LONDRES,- Once serán los jueces que definirán el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea, los magistrados de la Corte Suprema, nunca se habían reunido en pleno, ahora decidirán si la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa además de escuchar los argumentos a favor y contra, en enero tendrán la ocasión de emitir un dictamen.

La cobertura mediática sin precedentes sobre la polémica y la expectación es máxima, tres jueces fallaron en contra de los intereses del gobierno de Theresa May fueron calificados como «enemigos de la gente» por el tabloide Daily Mail. Por su parte el partido  eurófobo UKIP ha acusado a los demandantes que han puesto en jaque al Ejecutivo conservador de pretender bloquear la voluntad popular.

Gina Miller, la cabeza más visible de la demanda, ha recibido amenazas de muerte.

Pero no sólo el Tribunal Superior ha sido objeto de críticas. Los once jueces que componen la Corte Suprema que ha de decidir sobre el futuro de Reino Unido están también en el punto de mira. La posición de algunos de sus magistrados ha sido cuestionada por partidos políticos y prensa pro-brexit. El propio Nigel Farage ha llamado a los suyos a manifestarse frente a la corte para expresar su rechazo a que esta institución decida cómo debe producirse la ruptura de Reino Unido con la UE.

Los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por miembros de otros tribunales, pero la elección se basa en méritos y se entiende que el mecanismo persigue la máxima independencia. Este tribunal es la máxima instancia judicial en Reino Unido y fue creado en 2009 con la intención de sustituir a lo que se llamaba el Comité de Apelación de la Casa de los Lores -formado por doce magistrados de la cámara alta británica del mismo nombre- y en busca de una completa independencia del poder judicial con respecto al Parlamento.

De los once jueces, ocho provienen de la jurisdicción de Inglaterra y Gales, dos de Escocia y uno de Irlanda del Norte.

Lord Neuberger: Tiene 68 años y es el presidente de la Corte Suprema desde octubre de 2012. Es la segunda persona en ostentar el cargo. Estudió en la prestigiosa escuela de Westminster y más tarde estudió Química en Oxford, aunque nunca ejerció. Luego de pasar por la banca privada se adentraría en el ámbito de la judicatura.

Dice de sí mismo que fue un fracasado en el mundo de la ciencia pero aún más en el mundo financiero. Pese a recibir una educación exclusiva, se declara enemigo de la globalización y de la tecnología que pone “la riqueza en manos de unos pocos”.

Lady Hale: Es la delegada de la Corte Suprema desde 2013 y la única mujer de este tribunal. Tiene 71 años, estudió en Cambridge y dio clases en la Universidad de Manchester. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado dentro del derecho familiar y el bienestar social. Mantiene vínculos con el mundo académico y ha sido tachada por los críticos de “extremadamente progresista”, acusándola de atentar contra tradiciones tales como el matrimonio.

Lord Mance: Tiene 73 años y forma parte de este tribunal desde 2005. Estudió Derecho en Oxford y antes de dedicarse al derecho comercial trabajó para un bufete de abogados en Hamburgo. Además, ha representado a Reino Unido como juez en el Consejo de Europa durante once años. Los euroescépticos critican de él sus declaraciones a favor de la justicia europea, la presencia de su mujer como jueza invitada en el tribunal de La Haya y hasta que su hijo trabaje para el Financial Times o que el novio de su hija haga declaraciones anti-brexit en Twitter.

Lord Kerr: De 68 años, ha sido presidente del Poder Judicial en Irlanda del Norte. En noviembre, tras la decisión del Tribunal Superior, aseguró a la BBC que, aunque los miembros de la Corte Suprema tienen sus opiniones personales, «somos extremadamente conscientes de que tenemos que dejarlas a un lado para aplicar la ley».

Lord Clarke: Suma 73 años y ha pasado 27 de su carrera profesional dedicados al derecho marítimo y comercial. Es el magistrado de mayor edad y el primero señalado para formar parte del Supremo. No se le conocen vínculos con la Unión Europea o sus instituciones y en ocasiones anteriores se ha opuesto a tentativas de la Corte Suprema de alterar el Parlamento.

Lord Wilson: De 71 años, estudió en Oxford y se ha dedicado casi en exclusiva al derecho familiar. Es magistrado de la Corte Suprema desde mayo de 2011 y pese a haber defendido los beneficios que han reportado los derechos humanos europeos a la justicia británica siempre se ha opuesto las interferencias de la Justicia con el Parlamento, lo que podría beneficiar la postura defendida por el Gobierno de May que quiere libertad para las negociaciones del brexit.

Lord Reed: Tiene 60 años y es uno de los dos magistrados escoceses de la Corte Suprema. Estudió en Edimburgo y en Oxford y trabajó de manera provisional en la Corte Europea de Derechos Humanos. Los críticos han sacado a relucir sus vínculos con las instituciones de la Unión y algunas polémicas declaraciones sobre casos judiciales ajenos al brexit.

Lord Sumption: De 67, estudió Historia en Oxford y se ha especializado en aspectos comerciales, competencia europea y derecho constitucional. Magistrado del Supremo desde 2012 se le considera el magistrado más euroescéptico del tribunal. En una ocasión declaró que la Corte Europea de Derechos Humanos excede sus poderes y “menoscaba el proceso democrático”.

Lord Hughes: Tiene 68 años y ha desarrollado su carrera profesional en el Reino Unido y fue nombrado magistrado supremo en 2013. En casos anteriores ha dejado clara su oposición a la intromisión de la Corte en los asuntos del Parlamento.

Lord Hodge: De 63, es el segundo juez escocés de este tribunal. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Escocia y fue nombrado miembro de la Corte Suprema en octubre de 2013. Pese a no tener vínculos directos con instituciones europeas los críticos le achacan las declaraciones anti-brexit de su hijo, trabajador de Naciones Unidas.

Lord Carnwath: Tiene 71 años. Estudió en Cambridge y ejerció como fiscal para Carlos de Inglaterra. Ecologista comprometido, tiene fuertes vínculos con instituciones europeas como la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo y se ha inclinado a favor de la supremacía del tribunal frente al Parlamento en alguna ocasión.

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