LA HABANA,- Imposible llegar a un acuerdo, la precipitación del gobierno de Juan Manuel Santos apenas le dio una «manita» al anterior que en teoría contiene el nuevo acuerdo «definitivo» con las FARC, pero este largo y árido texto es el pacto anterior, rechazado por los electores en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, con apenas unas adiciones insignificantes.

El nuevo documento conserva la estructura del anterior, Santos ha pretendido engañar a la opinión colombiana e internacional que él y la jefatura de las FARC habían dado un paso en Cuba y llegado a un nuevo acuerdo. Pero falta a la verdad, los puntos esenciales no fueron aceptados. El documento de este 14 de noviembre es, en realidad, el viejo acuerdo al que le han incrustado unos limitados remiendos que no cambian ni el carácter ni la estructura del nefasto primer acuerdo.

El segundo “acuerdo” sigue descansando sobre una base inaceptable: el principio de la impunidad para los jefes de las Farc, autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esas violencias, cometidas a lo largo de 50 o más años de actividad narco-subversiva, pretenden quedar sin castigo. Las críticas de las mayorías nacionales a esa monstruosa impunidad es lo que Álvaro Leyva Duran, un agente de influencia de las fuerzas extremistas, llama “necedades”.

Ningún cambio fundamental ha sido, pues, aportado. No hay nada que permita decir que el “gran acuerdo nacional” que propuso a Santos el uribismo y otros dirigentes patrocinadores del NO, como solución a la positiva situación creada por el plebiscito, haya sido alcanzado gracias al nuevo texto.

El principal negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dio a entender que habían sido conservadas las disposiciones que permiten a los autores de delitos atroces evitar la cárcel. “Las características y mecanismos de restricción de la libertad se especificaron de manera concreta”, admitió.

La participación política de las FARC también se mantiene sin cambios. Los guerrilleros podrían elegir y ser elegidos en toda suerte de elecciones en Colombia. Incluso les mantienen las cinco curules en el Senado y las cinco curules en la Cámara de Representantes que el acuerdo rechazado traía. El nuevo texto dice que “se garantizará un mínimo de 5 curules” en cada cámara. Para ocultar que esos “elegidos” llegarían allí por vías irregulares, agregaron una frase: “incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias”. ¿Pero cuáles son esas “reglas ordinarias”?

A eso se suma otro detalle: las FARC podrán tener, tan pronto firmen el acuerdo, tres “observadores” en el Senado y tres en la Cámara de Representantes. Esos individuos podrán participar en todos los debates de los proyectos “de reforma constitucional o legal”, aunque no tendrán voto. La cuestión de la entrega de las armas sigue en el limbo.

La llamada “jurisdicción especial para la paz” y su “unidad especial de investigación” seguirán teniendo poderes represivos excesivos que vulneran los derechos de defensa y otras garantías constitucionales.

El capítulo sobre la “reforma rural integral” soslaya la inversión privada (palabra que no aparece en ninguna parte). Como en la versión anterior, ese capítulo le permitiría a las FARC apoderarse de inmensos territorios agrícolas y rurales por la vía del activismo y movilización de grupos aleatorios y bajo control de éstas. El acuerdo prevé tales acciones bajo la excusa de la “participación comunitaria” destinada a instaurar mecanismos de control social y territorial, durante la llamada fase de post conflicto.

El texto completo merece una relectura cuidadosa. Por lo pronto, hay que registrar otra concesión irrisoria: las FARC se comprometen a realizar “un inventario de sus bienes y activos” en el contexto de la “compensación a las víctimas”. Pero realizar un inventario es una cosa y otra es repartir todos los bienes de ese inventario entre las víctimas. Y eso no está claro en el “nuevo” texto.

El jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, admitió, por su parte, que el nuevo pacto “conserva la estructura y el espíritu” del anterior y amenazó al decir que ese nuevo acuerdo “debe aplicarse si quieren que la paz se mantenga en el país”.

La aplicación del nuevo convenio cubano es imposible por ahora. La firma de las Farc y de Santos no convierte ese texto en ley irrefutable. Los colombianos deben tener acceso real al documento de 310 páginas, tener el tiempo para estudiarlo y debatirlo serenamente. Deben pronunciarse sobre eso mediante el voto popular.

Hasta que el veredicto ciudadano no exista, el “nuevo acuerdo” no es más que un borrador sin valor político y sin valor legal. Empero, Santos da a entender que no programará un nuevo plebiscito y que prefiere que el Congreso en “un acto” le apruebe su nuevo plan.

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