BOLIVIA.- Evo Morales ha promulgado una nueva ley que casi duplica la extensión de las plantaciones legales y garantiza «coca de por vida» a los bolivianos y afirma que «la hoja sagrada se ha impuesto a EEUU». Rubrica la nueva ley de la coca, una norma que pone en duda el compromiso del país en la lucha antidroga y amenaza con tensar sus relaciones con la comunidad internacional.

Para el mandatario boliviano, la promulgación de esta ley es un triunfo frente a aquellos que pretenden acabar con “un arbusto reconocido como patrimonio cultural” en el país, entre ellos Estados Unidos, que recientemente puso a Bolivia como ejemplo de fracaso en el cumplimiento de los objetivos internacionales en la lucha contra la droga.

«Llegó la hora de enterrar la Ley 1008, que busca enterrar la hoja de coca en Bolivia. Es un día histórico», afirmó Morales en el acto realizado en el Palacio de Gobierno al que han acudido productores de la hoja de la región del Chapare y de Yungas, según ha recogido el diario boliviano La Razón.

Para el expresidente Jorge Quiroga, en cambio, esta nueva norma -a la que se ha referido incluso como ‘narco ley’-, alentará el uso ilícito de la hoja de coca y fomentará el narcotráfico. Otros legisladores han llegado incluso a afirmar que la ley podría hacer que Bolivia sea visto como un «narcoestado».

En Bolivia, el tercer productor mundial de cocaína según la ONU, la planta de la coca es patrimonio cultural y “factor de cohesión social”. Según la Constitución boliviana, vigente desde 2009, la coca no puede ser considera un estupefaciente en su estado natural. Y pese a que la producción y comercialización está regulada, parte de la producción acaba transformada en cocaína.

La nueva Ley General de la Hoja de la Coca modifica la legislación que ha estado vigente durante 29 años y amplía de 12.000 a 22.000 hectáreas la extensión de las plantaciones legales en el país. Los tradicionales cocales de Yungas, en el departamento de La Paz, son los que nutren la comercialización para el masticado de hoja y otros usos lícitos, pero se cree que gran parte de la producción del Chapare es desviada para narcotráfico.

Con estos datos, la conclusión que extraen los expertos, y que incluso ha sido reconocida por las autoridades, es que los narcotraficantes se benefician de las plantaciones del Chapare, aunque nada garantiza que toda la producción que pasa por los mercados legales tenga como destino el uso lícito.

«Si antes de esta ley la mayor parte de la hoja de coca del Chapare estaba destinada a la producción ilícita de la cocaína, con este aumento de 10.000 hectáreas más queda claro que se va aumentar la cantidad que vaya desviada a esa actividad», dijo a EFE el analista y abogado Carlos Alarcón, crítico con el gobierno de Morales.

Para los cocaleros, sobre todo del Chapare, esta nueva norma pone fin a un largo proceso que comenzó con su resistencia en los años ’80 y ’90 a los planes de erradicación de la planta que, según Morales, fueron impuestos desde EEUU.

Por otra parte, el abogado Carlos Alarcón considera que la nueva normativa viola la convención antidroga de las Naciones Unidas de 1961, a la que Bolivia pidió volver a adherirse en 2013 después de que el organismo reconociera el ‘acullucu’ como práctica cultural. Según la convención, la coca es un estupefaciente y se prohíbe su exportación o la de sus derivados si contienen alcaloides. El abogado cree que la norma puede ser interpretada como “una mala señal” por la comunidad internacional, que financia parte de la política antidroga de Bolivia. Por otra parte, la reducción de las plantaciones ilegales es uno de los ejes de la lucha antidroga y un incentivo a cultivar productos alternativos, algo que se ha financiado con recursos de la Unión Europea.

El estudio al que hace referencia el informe es el que realizaron estadistas bolivianos con fondos de la UE en el que se concluyó que para cubrir la demanda legal (hogares, establecimientos y comercio fronterizo), se necesitan 14.704 hectáreas, una cifra mucho menor a la extensión de los campos legales de la nueva ley.

Un argumento recurrente de Morales es que EEUU utiliza la lucha contra el narcotráfico con fines geopolíticos y ha asegurado en varias ocasiones que los planes antidrogas en su país funcionan mejor desde que decidió expulsar en 2008 a la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por su sigla en inglés).

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