La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado diversas irregularidades en el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), entre las cuales destacan las relacionadas con la edificación de la barda perimetral, por más de 380 millones de pesos.

Según dio a conocer La Jornada el 26 de febrero de 2018, la ASF encontró una serie de pagos ilegales que ascienden a los 365 millones de pesos (aproximadamente) en la nueva terminal aérea por rubros que iban desde la duplicidad de asesorías legales hasta ajustes por costos de salarios y la inclusión de estudios no previstos en el proyecto.

Sin embargo, éstas no han sido las únicas anomalías en la construcción de este majestuoso proyecto de infraestructura anunciado con bombo y platillo por el gobierno de Peña Nieto. La construcción de la barda perimetral fue encomendada por el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la auditoría de inversiones físicas 354-DE (en la cual se analizó una muestra de 936 millones 436 mil pesos de un total de mil 611 millones 585 mil pesos), la entidad responsable del proyecto no ha entregado documentación que justifique el destino de 389 millones 670 mil pesos.

Una de las irregularidades en las que incurrió el grupo responsable del proyecto en lo que se refiere a la barda perimetral fue la autorización de un pago de 5 millones 642 mil pesos a la Sedena, que incluyó 16 por ciento de IVA en gastos varios, cuando dicho impuesto sólo aplica al precio de los materiales.

Además, la ASF encontró irregularidades en la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM, para la cual se autorizó un pago de 119 millones de pesos sin verificar que el costo incluyera sólo el concreto, y no la estructura de acero de refuerzo que tiene en su interior.

Otra de las anomalías que documentó la ASF en lo que se refiere a dicha losa de cimentación es que después de una licitación se adjudicó el trabajo en forma directa a una contratista que en la etapa previa del proceso hizo una propuesta 61 por ciento más elevada que la oferta más baja.

En este y otros trabajos, advirtió la ASF en su informe, se comprobó que el GACM no acreditó los criterios de economía, eficacia y eficiencia que aseguraran las mejores condiciones para el Estado.

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