Río de Janeiro.- El plan de austeridad que congela por 20 años el gasto social en Brasil infringe los derechos humanos, acusó hoy el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston.

Instó al presidente de Brasil, Michel Temer, a abrir un debate público en vísperas de que el Senado vote la iniciativa.

“El principal e inevitable efecto de la propuesta de enmienda constitucional destinada a congelar el presupuesto para mostrar prudencia fiscal, será dañar a los pobres en las próximas décadas”, lamentó en un comunicado emitido este viernes por la ONU.

La llamada PEC-55, una enmienda constitucional propuesta por el Ejecutivo para frenar en seco el abultado déficit fiscal de Brasil, propone establecer por 20 años un techo de gasto social que limite el aumento del presupuesto de Educación y Salud al dato de inflación anual.

Ello contrasta con el gasto expansivo de los últimos 15 años, cuando Brasil sacó de la pobreza a 30 millones de personas con programas como la “Bolsa Familia”, que da una renta mínima a familias que carecen de recursos económicos para comprar alimentos.

Partidos políticos de oposición, miembros de la sociedad civil y del mundo de la cultura han criticado el plan de Temer, al considerar que la PEC-55 supone paralizar por dos décadas el gasto social en un país con enormes desigualdades y déficits en acceso a la Educación y la Sanidad.

“Una cosa es segura. Es completamente inapropiado congelar solo el gasto social y atar las manos de los futuros gobiernos por dos décadas”, señaló Alston, experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Si esta enmienda se adopta, situará a Brasil en una categoría socialmente retrógrada”, alertó.

El Gobierno de Temer asegura que la PEC-55, aprobada por la Cámara Baja y en la agenda de votación del Senado para el próximo martes, es la única medida posible para revertir el déficit fiscal de Brasil y volver al crecimiento económico, tras casi tres años de recesión.

Sin embargo, el relator de la ONU dijo que se trata de “una medida radical que carece de cualquier matiz y compasión”.

“Afectará a los brasileños más pobres y a los más vulnerables, aumentará los niveles de desigualdad en una sociedad ya muy desigual, y definitivamente señala que los derechos sociales son una prioridad muy pequeña en Brasil durante los próximos 20 años”, destacó.

Temer, que llegó al poder en Brasil sin el aval de las urnas, prometió subsanar las cuentas públicas y “devolver al país a los raíles” del crecimiento, aunque en su primer semestre la recesión continuó en la mayor economía de América Latina.

Además de la PEC-55, que podría provocar manifestaciones la próxima semana a las puertas del Parlamento en Brasilia, Temer también pretende que se apruebe una reforma sobre las pensiones.

Dicha iniciativa endurece los requisitos para la jubilación, en especial de los funcionarios y del sector privado, pero que ya dejó fuera de los recortes de beneficios a los militares, a los policías y a los bomberos.