Las empresas que hagan o acepten sobornos, practiquen tráfico de influencias o hagan  uso indebido de recursos, serán sancionadas a partir de este 19 de julio.

En esta fecha entrará en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

Las sanciones administrativas y penales que podrán recibir las compañías irán desde multas hasta la disolución de la sociedad y la expropiación de los bienes adquiridos bajo estos ilícitos.

También se les aplicará la extinción de dominio, es decir, el decomiso de bienes como propiedades o dinero en efectivo que la empresa haya obtenido a través de malas prácticas.

Se sancionarán las malas prácticas, incluyendo operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales a funcionarios o fraudes.

La Ley 3 de 3 será promulgada en julio de luego de enfrentar un veto presidencial y pretende perseguir a las empresas que usan la corrupción como una estrategia para mejorar su posición.

La nueva ley pretende perseguir este tipo de casos y exhibir la conducta de la empresa, no sólo de las personas que incurrieron en el acto, precisó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.

«A la empresa se le podría acusar de corrupción bajo el nuevo Código Penal, porque se puede demostrar que actuó como tal y no sólo el ejecutivo.

«Es decir, que se pueda establecer que no fue sólo un ejecutivo de la empresa quien obtuvo el beneficio indebido a partir de un soborno o cohecho, sino que la empresa tuvo una política para obtener esos beneficios indebidos».

Los casos pueden seguirse de oficio, por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte una mala práctica, o a través de una denuncia.

La Ley General de Responsabilidades es una de las siete que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El SNA nació como una estrategia para evitar que en México se sigan incrementando los delitos en esta materia, que consume cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB), merma la competitividad y daña la imagen tanto de instituciones como de funcionarios.

Vía Expansión.