Una mujer fue detenida por militares en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, y retenida ilegalmente en instalaciones castrenses, donde soldados tocaron sus partes íntimas, la obligaron a practicarles sexo oral y la golpearon.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la “detención arbitraria” y “retención ilegal”, realizadas en agosto de 2012, son atribuibles a catorce elementos tanto del Ejército Nacional como de la Policía Federal, por ello, dirigió la Recomendación 09/2018 al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia y al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán para reparar el daño a la agraviada conforme a la Ley General de Víctimas.

“En su queja, radicada con el número de expediente CNDH/2/2014/159/Q, la víctima señaló que fue detenida en el domicilio de su entonces pareja sentimental y retenida ilegalmente en instalaciones militares, donde los servidores públicos aprehensores la golpearon, tomaron por los cabellos, la tocaron en sus partes íntimas y fue obligada a practicarles sexo oral”, informó la CNDH en un comunicado.
La Comisión recordó que la víctima además fue presentada a los medios de comunicación de aquel estado antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público Federal, pues fue hasta 19 horas después del arresto que la mujer fue trasladada vía aérea a las instalaciones de la SIEDO (ahora SEIDO) de la PGR, mismo lugar en el que, indicó, fue nuevamente golpeada, recibió toques eléctricos “para que declarara” y fue obligada a firmar documentos sin dejar que los leyera antes.

La CNDH acusó que los elementos militares y policiales que transgredieron los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica e integridad personal de la mujer no han sido identificados, pues ambos organismos no proporcionaron los nombres y sólo se limitaron a entregar un listado de claves numéricas para dar con ellos.

Por su parte, la PGR, denunció el organismo autónomo, no documentó las lesiones que presentó la agraviada.

El organismo defensor de derechos humanos exigió colaboración en el trámite y seguimiento de la queja y ordenó la impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de equidad de género al personal de la SEDENA, PGR y Policía Federal de San Luis Potosí.

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