• El compromiso de México es reducir la vulnerabilidad en 160 municipios; fortalecer las capacidades de las comunidades locales; incrementar las acciones de protección y restauración de los ecosistemas, además de lograr una tasa cero en deforestación y generar e implementar sistemas de prevención y alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos extremos.

INFORMACIÓN: Notimex      IMAGEN: Wikipedia

En México, al igual que en varias naciones, prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático, por lo que el país ha desarrollado diversas herramientas para estar mejor preparado y hacer frente a los impactos adversos que se reflejan en fenómenos naturales como sismos, ciclones tropicales, heladas, altas temperaturas, entre otros.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el país o cuenta con una Ley General de Cambio Climático y tiene compromisos voluntarios de adaptación y reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero, así como una Estrategia y un Programa Especial de Cambio Climático para su implementación.

En tanto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otras instancias, han estudiado las condiciones de peligro a las que ha estado sujeto el país.

Una de las herramientas con las que cuenta México es el Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres que comprende riesgos geológicos (sismos, tsunamis, volcanes, movimientos de la superficie del terreno natural); hidrometeorológicos (precipitación pluvial, tormentas de granizo y nieve; heladas, ciclones tropicales, escurrimiento, inundaciones, sequía erosión, viento y marea de tormenta).

Además abarca usos del agua y la infraestructura nacional para su aprovechamiento; impacto en la sociedad, señala el estado de los instrumentos de gestión y las formas de organización que posee la sociedad para administrar el agua y aporta datos para ubicar la situación nacional del agua en el contexto mundial.

Otra herramienta es el Atlas Nacional de Riesgos, cuya tarea es difundir conocimientos sobre los peligros e identificación de los riesgos de desastres que se presentan en el país y derivado de este instrumento, cada estado y cada municipio elabora su propio atlas de riesgos.

En cuanto a la calidad del aire, existe un mapa de trabajo colaborativo entre la Dirección de Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y el Cenapred, el cual pretende dar un valor agregado al monitoreo de los contaminantes atmosféricos con el uso de diversas herramientas con que cuenta el Atlas Nacional de Riesgos.

Es una herramienta de coordinación en el alertamiento a la población y en la acción institucional, ante la amenaza ciclónica, que se sustenta en la interacción de los principales actores del Sistema Nacional de Protección Civil: la sociedad y sus organizaciones; las instituciones de investigación del fenómeno hidrometeorológico e inclusive quienes estudian sus efectos sociales; los medios de comunicación y la estructura gubernamental del Sistema Nacional de Protección Civil.

En tanto, el Atlas Climático Digital se fundamenta en la necesidad de disponer de mapas y datos del país que contengan información de distintas variables climáticas que son necesarias para una gran diversidad de usuarios, destacando la de modelar la distribución de la biodiversidad, así como para manejar o adecuar el impacto de un posible cambio climático sobre ella.

La parte financiera se atiende a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, que proporciona suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Por su parte, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales tiene como objetivo revitalizar las iniciativas dirigidas a prevenir los desastres al hacer eficiente el aprovechamiento de los recursos financieros disponibles y magnificar los resultados ligados a la preservación de la vida e integridad física de las personas, así como la de los servicios e infraestructura pública y el medio ambiente.

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