Estados Unidos puso fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 200,000 salvadoreños, que tienen ahora 18 meses adicionales para hallar otra forma de regularizar su situación o irse del país.

El TPS para los salvadoreños había sido adoptado por Estados Unidos después del terremoto de 2001, pero la decisión de la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, considera que están dadas las condiciones para que El Salvador reciba de vuelta a estas personas.

El Salvador respondió de manera tímida, enfocándose menos en la amenaza de deportación y más en la prórroga de 18 meses. En una nota, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén agradeció a Estados Unidos por «este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios históricos».

«Basada en una cuidadosa consideración de la información disponible (…) la Secretaria de Seguridad Interna determinó que las condiciones originales causada por el terremoto de 2001 ya no existen», dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés).

Por ello, añadió, «la actual designación de TPS (para los salvadoreños) debe ser extinta».

La misma fuente apuntó que para «garantizar una transición ordenada» las autoridades determinaron un plazo hasta el 9 de septiembre del próximo año.

Ese período «proporcionará a individuos con TPS tiempo para arreglar detalles para su partida o para buscar otro estatus migratorio legal en Estados Unidos caso sean elegibles».

Este cuadro abre un escenario de enorme incertidumbre para decenas de miles familias de salvadoreños que eran beneficiarias del TPS y tuvieron hijos en Estados Unidos, de forma que estos últimos son ciudadanos estadounidenses.

Oficialmente viven en Estados Unidos 1.7 millones de salvadoreños, aunque estimativas extraoficiales apuntan que si se suman las personas que se encuentra en territorio estadounidense en forma irregular ese número ascendería a alrededor de 3.1 millones.

El TPS, desde su concepción, tuvo un carácter de protección a personas en situación de emergencia humanitaria, pero sectores del gobierno estadounidense afirman que es apenas una fisura en la legislación que permite la inmigración en masa.

Con información de AFP.