CARACAS, Venezuela.- El saldo actualizado de 26 muertos en un mes no detiene la actitud de la Oposición venezolana que amenaza con marchar de nuevo en claro desafío al presidente Nicolás Maduro al que presiona por elecciones generales con una ola de protestas.

«No puedo tolerar la violencia, lamento la muerte de 26 personas, sean de gobierno o de oposición», dijo la fiscal general Luisa Ortega, en una declaración ante la prensa, la primera que hace desde que comenzaron las protestas el pasado 1 de abril.

Las movilizaciones que realiza la oposición han degenerado muchas veces en choques entre policías y manifestantes radicales, disturbios y hasta saqueos, que han dejado además 437 lesionados y 1.289 personas aprehendidas. La oposición ve como única solución a la grave crisis política económica del país petrolero una salida de Maduro del poder, según sus dirigentes a través de la vía electoral aunque el gobierno los acusa de impulsar un golpe de Estado.

«Vamos avanzando. No nos rindamos. Si logramos mantener esta presión, vamos a lograr el cambio. El miércoles volvemos a la calle», subrayó el diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora.

Sin revelar dónde, la oposición pretende marchar hacia la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) o al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que acusa de servir al chavismo.

Pero hasta ahora las manifestaciones hacia el centro de Caracas, bastión del chavismo y donde están los poderes públicos, han sido bloqueadas por las fuerzas de seguridad, que las dispersan con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma.

«Esto es una marcha sin retorno hasta que logremos que los venezolanos decidan cómo salir de la crisis», manifestó Julio Borges, presidente del Parlamento, único de los poderes controlado por la oposición.

Siete de cada diez venezolanos reprueba la gestión de Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, hastiados de la escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720,5% este año, la más alta del mundo.

 «El único diálogo: el voto»

Para el analista Luis Vicente León, Venezuela está frente a dos escenarios: que la presión opositora continúe creciendo y el gobierno reprima pese al repudio y sanción internacional o que llegue al máximo nivel y logre fracturar al chavismo y al sector militar, aliado clave al que Maduro dio gran poder económico y político.

Según la consultora Eurasia Group, las manifestaciones muestran que «la oposición está más unida en torno a la estrategia de calle y se muestra revigorizada» en momentos en que el apoyo de la comunidad internacional no parece retroceder.

Analistas estiman que para disminuir la presión el poder electoral podría convocar pronto a elecciones de gobernadores, que debieron haberse celebrado en diciembre de 2016 y fueron pospuestas, así como las de alcaldes, pautadas para este año.

Aunque la oposición quiere también un adelanto de las presenciales, previstas para diciembre de 2018, el gobierno las ha descartado de plano. Maduro dice estar ansioso por ir a elecciones para «derrotar» a la oposición, pero se refiere a las regionales.

«Las divisiones en el chavismo probablemente se profundizarán en los próximos meses, sobre todo de cara a las elecciones regionales y presidenciales. Las presiones de la manifestación en la calle y de la comunidad internacional tienen el potencial de ensanchar sus fisuras», agregó Eurasia.

Intentando bajar la crispación, Maduro reiteró su llamado al diálogo. La noche del lunes se reunió con el expresidente dominicano Leonel Fernández, uno de los facilitadores de la fracasada negociación que auspició el Vaticano a fines de 2016.

«El único diálogo que quiere el país es el voto», reaccionó este martes Borges, al retar al gobierno a convocar a elecciones.

«Nadie quiere una guerra civil»

Este martes, el Parlamento, único poder que controla la oposición, discutirá sobre el proceso de remoción de los magistrados del TSJ, al que acusan de haber dado un «golpe de Estado» cuando a fines de marzo decidió adjudicarse sus funciones.

La fiscal Ortega, vinculada al chavismo, sorpresivamente calificó esa sentencia como una «ruptura del orden constitucional» y aunque este martes no aceptó preguntas en una rueda de prensa ni se refirió a su declaración, condenó la violencia y llamó al diálogo.

«Requerimos volver al diálogo con interlocutores válidos para permitir una agenda que permita salidas democráticas. Nadie desea un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera», aseguró.

El gobierno socialista acusa a la «derecha extremista» de hacer «terrorismo» para dar un golpe de Estado y propiciar una intervención extranjera. Por su parte, la oposición, que exige además respeto a la autonomía del Parlamento, denuncia al gobierno por usar la represión contra una población agotada por la crisis.

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