WASHINGTON,-  Dejó de convertirse en problema social o de Derecho Humanos, la violencia de género en América Latina se ha convertido en un factor económico y en algunas regiones es considerable, el costo fluctúa entre el 1 y 4% del PIB. Aunque las estimaciones sean provisionales dice Andrew Morrison director del Área de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El principal problema radica en la pobreza, «hay pocos estudios sobre violencia de género en América Latina», explica este economista, que pone como ejemplo un estudio realizado hace dos años por el Banco Mundial y la Universidad George Washington que «halló solo 52 análisis sólidos al respecto de la violencia de género. Y, de ellos, solo uno era en Latinoamérica, en el Perú».

La escasez de análisis acerca de la violencia de género en Latinoamérica es llamativa. No solo es que en esa región se produjera el incidente que causó que el 25 de noviembre sea el Día Mundial contra la Violencia de Género – el asesinato de las hermanas Mirabal, en 1960 -, sino, también, que «14 de los 25 países con tasas de feminicido más altas están en América Latina y el Caribe», como explica Morrison.

Argentina, por ejemplo, ocupa el quinto puesto en esa siniestra clasificación, que ha sido realizada por el Small Arms Survey, una organización independiente con sede en Suiza, con una metodología diseñada para compensar la falta de datos en algunos países.

Morrison no oculta la seriedad de la situación: «Estamos hablando de una violencia escalofriante. Más del 50% de las bolivianas y más del 35% de las peruanas han sufrido en algún momento de su vida violencia por parte de sus parejas». Los índices de violencia física a manos de las parejas más altos son en la región andina, seguida por América Central y el Caribe. Pero la violencia de género es muy difícil de cuantificar. Requiere grupos de control, «que solo dan una aproximación», explica Morrison.

«Sabemos qué es lo que hace que una mujer sea más proclive a sufrir violencia a manos de su pareja: los niveles de educación, las diferencias de edad dentro de la pareja, o el abuso del alcohol, aunque en este último punto hay un debate acerca de si es determinante o detonante», explica Morrison. Muchos de estos factores están vinculados a patrones culturales. Y ahí los Gobiernos lo tienen más difícil para actuar.

«Las grandes campañas no son efectivas», explica Morrison. También hay sorpresas: la pobreza, por ejemplo, no es un factor clave.

Así que ¿qué pueden hacer los países y las instituciones multilaterales contra un problema que es en parte cultural y contra el que, por tanto, no hay muchas políticas que den resultados concretos y en el corto plazo? El BID trabaja con los países de la región a diferentes niveles, desde el punto de vista de la violencia de género como un problema de seguridad o de educación. Pero, de nuevo, todas esas acciones son a largo plazo.

Morrison cree que hay una acción inmediata que ha demostrado su eficacia: la unificación de los centros de atención. Es algo que no solo hace falta en el mundo en desarrollo. De hecho, uno de los mayores problemas para combatir las agresiones sexuales en EEUU es la descoordinación entre los aspectos legales. Los hospitales no pasan los datos a la policía, y las violaciones no son perseguidas. Es un problema tan serio que el propio vicepresidente Joe Biden ha llegado al extremo de hacer un ‘cameo’ en la serie ‘Ley y Orden’ para llamar la atención al respecto.

Pero no es solo una cuestión administrativa. Esta problemática en la atención genera lo que Morrison y otros expertos llaman «victimización secundaria», que hace que «la mujer tenga que ir al hospital, a la policía, a la fiscalía, y repetir el relato de la agresión una y otra vez, y revivir así en todo detalle la experiencia de maltrato».

En América Latina existen algunos modelos de centros integrales, en los que se ofrecen servicios de policía, de fiscalía, de salud mental, a mujeres que han sufrido malos tratos, y que además les ayuda a buscar opciones económicas para independizarse económicamente, un factor clave para que se reduzca el riesgo de violencia de género. Es decir, una combinación de actuación a corto y a largo plazo. Un ejemplo de esta línea de actuación es el centro Ciudad Mujer en El Salvador, financiado por el BID.

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