Con información y fotografía de AFP
Presuntos guerrilleros del ELN mataron este jueves a un soldado que atendía la situación de emergencia de Hidroituango, la hidroeléctrica en construcción más grande de Colombia, informó el Ejército.
El uniformado Miguel Pinto, de 24 años, «ayudaba a la comunidad a superar la emergencia y en labores de seguridad» en el municipio de Valdivia (noroeste) «cuando fue atacado» por los rebeldes, indicó el ejército en un comunicado.
El ataque ocurrió dos días después de que terminara el cese al fuego unilateral decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con motivo de las presidenciales del domingo y en el marco de los diálogos de paz desarrollados en Cuba.
Las negociaciones con el ELN, reconocido como el último grupo rebelde de Colombia tras el acuerdo de paz del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se llevan a cabo en medio de la conflagración.
Valdivia es uno de los cuatro municipios del departamento de Antioquia en alerta roja y cuya población ha sido evacuada de manera preventiva por posibles deslizamientos de tierra y crecientes del río Cauca, que alimenta a la hidroeléctrica.
Hidroituango, que pretende suplir una quinta parte de la demanda energética de Colombia, entró en emergencia cuando un derrumbe bloqueó el túnel de desviación del afluente, lo que provocó que el embalse se empezara a llenar sin estar terminado a la altura del vertedero, por donde debe seguir el cauce.
Luego el único túnel de desagüe se bloqueó y provocó una creciente súbita.
Entre el 12 de mayo, cuando empezó la emergencia, hasta el viernes pasado fueron evacuadas más de 25.000 personas ante el riesgo de una creciente o el colapso de la presa.
Miles de ellas volvieron a sus casas luego de que las autoridades dieran un parte de control. Pero el martes 1.500 obreros que atendían la emergencia tuvieron que ser desalojados ante movimientos de tierra detectados y que podrían anunciar nuevos derrumbes.
Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).
Camargo Correa está siendo investigada en el marco de la operación anticorrupción «Lava Jato» (lavadero de autos), que destapó una red de sobornos enquistada en el aparato estatal y político de Brasil, con ramificaciones en decenas de países.
La fiscalía colombiana investiga la contratación y adjudicación de las obras y posibles daños ambientales.
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