GUATEMALA.- El hijo y el hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien asumió en enero del 2016, fueron detenidos hoy por un caso de corrupción, informaron fuentes oficiales. La fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ex fiscal colombiano Iván Velásquez, y funcionarios del Ministerio de Gobernación, detallaron en rueda de prensa de tres arrestos realizados este miércoles.
Samuel Everardo Morales, “Sammy”, hermano y asesor principal del mandatario, fue detenido en su residencia del municipio de Mixco, vecino de la capital guatemalteca. El hijo del gobernante, José Manuel Morales, de 22 años, se presentó de manera voluntaria ante el juez que lleva el caso, debido a que no fue detenido por la inmunidad de la Casa Presidencial y de los familiares directos del presidente de la República. Aldana, también jefa del Ministerio Público, indicó que las acciones de los tres detenidos “comprometieron seriamente” el presupuesto del Registro General de la Propiedad (RGP). De acuerdo con las investigaciones, los dos familiares del presidente Morales, y el otro detenido, Mario Orellana López, quien era ejecutivo de un restaurante capitalino, habrían incurrido en un fraude contra el Estado.
Los implicados son acusados de beneficiarse con un pago de 90 mil quetzales (12 mil dólares) de un contrato por un desayuno de trabajo del RGP para 564 personas que “nunca se realizó” y se comprobó con facturas y documentación falsa, atribuida a Orellana López, entonces suegro del hijo del presidente, dijo Aldana. Otro hecho fraudulento del que acusa el Ministerio Público a los detenidos se refiere a la supuesta compra de canastas navideñas, que se pagó con un cheque y se comprobó que la transacción fue falsa pero se cobró al Estado un monto de casi 90 mil quetzales. Las transacciones irregulares en que se implica a los tres allegados a la ahora familia presidencial se realizaron en los últimos meses del 2013 y salieron a la luz a raíz de una investigación por corrupción en el RGP. Por este caso están detenidos 23 personas, incluida la entonces titular de la dependencia, la ex diputada Anabella de León, quien encabezó uno más de los escándalos de corrupción del gobierno anterior (2012-2015).
El presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, titulares del gobierno anterior, permanecen en prisión preventiva desde el 2015 acusados de una serie de casos de corrupción que causaron millonarias pérdidas a las finanzas del Estado. El titular de la CICIG, dependencia de las Naciones Unidas que colabora con el Ministerio Público en el combate al crimen organizado, en especial el que se ejerce desde instituciones del Estado, dijo que el caso es ejemplo “de contrataciones amañadas”. Velásquez explicó que las contrataciones amañadas y la concertación para la adjudicación de contratos pagados por el Estado son prácticas comunes que afectan el patrimonio de las instituciones del Ejecutivo. “Estas prácticas corruptas permiten la sustracción del dinero del Estado”, y aunque “no beneficien económicamente a los funcionarios favorecen a particulares que se presentan a estas actividades corruptas”, enfatizó.
Según la investigación, por tres eventos irregulares del RGP en que están involucrados los 23 detenidos, incluidos los dos familiares presidenciales, se pagaron 269 mil 963 quetzales (36 mil dólares), sustentados con facturas y documentos falsos. El Ministerio Público acusa a los detenidos de fraude y lavado de dinero y otros activos al utilizar al sistema bancario nacional en los hechos fraudulentos en contra del patrimonio del Estado. El hermano del presidente Morales, conocido por su trayectoria de comediante como Sammy, en breves declaraciones de prensa negó las acusaciones y dijo que se someterá a la justicia “para que decida lo que corresponda”.
Notimex/JRGA