BUENOS AIRES,-  Argentina es conocida por la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983 y ahora los organismos humanitarios pasan de la desconfianza a la tensión con el presidente Mauricio Macri quien revive el debate social sobre los crimenes de dicha época.

Cuando Macri asumió la Presidencia argentina, en diciembre pasado, los organismos defensores de los derechos humanos temían que se echaran abajo las políticas que permitieron que durante la última década fueran condenados más de 600 represores de la dictadura.

Los juicios de lesa humanidad, llamados así porque juzgan delitos que no prescriben como tortura, secuestro, desaparición y robo de niños, convirtieron a Argentina en un ejemplo en políticas de derechos humanos a nivel mundial.

Desde la campaña, Macri trató de alejar los temores de los organismos y garantizó la continuidad de los juicios, pero el mes pasado, en una entrevista con Notimex, afirmó que esa tarea le corresponde únicamente al Poder Judicial.

De esta manera, el presidente se desligó de los históricos procesos que, por ser parte de una política de Estado, deben ser impulsados también por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Las polémicas entre los organismos y Macri comenzaron en las primeras semanas de su gobierno, cuando el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió a grupos que defienden la dictadura y a los represores, y los consideran como presos políticos.

Luego, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, denunció que Macri no había querido recibir a un grupo de organizaciones humanitarias con el pretexto de que no tenía tiempo.

Macri tuvo que reunirse con estos organismos en medio del debate que había provocado su desaire y ante la inminente visita de François Hollande, presidente de Francia, país que siempre apoyó la lucha por los derechos humanos de Argentina.

La tensión aumentó en julio pasado, cuando un grupo de represores y un militar golpista participaron en los desfiles oficiales por los festejos del Bicentenario de la Independencia sin que hubiera un repudio por parte del gobierno.

El presidente reconoció ante Notimex que no le incomodaba que estos personajes hubieran desfilado ni que los defensores de los crímenes cometidos durante la dictadura se sientan amparados en su gobierno.

Después de sus definiciones, se incrementó la estrategia judicial para lograr que los represores mayores de 70 años obtengan la prisión domiciliaria, decisión que queda a cargo de jueces y en la que se prioriza el estado de salud de los presos.

En los últimos 10 meses, el número de represores beneficiados con la prisión domiciliaria por motivos de salud aumentó de 441 a 568, en tanto que los detenidos en cárceles comunes se redujeron de 587 a 568.

Uno de los casos que provocó mayor indignación fue el permiso para que Miguel Etchecolatz, uno de los criminales más emblemáticos de la historia argentina, pudiera irse a su casa, lo que todavía no se ha concretado.

Esta semana, el distanciamiento entre el gobierno y los organismos aumentó luego que Macri retomara el discurso de los represores y calificara la etapa de la dictadura como una “guerra sucia”.

El término siempre fue cuestionado por los organismos de derechos humanos, porque apela a la “teoría de los dos demonios” que afirma que en la década 1970 peleaban dos sectores por igual: los represores y la guerrilla, lo que no es verdad.

La justicia ya dictaminó en múltiples juicios que durante la dictadura lo que hubo no fue una “guerra sucia” sino un genocidio, que los represores ejercieron terrorismo de Estado y que los crímenes son de lesa humanidad, o sea que no prescriben.

Sobre las víctimas, Macri se negó a responder si durante la dictadura hubo 30 mil desaparecidos, como denuncian los organismos de derechos humanos.

Además, calificó como “desquiciada” a Hebe de Bonafini, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo que suele ser criticada por su carácter agresivo, pero que también es reconocida por la larga lucha que comenzó hace 40 años para denunciar los crímenes de la dictadura.