo un milagro de tarjetas con dinero y fraudes electorales puede salvarlo y llevarlo nuevamente a ocupar de manera espuria el Trono del Águila. Algo ciertamente improbable luego del pésimo sexenio de Enrique Peña Nieto y el desastre de país que deja.
Lo mismo le sucede al desestructurado Partido Acción Nacional (PAN) y al cuestionado y denunciado Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los políticos y funcionarios de ambos se encuentran desesperados con el cambio que puede llegar.
Lo anterior deja en evidencia por qué el robadero no tiene freno. Así lo exhibe el informe parcial de la revisión de la cuenta pública del año pasado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual que ha detectado irregularidades precisamente en el uso de los recursos federales por un monto acumulado de 51 mil millones de pesos.
La ASF realizó 1166 auditorias y el resultado es terrible: de los 51 mil millones de pesos faltantes, 39 mil 296 millones de pesos corresponden a irregularidades de los 32 gobiernos estatales. Y peor aún, el estudio arroja que el 76 por ciento de estas irregularidades corresponden a los poderes ejecutivos.
Esto quiere decir que no hay gobernador que se salve de estas irregularidades por llamarlo de una manera elegante; aunque en mi pueblo les dicen corruptelas. Lo más impresionante de este informe son dos cosas: que durante los últimos ocho años se han presentado 848 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que comparado con los ocho años anteriores (2002-2009) sólo fueron interpuestas 24 denuncias.
Como bien lo informaron en la investigación de la llamada Estafa maestra, elaborada por el organismo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), el esquema consiste en entregar contratos ilegales donde participan dependencias federales, universidades y obviamente un buen número de funcionarios. La clave está en saber repartir y que todos queden contentos.
Pues bien, en este informe parcial de la ASF se hicieron dos auditorías de carácter forense y descubrieron las triangulaciones irregulares en la asignación de contratos que involucran al estado de Zacatecas con la Universidad Politécnica de Zacatecs (UPZ), Sagarpa y Conapesca. Y descubrieron un daño patrimonial de 57.4 millones de pesos. Por supuesto, el gobernador priista Alejandro Tello Cristerna prefiere guardar silencio sobre los ocho convenios que tiene firmados con la universidad en cuestión.
Pero no es la única, todo indica que Tello Cristerna ha encontrado su minita de oro. Además de la Politecnica, también están involucradas la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ).
En igual circunstancia se encuentra el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez, quien utilizó a la Universidad Técnica de Salamanca y a la Comisión Nacional del Agua para hacer operaciones con un daño patrimonial de más de 45 millones de pesos.
A Gabino Cué Monteagudo también le encontraron irregularidades similares en Oaxaca. Durante su gobierno en representación de Convergencia y PAN, la ASF detectó 3122 millones de pesos, pero el gobierno sólo ha aclarado o solventado el destino de 31 millones de pesos.
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