“No hay ausente sin culpa, ni presente sin disculpa”: proverbio francés.
Una vez descubiertos los otros rostros, los ocultos, los pretendidamente mantener en total secreto, nada vuelve a ser igual y tal parece no basta con el juicio que la misma historia del país va formulando al quedar a la vista las realidades y con ellas la aplicación de los peores calificativos aplicados a la raza humana. Aquellos ejemplos de empresarios jóvenes, de la aplicación directa de apoyos gubernamentales para formar una nueva clase inversionista, de sangre joven, de emprendedores con muchos años por delante para forjar una mejor nación y procurar el desarrollo necesario para acceder a un primer mundo, todos ellos promocionados por Carlos Salinas de Gortari, terminaron tras las rejas.
Esa misma generación juvenil a la cual le aplicaron todos los adjetivos calificativos posibles para hacer resaltar preparación, visión de futuro, una casi imperceptible –desde el centro- cola ligada a la corrupción o a los enriquecimientos explicados desde el manejo presupuestal, la estrategia de lujo del PRI para ganar las gubernaturas de Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo e inclusive mostrar su beneplácito para en alianza con el Verde, Chiapas, resultó otro fiasco, tanto partidista como presidencial al recibir todos el visto bueno de las respectivas jerarquías, Al igual que con la nueva clase económica, el rumbo de la presumida camada de lujo tiene el mismo rumbo: las rejas.
Y si verdaderamente hubiese siquiera la mínima intensión de terminar con la corrupción y la impunidad, la Presidencia de la República correría la misma suerte al existir elementos suficientes para la formación de algunos expedientes de peso y volumen no vistos. Lo que sobran en nuestro país son Leyes, las hay de todos los colores y sabores, los sentados en las curules –cada vez resulta más difícil considerarlos representantes populares en el cargo de legisladores-, se encargan de hacer de cada renglón todo un artículo al que llaman reformatorio en el cual enredan más y más cualquier comisión de ilícitos y ofrecen puertas por doquier para esquivar lo antes decretado, más aún si esto es peligros a los intereses personales o de grupo.
Se revive ahora otro de esos ejemplos, uno en el cual la incapacidad se hace presente. En Nayarit, durante el mandato de Emilio M. González, se tomó la determinación de nombrar a Celso Humberto Delgado como sucesor. Hubo un mandatario sustituto a fin de hacer al viejo gobernante casado con una mujer 40 años más joven, senador. Instalado Delgado en la silla estatal y don Emilio en la curul, la paralización en el estado se hizo presente y con ella el almacenamiento de problemas sin solución. El argumento para justificar la ingobernabilidad existente consistía en culpar al senador de dictar órdenes desde el edificio de Xicoténcatl, de impedirle al gobernador actuar, de tumbar sus decisiones. A la mitad del mandato falleció el legislador y durante el siguiente trienio, ya sin justificaciones, pudieron los nayaritas percatarse del grado de incapacidad, inexperiencia y deseos de gobernar que habían acompañado a Celso Humberto tanto en el gobierno como en una campaña ganada por su antecesor.
Lo mismo sucedió en un estado y está a punto de suceder en tres. Fue mucho el arguende armado por El Bronco Jaime Rodríguez, mandatario de Nuevo León, en contra de Rodrigo Medina, de su mal manejo de las finanzas estatales. Se lanzaron uno y mil señalamientos de corrupción y han pasado ya suficientes años como para siga en veremos toda esa cauda de denuncias y, por ende, la libertad tanto del ex gobernador como de toda la familia involucrada como operadores, cómplices, presta nombres, etcétera, etcétera. Rodrigo Medina (2009-2015), cuenta con la total protección del peñanietismo. Pisó la cárcel el 26 de enero, sólo por 18 horas, acusado de desvío de recursos y cuya riqueza es ostentosa y ofensiva para el pueblo neoleonés, pero gracias a un amparo (39/2017) sigue el proceso en libertad. Es acusado por un quebranto de 3 mil 567 millones 967 mil 469 pesos.
Fue internado en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, y como interno le correspondió el número 0238. No fue fichado. La fotografía difundida por las autoridades lo mostró impecablemente peinado, con un esbozo de sonrisa y recargado en la pared. Una juez federal, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, con sede en Monterrey, ordenó la inmediata libertad de Rodrigo Medina e instruyó a Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, Juez de Control en Nuevo León, dejar sin efecto la prisión preventiva que decretó en contra del ex mandatario. Tampoco se han dado por parte del mandatario independiente los cambios prometidos en campaña y todo apunta que quienes hacen tantos alardes son alcanzados en un tiempo muy breve por el llamado Principio de Peter, de ese ejemplo con el cual se detecta el límite de capacidad de los seres humanos para la realización de cualquier tarea.
No pasará mucho tiempo para observar se terminó la etapa de reflectores para Miguel Ángel Yunes Linares. Su bandera de triunfo y de respaldo durante el inicio del mandato y medio año después fue el arresto y la aplicación de penalización a Javier Duarte, familia y cómplices. Entre las quejas por las deudas contraídas con bancos pero también de las existentes con proveedores y prestadores de servicios, señalamientos de aplicación de medicamentos falsos, falta de entrega de recursos a los Ayuntamientos, etcétera, Yunes logró le soltara la Federación algunos cientos o miles de millones de pesos. Pero, una vez capturado Duarte, liberada de acusaciones toda la familia política, la esposa y algunos de sus poderosos amigos como Moisés Manzur y estando pendiente hasta no ver los resultados electorales de junio, el gobernador veracruzano no tiene otra más que demostrar sabe gobernar, porque nada de esto ha hecho y los problemas se acumulan hasta lograr los ciudadanos le retiren el apoyo brindado.
Aunque aún puede ser el promotor de la campaña negra en contra de AMLO, aunque habrá de observarse si se unirá a las expresiones que también con ese fin, el del desprestigio, mencione su antecesor. ¿Se les verá compartiendo argumentos que hablen de la similitud de pensamientos y obediencia al mandato presidencial actual y al mismísimo tricolor? ¿Uno negará las entregas económicas y otro asegurará haberlas entregado? ¿Cuál papel les asignarán desde el centro a cada uno? ¿Creerán les respetarán por un solo segundo cualquier iniciativa o sus pensamientos cuando existe un objetivo claro: derrumbar al tabasqueño cueste lo que cueste? ¿Cuáles serán los próximos acuerdos, ofrecimientos, pactos, garantías? A Yunes sólo le quedan de gobierno oficial 24 meses, en la realidad apenas 12.
HUMBERTO MOREIRA, PROTEGIDO Y OPERANDO
Otro ex gobernador con protección federal es Humberto Moreira, quien firmó decretos para adquirir una deuda de más de 33 mil millones de pesos con documentación apócrifa, recursos que presuntamente se utilizaron para financiar cinco campañas estatales y la federal de Enrique Peña Nieto. En noviembre de 2012, la PGR lo absolvió del endeudamiento por no contar con evidencias suficientes para acusarlo formalmente. En junio de 2015, una corte del estado de Texas involucró a Moreira en operaciones de lavado de dinero a través de un prestanombres llamado Rolando González Treviño, quien se declaró culpable e implicó al ex dirigente nacional del PRI. En enero de 2016, Moreira fue detenido por las autoridades españolas de Barajas, Madrid, bajo el cargo de blanqueo de dinero y malversación de fondos promovido por la justicia estadounidense. Fue implicado de colaborar con el cártel de Los Zetas. A través de la embajada de México en España, el gobierno de Peña Nieto armó toda una maquinaria diplomática y legal para apoyarlo durante los ocho días que estuvo detenido en Madrid. Moreira fue absuelto de los cargos en su contra por la justicia española tras acreditar la procedencia de 200 mil euros. Actualmente, Humberto Moreira es aspirante a diputado plurinominal por el Partido Joven en Coahuila, del cual es fundador.
REYNOSO FEMAT, AMPARADO Y LIBRE
Luis Armando Reynoso Femat, ex mandatario de Aguascalientes (2004-2010), fue sentenciado a seis años y nueve meses de prisión por peculado y uso indebido del servicio público, al desviar 13.8 millones de pesos cuando fue gobernador, pero gracias a un amparo enfrenta su proceso en libertad. Abandonó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes en julio de 2015 tras el pago millonario de una garantía. El Juzgado Segundo de lo Penal dictó la pena de referencia luego de que en 2008 el Instituto de Salud del Estado compró un tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos, el cual nunca se encontró en hospitales públicos del estado. Reynoso Femat obtuvo el recurso que lo mantiene en libertad al pagar 12 millones de pesos y ahora sólo deberá cubrir la diferencia de los 13 millones 800 mil pesos. El ex mandatario panista ha estado involucrado en otros ilícitos, como el lavado de dinero con recursos del equipo de futbol Necaxa, señalado en 2013; la venta ilegal de terrenos propiedad del extinto Instituto de Vivienda con valor de 26 millones de pesos, acusado en 2014; y malversación de fondos públicos, uso indebido del servicio público y defraudación fiscal, acusado en 2015.
DUARTE JÁQUEZ, PRÓFUGO
César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua (2010-2016), es prófugo de la justicia desde el 29 de marzo pasado, acusado de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal. Versiones periodísticas lo ubican viviendo en Texas, sin ser molestado por las autoridades estadounidenses. Después de que un juez de Control del Distrito Judicial Morelos solicitó la captura de Duarte Jáquez, la Interpol emitió una ficha roja para buscarlo en los 190 países del mundo en los que ese organismo tiene acuerdos. Según el gobierno de Javier Corral, al menos cinco modus operandi ejecutó César Duarte para desviar recursos públicos en detrimento de la entidad, cuya deuda supera los 42 mil millones de pesos: adjudicaciones directas (60 por ciento del dinero destinado para obra pública se gastó en este mecanismo, sin licitaciones); “empresas fantasma” (más de 500 millones de pesos se pagaron por la vía de servicios a empresas inexistentes); venta de bienes públicos (a precios mucho menores que los reales); diezmos para el PRI (se descontaba un porcentaje de 5% a 10% de su sueldo a empleados estatales, con el fin de entregarlo a la dirigencia del PRI chihuahuense); y aviadores (más de 500 personas cobraban un sueldo en el gobierno estatal sin realizar alguna labor).
En septiembre de 2014, el abogado y activista Jaime García denunció penalmente a Duarte Jáquez ante la PGR por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades, por un contrato de fideicomiso en Banorte, número 744773, constituido por el gobernador y su esposa. Presuntamente el contrato está fondeado con recursos ilícitos, y sirvió como contrato de compra de acciones de lo que sería el Banco Progreso Chihuahua. En la denuncia se hace constar una serie de 340 depósitos millonarios de recursos del gobierno estatal para hacer parecer a la unión de crédito progreso como banco por el volumen de las transacciones realizadas.
HERNÁNDEZ FLORES, PRÓFUGO EN EU
Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas (2005-2010), es buscado por la DEA desde el 18 de junio de 2015 por sus ligas con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Fue presidente municipal de Ciudad Victoria de 2001 a 2004, y diputado federal en el 2000, así como coordinador del Comité de Financiamiento del candidato a gobernador, Tomás Yarrington. En 2015, el Departamento de Justicia de EU informó buscaban a Hernández Flores y a su cuñado, Oscar Manuel Gómez Guerra, acusados por lavar 30 millones de dólares, e incluso confiscar cuatro de sus propiedades, tres de las cuales se ubican en la ciudad texana de McAllen, y están valuadas en más de 2 millones de dólares.
En ese año el ex gobernador de Tamaulipas encontró refugio en Quintana Roo, en Cancún, ciudad en la que adquirió lujosas propiedades, habitando una de ellas ubicada en Puerto Cancún. Incluso inscribió a sus hijos en el Colegio Alexander y fueron muy concurridas sus reuniones con miembros de su gabinete que decidieron acompañarle en esta especie de exilio en el cual pretendía hacer nuevas y convenientes amistades. A pesar de las denuncias en su contra y de tener que salir huyendo de tierras quintanarroenses, apenas el fin de semana pasado, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró no tener conocimiento de que Hernández Flores tenga una orden de aprehensión.
Hace unos días, fue imputado por segunda ocasión en Estados Unidos por fiscales federales, ahora por “múltiples cargos” de lavado de dinero y fraude bancario. Según las acusaciones, Hernández usó una red de individuos para canalizar los fondos sustraídos y sobornos del citado cártel, así como de Los Zetas. “Varios individuos vinculados a las altas esferas de la sociedad política han sido procesados o se declararon culpables de varios cargos de lavado de dinero que se derivan de la administración de Hernández”, según el portal texano de ultraderecha, Breitbart, de acuerdo con el cual bajo su mandato Los Zetas y el Cártel del Golfo fueron “intocables”, mientras que varios funcionarios de su gobierno recibieron “jugosos” sobornos. Existen varios nombres que permanecen bajo resguardo.
Agentes federales de EU detuvieron en marzo pasado en el aeropuerto de Los Ángeles a Mónica Andrea Roca Pérez, presunta socia de la esposa del ex gobernador de Tamaulipas, Adriana González Lozano de Hernández. La mujer fue trasladada a Corpus Christi, Texas, para comparecer ante un Juez de la Corte del Distrito Sur, acusada de “lavar dinero”. Roca Pérez fue secretaria de la ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tamaulipas.
SIGUE LA JOYA DEL CARIBE MEXICANO
Si ya pasó en Nuevo León y está a punto de verse en Veracruz, ¿qué puede pasar en Quintana Roo? Por lo pronto, los señalamientos sobre diversos supuestos de ilícitos cometidos por funcionarios del ex gobernador Roberto Borge, funcionarios, amigos, protegidos y familiares, son puestos, exhibidos a la luz en cuanto se hacen presentes problemas a los cuales no se les da solución o cuando aprieta y mucho el renglón seguridad al multiplicarse asaltos, homicidios, ejecuciones y se llega al grado de ver agresiones en los edificios públicos, en la propia Fiscalía, independientemente de seguirse un patrón conocido en Colombia y con el cual se demostró a nivel mundial el grado de complicidad existente entre los cárteles tanto de ese país como del nuestro con las máximas autoridades, tanto en el orden policiaco como en el político.
Un par de meses antes de finalizar las campañas, un grupo fue detenido en el Aeropuerto Internacional en posesión de 40 millones de pesos que serían trasladados a la capital de la República. Un misterio total resultó tanto el destino del dinero como el de los portadores. Un mes después hubo otra detención similar en la carretera Playa del Carmen Cancún, la moneda eran dólares y también quedó en total secrecía. El lunes aprendieron a una pareja con 6.5 millones de pesos también en el aeropuerto y de nueva cuenta nada se sabe. ¿Es dinero captado por la mafia? ¿Fueron los primeros para respaldar campañas del momento? ¿Quién o quiénes eran los destinatarios? No hay autoridad alguna, ni procurador ni fiscal que rindan cuentas sobre estos hechos.
Como tampoco se han decidido por retirar de sus puestos de trabajo en la Fiscalía a los denunciados por tortura y enlistados debidamente por organizaciones internacionales en protesta por haber llevado a cabo violaciones a los derechos humanos, independientemente de haber causado lesiones que duran toda la vida. Decíamos en estas mismas líneas hace algunos días se vislumbraba una especie de tregua entre los cárteles que dicen las autoridades se están disputando las plazas tanto de Cancún, como de Playa –aunque parecería borran del mapa Puerto Morelos en donde también hacen su agosto en esos hoteles a los cuales ninguna autoridad tiene acceso- a fin de no dañar la imagen de un mercado que les resulta atractivo y generador de millonarias ganancias. Así que, suspendieron feos homicidios y ejecuciones pero no dejaron vivos a los bancos y comercios.
Inexistente resulta la vigilancia municipal, la preventiva, no se presentaron los uniformados a cargo del muy verde Remberto Estrada. Y la razón existe: los patrulleros tienen una cuota a entregar a sus superiores de cinco mil pesos y, de no entregarla, los bajan de la unidad y los ponen al rayo del sol. La corrupción en esta autoridad esta hoy más presente y fuerte que nunca, respaldada a más no poder por el alcalde quien se muestra satisfecho con la gran escolta que lo acompaña al igual que a su familia, amigos y colaboradores del primer círculo. Es de fácil deducción los uniformados tienen dos caminos: o se dedican, como lo hacen en la Luis Donaldo Colosio, permanentemente a extorsionar a los conductores por supuestos excesos de velocidad o protegen a los delincuentes a quienes, a su vez, también los presionan para entregar parte de las ganancias obtenidas en los asaltos. El Torito y las grúas son los heredados, así como las entregas de los ambulantes o la protección a vendedores de productos piratas.
Es importante para cierto sector se advierta va aceptándose por parte de las calificadoras un buen manejo presupuestal, tengan un fin adecuado los recursos de la entidad y se responda a los adeudos del gobierno. Sin embargo, nada hay de extraordinario cuando se trata de una responsabilidad a cumplir y que ayuda al manejo gubernamental el cual no tiene repercusión ni en los salarios, ni en los ingresos de los empresarios, ni en las actividades ligadas a los sectores productivos. Es meramente burocrático porque tampoco tiene reflejo en una adecuada prestación de servicios públicos, en los renglones más sensibles como son la educación, la salud y la vivienda. Esos siguen siendo temas de discursos y nada más.
La falta de atención a estos rubros se suple con permanentes notas en primera plana sobre las mismas denuncias presentadas con anterioridad en contra de los mandatarios del pasado, dejando libre de todo señalamiento a quien, lo veremos en corto tiempo, también lucro y mucho con la venta de tierras, con la concesión del Centro de Convenciones, formando inmobiliarias, negocio iniciado por cierto nombrando como directora a quien hoy ocupa la presidencia municipal de Solidaridad. Terrenos denunciados en el presente como vendidos por Roberto Borge fueron adquiridos en el mandato de Joaquín Hendricks y titulados diez años después. Ahora bien, una vez conocidos los nuevos valores catastrales dados a terrenos y viviendas, los cuales registran aumentos hasta de un 300 por ciento, habría que preguntar con cuáles bases catastrales valuaron las tierras sobre las cuales han presentado denuncias por remate, ¿las que regían en el momento de su venta o las autorizadas por los ocupantes de las curules y las alcaldías de hoy?
Excelente se den a la tarea de revisar de nueva cuenta los manejos de los Ayuntamientos pasados aún y cuando éstos ya hubiesen sido aprobados si las intenciones son dejar atrás corrupción e impunidad. Aunque lo visto gira nuevamente en torno a las venganzas y a mantener oculta la incapacidad para hacer frente a las promesas de campaña y llevar a cabo buenos gobiernos. Hasta la fecha ninguno tiene páginas en las cuales puedan consultarse, paso a paso, ingresos y egresos, ni estatales ni municipales. Ni siquiera pueden los ediles de dos años presumir de su distintivo Pueblos Mágicos a no ser estén dispuestos a enfrentar: llegue hoy y en breve desaparecerán sus bienes, perderá la vida o pagará rescate. Esa es la magia.
Como pude verse, en Quintana Roo, antes de cualquier movimiento en contra de Roberto Borge, va sembrándose un camino en donde el mandatario actual, Carlos Joaquín, está resultando responsable y víctima de un mal gobierno, de uno que apenas comienza, en el cual tiene tiempo para enderezarlo todo. Inclusive para impedir se siga utilizando a quienes a la postre y una vez aumentadas sus exigencias se les considera en un bando contrario. El ejemplo: Carlos Mimenza. Con tal de hacerlo aparecer un hampón ya le detuvieron a un colaborador en el aeropuerto por traer consigo 25 mil dólares. A quienes portan las utilidades de las mafias se les deja ir semana tras semana. Comprobó la legalidad del dinero y se resolvió ese tema. Pero salió el de un artesano a quien en principio hasta le dio un adelanto de 50 mil pesos y ahora lo usan de denunciante por un pago pendiente por la realización de un trabajo del cual, hasta hoy no se dice si se recibió a satisfacción.
En fin, se entretiene a los responsables de aplicar la ley en estos menesteres. Se entretiene a la gente en supuestos sobre quienes presentan denuncias por acciones irregulares en la actualidad. Se hace un sepulcral silencio en torno al responsable de la Seguridad Pública Estatal, Rodolfo del Ángel. Ninguna postura se fija en relación con el medio ambiente y las medidas estatales, como tampoco sobre los delfinarios. Dejar hacer, dejar pasar, es otro de los renglones en donde la omisión se convierte en delito.
COLOFÓN
El espectro de impunidad en México es espeluznante y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es prácticamente inoperante. Ni siquiera cuenta con un fiscal especializado anticorrupción. Las redes de corrupción son extensas y profundas, dedicadas al desvío de recursos públicos y al enriquecimiento personal y familiar. Una parte del poder político del país está vinculada con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico. Los casos de corrupción denunciados por la prensa suman más de 70 en lo que va de este siglo y apenas una mínima parte, 16, fueron investigados y otra muy pequeña procesados y encontrados culpables, apenas 5 hasta el momento. Los gobernadores corruptos apuestan a la impunidad y a que su sucesor los cubra de ahí la importancia de ganar elecciones, “cueste lo que cueste”. En la generalidad, no hay castigos y menos la posibilidad de que el erario rescate los recursos robados.
DE LOS PASILLOS
El gobierno de Guatemala ofreció agilizar la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mientras evalúa aplicar la Ley de Extinción de Dominio a favor del Estado Mexicano, si se comprueba que el ex mandatario mexicano adquirió propiedades en ese país. El canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales, manifestó la disposición de su gobierno para agilizar el proceso y concretar los tiempos y términos de la ley para la extradición del detenido… Duarte comparecerá este miércoles ante un juzgado guatemalteco, donde se le informará el motivo de su detención provisional con fines de extradición….
César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que el dictamen de la iniciativa de ley de seguridad interior, la cual pretende legalizar la participación del Ejército y la Marina en operativos de seguridad pública, no podrá ser aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, debido a las presiones de PAN y PRD para que antes se apruebe la minuta del Senado con la figura de mando mixto policiaco en los estados…
Habremos de estar muy pendientes del tema escogido para publicitar al Partido Verde en estos tiempos: los delfines, los delfinarios. Porque sus propuestas causan daños aunque producen muchos billetes porque tienen que ver con los negocios de la familia. Eso de los vales de medicinas vino a consolidar la fortuna de los González al ser propietarios de cadenas de farmacias autorizadas para estas entregas. Cuando se decidieron por sacar a los animales de los circos lo hicieron tan erróneamente que muchos de ellos tuvieron que ser sacrificados por carecer de lugar en donde acomodarlos. Sobre los delfines existen iguales indefiniciones y una ignorancia total en relación a los temas de protección animal. Ya lo veremos en las próximas líneas.
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