Un menor de 13 años murió durante una protesta en la ciudad de Arica (norte), aumentando a 23 el número de fallecidos en medio del estallido social que golpea a Chile hace más de un mes, informó este viernes el gobierno.

«Carabineros (policía) informó el fallecimiento de un menor de 13 años en Arica, víctima de un atropello por un furgón (camioneta) en el contexto de manifestaciones», indicó un comunicado de la Subsecretaría del Interior entregado durante esta jornada.

El hecho ocurrió el jueves, cuando el menor se encontraba en una barricada de neumáticos ubicada en la ruta 5 que une Arica (unos 2.800 km al norte de Santiago) con el resto del país. El conductor –quien fue detenido- embistió la barricada y dejó «grave a un adulto» que acompañaba a la víctima, indicó la Fiscalía de Arica.

El jueves se produjeron graves disturbios en Santiago y otras ciudades como Valparaíso, Arica, Antofagasta y Concepción, que además del niño que murió, dejaron como saldo 128 heridos –entre civiles y uniformados- y 767 detenidos, según el balance del día entregado por la Subsecretaría del Interior.

Desde el 18 de octubre, cuando comenzó la crisis social en Chile, la peor en tres décadas de democracia, han muerto 23 personas, mientras que más de 2.000 resultaron heridas. El balance incluye más de 200 personas que sufrieron lesiones oculares graves producto de disparos de balines de la Policía.

Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y Amnistía Internacional, coincidieron en que las fuerzas de seguridad del estado han vulnerado los derechos humanos de manifestantes durante las protestas.

Por su parte, un equipo de cuatro personas de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que investigó por tres semanas las denuncias concluyó su trabajo este viernes, indicó un comunicado de esta repartición de ONU.

La misión entregará un informe dentro de dos a tres semanas en base a las reuniones con autoridades, representantes de organizaciones humanitarias y testimonios de 230 heridos en protestas (entre civiles y uniformados), «muchos de ellos perturbadores», agregó la nota.

El equipo fue enviado a Chile por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.