BOGOTÁ.- Las garantías de seguridad contenidas en el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para la implementación del pacto final que se podría suscribir en dos meses. Las garantías de seguridad fueron fijadas en el Acuerdo General, en el punto tres “Fin del Conflicto” y en el punto dos “Participación Política”, que han firmado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El conjunto de medidas de seguridad buscan crear y hacer sostenibles condiciones de seguridad que den plena oportunidad de participar en política, especialmente a los ex integrantes de las FARC en proceso de reintegración a la vida civil. Además brindarán protección y seguridad “a todos los habitantes del territorio nacional, nuevas garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos y medidas de protección a las colectividades en los territorios”. Las medidas de seguridad generan condiciones que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera, en lo que será el post-conflicto, que entra en vigencia una vez las partes firmen el Acuerdo Final. El futuro de Colombia en paz, “es romper para siempre la posibilidad del vínculo entre política y armas y cerrar el camino a los delincuentes. Las garantías de seguridad contemplan además medidas para contribuir al esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo”, explicó el gobierno de Santos.
El acuerdo de garantías de seguridad “busca salvaguardar el monopolio del Estado en el uso de la fuerza, las armas y la hacienda pública, lo que significa que nadie podrá cobrar impuestos o similares distinto al Estado Colombiano”. El convenio buscar fortalecer también “la justicia, proteger y promover el respeto por los derechos humanos y ampliar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y generar garantías de no repetición”. Las garantías de seguridad son para todos los habitantes y las comunidades en el territorio colombiano, y “para todos los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos”. Según el gobierno colombiano, las garantías de seguridad “son medidas que asume el Estado para garantizar la participación en política y el fin del conflicto”. Estas medidas están dirigidas a implementar “un sistema integral de seguridad y protección a personas y garantizar la lucha contra todas las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que amenacen la implementación de los acuerdos”.
El acuerdo contempla medidas en cuatro ámbitos: político, judicial, de seguridad y para promover la transparencia institucional. Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo son: Pacto político nacional, una comisión nacional de garantías de seguridad y una unidad judicial especial. Además un cuerpo élite de la Policía Nacional, sistema integral de seguridad para el Ejercicio de la Política, programa Integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. También prevé un instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales, mecanismo nacional de supervisión e inspección territorial a los servicios de vigilancia y seguridad privada y medidas de prevención y lucha contra la corrupción. El gobierno colombiano implementará un programa, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección e instituciones del Estado, de protección integral para proteger a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC, a la vida civil. Asimismo se creará un “Cuerpo de Seguridad y Protección, que en su conformación será de naturaleza mixta: Policía Nacional, personal adscrito a la UNP y antiguos miembros de las FARC para seguridad de sus ex integrantes, de acuerdo a su nivel de riesgo”.
NOTIMEX/JRGA