SANTIAGO.- La presidenta chilena Michelle Bachelet presentó una querella en los Tribunales de Justicia contra la revista Qué Pasa, la cual divulgó una intercepción telefónica a un operador político donde la involucró en el llamado Caso Caval.
El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo a periodistas que los abogados de la jefa de Estado presentaron una querella criminal por injurias y calumnias contra la publicación del Grupo Copesa. La acción judicial de la mandataria -señaló- “fue interpuesta en su condición de ciudadana, de persona natural, a través de su abogado personal, Juan Pablo Hermosilla». La edición digital de la revista Qué Pasa divulgó el pasado jueves una supuesta escucha telefónica practicada por la militarizada policía de Carabineros al gestor inmobiliario Juan Díaz, donde se refiere a la jefa de Estado chilena como eventual beneficiaria del negocio de Caval en la comuna de Machalí. Según la publicación, que aclaró que la veracidad de las escuchas “no está comprobada” y que las declaraciones “son de exclusiva responsabilidad de Díaz”, se trata de un documento de 140 páginas con la transcripción de conversaciones telefónicas realizadas desde el teléfono móvil del sujeto entre mayo y agosto de 2015.
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Díaz, según la revista, le dijo a otra persona por teléfono que la nuera de la mandataria, Natalia Compagnon, quería entregarle mil millones de pesos (cerca de un millón 400 mil dólares) del negocio que tenía Caval en el sur de Chile a la presidenta Bachelet. El sujeto, que está ligado a la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), fue sometido a juicio en el Caso Caval por soborno, ventajas indebidas del síndico de quiebras y delitos tributarios. La revista Qué Pasa comentó, por su parte, que la querella “intenta coartar la libertad de expresión. El hecho que la querella sea presentada por la presidenta en calidad de ciudadana no disminuye esta presión, ya que ambas calidades son inseparables”. Precisó que en la publicación “sólo se reprodujeron los dichos de una persona imputada en el denominado Caso Caval, que fueron obtenidas en una intervención telefónica autorizada por el juez de la causa. Estos antecedentes no estaban amparados por ninguna clase de secreto, eran de acceso público para los intervinientes en la causa, y fueron obtenidas legítimamente por los periodistas”.
“La publicación en la revista de parte de la carpeta investigativa de la fiscalía en caso alguno constituye una falta, ni legal ni ética. Más aún, parte del contenido era de público conocimiento, ya que había aparecido en diversos medios de comunicación”, resaltó. Anunció que recurrirá a “todas las instancias, nacionales e internacionales, tanto jurisdiccionales como gremiales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merece reaccionar con la mayor fuerza”.
Notimex/JRGA